El Gobierno aprueba la nueva Ley de Educación

El anteproyecto de la polémica Ley Wert (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ve la luz tras ser aprobado por el Consejo de MInistros de este viernes. En su intervención, el ministro de Educación, ha resaltada la inversión de 400 millones de euros en tres años. La norma garantiza la enseñanza en castellano cuando sea la elección de los padres. José Ignacio Wert ha destacado la instauración de evaluaciones al final de cada ciclo. "No son reválidas", ha asegurado sobre estos exámenes, que los califica de "caminos de señalización". Más novedades: se instaura el 4º de la ESO como curso orientador.

El titular de Educación ha calificado este viernes de "un cambio de filosofía" la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. "Para poder definir un núcleo básico para que exista una homogeneidad mínima", ha justificado. Wert ha defendido la reforma que ha resumido afirmando que "se trata de garantizar el derecho a la educación a través de la reducción del abandono escolar" e incide en la independencia de los centros.

Otro de los objetivos de la reforma, que ha defendido el ministro, es la modernización de la Formación Profesional es, según prosigue Wert, otro de los motivos del origen de la reforma. "Tenemos que conseguir que no sea percibida como una carretera de segundo orden", afirma.

"Necesitamos una remodelación urgente de todo el sistema educativo", ha destacado Sáenz de Santamaría, ya que la tasa de abandono escolar temprano en España es del 25 % -dobla la media de la UE-, es decir, uno de cada cuatro alumnos abandona la educación sin el título de la ESO.

Además, la tasa de repetidores es muy alta y los jóvenes desempleados representan el 57 %, cuando en Alemania es del 8 %.

El Gobierno aplazó la ley por "observaciones" sobre su dotación financiera

En España, la tasa de los jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan es del 23,7 %, y solo nos supera Israel.

Otros datos aportados por la vicepresidenta para argumentar la necesidad de la nueva ley educativa es que en los estándares PISA sobre nivel educativo alcanzamos 481 puntos, doce por debajo de la media de la OCDE.

El pasado 25 de abril, la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, anunció que el anteproyecto de la ley llegaría al Consejo de Ministros el viernes 10 de mayo, lo que suscitó una crítica unánime entre los sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes que habían convocado una huelga general en el sector educativo justo un día antes, el 9 de mayo, en contra de la ley. La oposición pretende hoy centrar todas preguntas de la sesión de control en el Senado en la educación. Los socialistas pedirán, por ejemplo, explicaciones por los recortes, el impulso a la enseñanza concertada y las escuelas diferenciadas por sexos.

Puesto que el texto no llegó al Consejo de Ministros, estos sectores, reunidos en la Plataforma por la Escuela Pública, interpretaron que era un aplazamiento fruto de la presión popular, pues decenas de miles de personas se habían manifestado en una treintena de ciudades contra la ley y los recortes durante la jornada de protesta.

Entre las novedades, itinerarios y pruebas de final de ciclo

Sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, vaticinó al término de aquel Consejo de Ministros que ese argumento no se sostendría "mucho tiempo", ya que la norma se enviaría al Parlamento este mismo mes de mayo, a falta de resolver las "observaciones" que sobre la memoria económica había planteado la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

"Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado (en su dictamen sobre el anteproyecto) y que se están fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, a consecuencia de la aprobación del marco financiero plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan además, utilizarse fondos europeos", dijo entonces Saenz de Santamaría.

No obstante, el texto podría incluir otras novedades respecto de su redacción original, ya que Educación se ha mostrado dispuesto a atender determinadas observaciones del Consejo de Estado sobre su contenido. Se trata en concreto de dos: la forma de garantizar la libre elección del castellano como lengua vehicular en Cataluña y de permitir que los colegios que separan por sexo a los alumnos tengan acceso a conciertos públicos.

Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que Gomendio se mostró asimismo dispuesta a trabajar.

El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia, esté aprobada "en otoño" a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y llegue a las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.

La andadura se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su principal promotor, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.

Entre las principales novedades se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.

Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.

Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales --Matemáticas, Lengua e Inglés--.

En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior.

400 millones de euros

Sobre la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros --23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero--.

Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de abandono escolar de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes la ley.