A Londres o a la abortera de barrio

En aquel vuelo eran muchas, casi todas las que iban a lo mismo. Algunas parloteaban para espantar la incertidumbre. Otras se arrebujaban en el asiento, inquietas. Era la primera vez que salían de su casa. Y en esa ocasión, además, lo hacían en avión y para dejar el país. Cinta estaba más calmada. Hablaba inglés, era una chica más viajada, y tenía contacto con los grupos de mujeres que ayudaban a organizar las excursiones, y que le habían explicado con pelos y señales los pasos de ese trayecto tan poco turístico. El viaje que ninguna de ellas deseó hacer. Era 1980 y aquel avión las llevaba a Ámsterdam. A abortar. En España, la interrupción del embarazo era un delito penado con seis años de cárcel, y aquellas que necesitaban la intervención solo tenían dos opciones: arriesgarse a un aborto clandestino e inseguro o, si podían permitírselo, salir a clínicas de Holanda o Londres.

Como este grupo, hasta que en 1985 se despenalizó en ciertos supuestos, unas 30.000 españolas viajaban al extranjero cada año para interrumpir su embarazo. Más de 20.000 de ellas a clínicas londinenses, según datos del Gobierno británico. Cinta, que ahora tiene 56 años y es profesora, explica que eligió Holanda porque en sus centros no era necesario quedarse a dormir tras la intervención. “Te ausentabas menos tiempo de casa. Y eso era importante, porque la mayoría de las familias no sabían nada”, explica. Tampoco la suya. Nunca vio como opción contarlo. Ni seguir adelante con el embarazo. “Tenía poco más de 20 años. No estaba preparada para tener un hijo. Por la relación que tenía, porque estaba estudiando...”, dice. Ahora teme que con la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno el retroceso sea tal que una nueva generación de españolas se halle en su situación. O en una peor.

Cinta estaba en la universidad, y hacía trabajillos de vez en cuando para ganar algún dinero. Aún así, no le llegaba para juntar las más de 30.000 pesetas que costaba la intervención. Más el viaje. Recuerda que terminó por pedir prestado lo que le faltaba a sus amigas. Mal que bien acabó reuniendo el dinero y, sobre todo, la información. Cuando a ella le ocurrió aquello hacía un par de años que se habían legalizado los anticonceptivos, y eso lo hizo todo algo más fácil. Hasta 1978 estaba prohibido incluso informar sobre ellos, lo que incentivó que las organizaciones feministas tejiesen una discreta red en la que se instruía sobre planificación familiar a las mujeres que llegaban pidiendo ayuda. Allí, evoca Justa Montero, histórica del movimiento feminista y cofundadora de la Comisión Pro Derecho al Aborto, les daban también la dirección de centros fiables de Londres y Ámsterdam, y la de alguna agencia de viajes colaboradora.

En Amsterdam, una intervención costaba 30.000 pesetas. Cinta las reunió

Ese circuito se fue profesionalizando con la apertura de los primeros centros de planificación familiar donde, de tapadillo y con altísimo riesgo, se empezaron a organizar los viajes. Solían durar cuatro días, de jueves a domingo. E iban tantas españolas que las clínicas receptoras terminaron por contratar a personal que hablaban su idioma. La red funcionaba como un reloj: las mujeres acudían al centro, les informaban y las enviaban a la agencia de viajes cómplice. Allí daban un nombre en clave, una contraseña, para obtener los billetes. Después, reunión con las que viajarían, y a Londres... “Había mujeres de todo tipo, solteras, casadas que habían dejado a los maridos en España, preocupados, porque no podían pagar el viaje para los dos”, cuenta Luisa Torres, con más de 40 años a sus espaldas como trabajadora social, primero en los centros de planificación y después en la clínica Dator, la pionera (legal). Recuerda con nitidez a la mujer gitana que no sabía leer ni escribir y para quien designaron una persona de apoyo. O a la ciega que tenía que viajar con su perro guía. “Todas estaban asustadas, sabían que estaban saliendo del país para hacer algo que en España estaba prohibido”, dice. Acongoje mayor cuando, en 1980, un juez procesó a una mujer que abortó en Londres pretendiendo que había extraterritorialidad en el delito. Una polémica que zanjó el Constitucional en 1984, un año antes de despenalizar la práctica.

Pero hasta ese colchón de apoyo no llegaban todas las mujeres. Ni mucho menos. En aquel entonces se practicaban en España alrededor de 300.000 abortos al año, según estimaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo (cálculo de su memoria de 1974). Cifra que los sectores más conservadores siempre consideraron desorbitada. Pero ni los preservativos ni la píldora (y menos cuando estaban prohibidos) eran algo corriente.

“En España siempre ha habido aborto, de una u otra forma. Cuántos de las artistonas, o de las señoras e de hijas de familias pudientes, se disfrazaban como apendicitis”, apunta Torres. El problema eran las mujeres de los pueblos y las más humildes, que se veían obligadas a recurrir a abortos inseguros, carniceros. La mayoría a manos de aborteras que empleaban desde hierbas tradicionales como hinojo o perejil hasta procedimientos más agresivos. Y peligrosos.

En 1973, en la cama de su madre, una abortera ‘operó’ a María, de 15 años

María recuerda que estuvo enferma un mes. Tenía 15 años cuando su abuela se plantó en el baño cuando se estaba duchando y le dijo: “Tú estás preñá”. Lo reconoció. “Estaba de tres meses, y antes de que se descubriera me decía a mí misma que si no pensaba en ello, desaparecería. Era una cría”, relata. Corría 1973 y María vivía en una casa del Raval, en Barcelona. Su abuela llamó a una mujer del barrio, “la enfermera, le decían”. Fue a casa, la tumbó en la cama de su madre y lo hizo todo.

“Nunca en mi vida he pasado por algo tan doloroso. Un sufrimiento que se acentúa con el pensar que estás haciendo algo tabú...”, recuerda. La enfermera le introdujo una cánula fina, flexible, con ayuda, cuenta, de una aguja de hacer media, y por ahí metió la lavativa. “Tenía, entre otras cosas, sosa”, explica María. La mujer se fue, y empezó el dolor. Quemaba. La chica no se pudo levantar de la cama en muchos días. Salvo para expulsar los restos del aborto en un barreño.

Le tiembla la voz cuando lo recuerda. “No se lo deseo a nadie. Ninguna mujer debería hacerlo en esas condiciones”, apunta. Ella era joven y tenía miedo. Pero más por la oscuridad del proceso que por las consecuencias legales que podría acarrearle: el Código Penal penaba con seis años de cárcel a la mujer que abortase —seis meses si era para ocultar su deshonra—. La condena que pidieron, por ejemplo, para las once de Bilbao, un puñado de mujeres humildes que fueron a juicio en 1979 por interrumpir su gestación. Al final, fueron indultadas.

María ha llevado una buena vida, trabaja de secretaria, es feliz. Pero no ha podido tener hijos. Probablemente, dice el médico, por la infección que tuvo tras la intervención clandestina. Ella se curó. Otras muchas, unas 3.000 al año, morían por las complicaciones derivadas de esos abortos peligrosos.