Rabat reabre las investigaciones sobre bebés robados

“Aquí siempre se cuchilleaba que esta matrona o este celador del hospital traficaron antaño con bebés, hijos de madres solteras o de mujeres paupérrimas”, recuerda al teléfono Chakib al Khayari, presidente de la asociación Rif Derechos Humanos, con sede en Nador, la ciudad marroquí colindante con Melilla.

No han sido, sin embargo, los rumores sino la trama de compra-venta de recién nacidos descubierta por la Guardia Civil de Melilla la que ha incitado a la fiscalía del tribunal de apelación de Nador a reabrir una investigación sobre el tráfico de bebés en la región que había dado por cerrada hace 28 años. “Es lógico que el ministerio público marroquí se vea presionado para seguir actuando”, afirma el activista Al Khayari.

La fiscalía publicó un comunicado, el jueves por la noche, en el que ordena a la policía judicial que reabra sus pesquisas. Toma esa decisión, explica, a consecuencia de las informaciones publicadas por la prensa española. No menciona a la Guardia Civil porque probablemente la considera una fuerza ocupante de una ciudad que reivindica Marruecos.

El instituto armado anunció el 8 de mayo que había esclarecido una trama dedicada a la compra-venta de bebés que funcionó en los años 70 y 80. Al menos “28 niños lactantes procedentes de Marruecos fueron introducidos” en Melilla y “trasladados a la península con documentación falsa, bajo la apariencia de hijos biológicos”. Estaban implicada 31 personas en la trama de las que 19 siguen en vida y están imputadas.

La fiscalía marroquí recuerda en su comunicado que hace casi tres décadas ya se investigó en el noreste de Marruecos la desaparición, entre 1978 y 1985, de once bebés. Cinco personas fueron detenidas, tres de ellas españolas, en el verano de 1985: un matrimonio español, una mujer española que entonces tenía 63 años y entregaba los recién nacidos a familias en Melilla, a cambio de unos 6.000 euros.

También fueron detenidas dos marroquíes: la trabajadora social del hospital El Hassani de Nador y una empleada del hospital Al Farabi de Oujda. La primera cobraba entonces unos mil dirhams por bebé (90 euros) mientras que las tarifas de la segunda oscilaban entre 2.000 y 2.300 (180 y 207 euros). Todos ellos fueron condenados en Nador a cinco años de cárcel en agosto de 1985, pero después la pena fue conmutada y solo cumplieron doce meses.

El tráfico de niños no se ciñó, probablemente, a las tres decenas de casos desvelados por la Guardia Civil. Afectó a otros muchos, según sospechan fuentes conocedores de la investigación, pero el tiempo transcurrido y el fallecimiento de algunos de sus presuntos responsables hace imposible determinar ahora la magnitud de la red.

Aunque la trama desbaratada actuaba hace más de un cuarto de siglo, aquel tráfico de bebés, aireado ahora por la prensa de Casablanca, exacerba la desconfianza de la opinión pública hacia los extranjeros que desean hacer legalmente una kafala en Marruecos. La kafala es la modalidad de adopción vigente en la mayoría de los países musulmanes equiparable a una tutela dativa.

El Gobierno marroquí, en el que los islamistas del Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD) son mayoritarios, paralizó en septiembre, dando órdenes a los fiscales, las kafalas que habían iniciado en Marruecos 58 familias españolas y varias decenas de familias extranjeras. En febrero el PJD introdujo en la Cámara de Representantes del Parlamento un proyecto de ley que exige, entre otras cosas, que al menos uno de los cónyuges del matrimonio adoptante sea marroquí.

Aún no se ha empezado a debatir, pero si próspera las familias en espera, que llevan a veces más de año y medio cuidando al niño que les fue asignado por el orfanato, se verán obligadas a renunciar a la adopción.