El ministro desliza que la anomalía fetal grave sí será motivo de aborto

“La legislación contemplará esos supuestos como ha hecho siempre”, afirma

Elena Valenciano y Gaspar Llamazares, entre algunos de los participantes de la campaña de Decidir nos hace libres. / Kote Rodrigo (Efe)
Elena Valenciano y Gaspar Llamazares, entre algunos de los participantes de la campaña de Decidir nos hace libres. / Kote Rodrigo (Efe)

La supresión del supuesto de malformación fetal en la futura ley del aborto tendrá un matiz: las anomalías gravísimas del feto sí seguirán siendo causa legal para interrumpir un embarazo; las “discapacidades”, no. Eso es al menos lo que sugirió el jueves en el Senado —sin decirlo abiertamente ni especificar las diferencias entre una y otra cosa— el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. De los 118.359 abortos que se produjeron en 2011 en España, solo el 3% (unos 3.600) fueron por problemas de salud del feto; y, de estos, únicamente 356 entraban en la categoría de anomalías gravísimas e incurables. Cifras similares se daban con la ley anterior, la de 1985. No está claro a qué grado de gravedad se refería el ministro cuando hizo la distinción.

Gallardón respondía el jueves a una interpelación de la senadora socialista Mónica Almiñana en la Cámara alta. Almiñana le había recriminado particularmente la decisión de eliminar de la ley el supuesto de aborto por malformación fetal. “¿Sabe usted qué supondría el impedir abortar a las madres con fetos afectados de graves malformaciones? Todas ellas generan gran sufrimiento, tanto para el nacido como para los padres. Me atrevo a preguntarle quién es usted, ni yo, ni nadie, para obligar a convivir a miles de personas con una terrible enfermedad y sufrimiento o con la muerte prematura de unos hijos”, dijo la senadora.

En su réplica, después de alegar de nuevo que el Gobierno tiene que cumplir la convención de la ONU para la protección de los derechos de los discapacitados, Gallardón afirmó: “Yo le pido que no magnifique, que no haga caricatura, que no lleve un tema tan sensible como este a supuestos que naturalmente nada tienen que ver con aquellos a los que se refiere la convención y que naturalmente la legislación contemplará como ha contemplado siempre”. A continuación, añadió: “Pero sí le digo una cosa: un discapacitado no tiene peor derecho que una persona que no tenga una discapacidad, y si eso afecta a una persona afecta también a un concebido. Por tanto, si hay interrupción del embarazo será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda”.

Solo un 3% de las intervenciones son por riesgo fetal en España

Así, aparentemente, el ministro dejó sentadas dos cosas: que los casos de “graves malformaciones” que había expuesto la senadora sí estarán “contemplados” en la nueva ley; y que la “discapacidad” del feto no lo estará. En este último caso, si se aborta habrá que alegar “un motivo distinto” (que el ministro tampoco precisó). Justicia no quiso aclarar ayer las palabras de Gallardón.

La regulación de la malformación fetal en la actual ley del aborto es la siguiente: hasta la semana 22 está permitido interrumpir el embarazo por “riesgo de graves anomalías en el feto”; a partir de esa semana, solo si el feto sufre “anomalías incompatibles con la vida” o “enfermedad extremadamente grave e incurable”. En ningún caso se recoge el concepto “discapacidad”. Tampoco se hacía en la ley de supuestos de 1985, que hablaba de “graves taras físicas o psíquicas”.

Valenciano: “Ni con 350 escaños podrían decir a una mujer cuándo ser madre”

En estos meses de polémica, Gallardón usó primero la palabra “malformación”, después “anomalía” y después ya solo “discapacidad”. En ningún momento ha explicado con qué criterios se establecería esa distinción.

El PSOE y otros grupos van a intentar hasta el último día evitar la reforma de la ley, en el Parlamento y en la calle. Todas las semanas habrá preguntas e iniciativas, como la planteada ayer en el Congreso por la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, que espetó a Gallardón: “Aunque tuvieran los 350 escaños de la Cámara no tienen derecho a decir a las mujeres cuándo tienen que ser madres. Nosotras damos la vida, ¿cómo no vamos a defenderla?”. Y subrayó que “las regulaciones restrictivas no hacen bajar el número de abortos, sino disparar los abortos inseguros”.

El ministro respondió sin entrar en la discusión sobre el supuesto de malformación fetal y aferrándose al argumento de que la ley de 2010, según el PP, es inconstitucional (algo que el Tribunal Constitucional aún no ha dictaminado): “Señora Valenciano, tiene usted un problema con la Constitución, que por tres veces ha defendido el derecho del no nacido”, dijo. Después insistió en que, con su ley, por primera vez, el aborto no comportará “reproche penal” para la mujer.

Las movilizaciones no solo están siendo políticas. Los socialistas se han sumado a la campaña impulsada por rostros de la cultura, la política y el periodismo para intentar frenar in extremis la ley. “Yo he abortado. Fue en Londres, en 1985, pude hacerlo porque tenía medios. Otras no pudieron y usaron medios clandestinos”, relató Natalia Dicenta, una de las actrices que colaboran, en el acto de presentación de la plataforma Decidir nos hace Libres.

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