Rouco reprende al Gobierno y Europa Laica exige transparencia a los obispos

El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, no comprende al Gobierno, y lo lamenta con severidad. Lo dijo esta mañana con contundencia en el discurso inaugural de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). “No es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Se ha de poner coto cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden”, sentenció.

También exige el cardenal arzobispo la radical supresión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Afirmó: “Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa”.

Rouco habló a las once de la mañana en la llamada Casa de la Iglesia, en Madrid, en un discurso que, en su mayoría, dedicó a ponderar lo bien que ha resultado la renovación en el pontificado romano, hace algo más de un mes, tanto por la, en su opinión, providencial renuncia de Benedicto XVI, como por la acertada elección de su sustituto, el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio. “No se lo esperaban los medios de comunicación y muchos de sus comentadores”, sostuvo. Antes había afirmado que la Iglesia está viviendo “un especial tiempo de gracia, desde la nunca vista despedida pública de un papa ejerciendo su ministerio de pastor de la Iglesia universal, hasta la celebración del cónclave, en un clima de extraordinaria expectación mundial, crecida, si cabe todavía más, con la elección del papa Francisco”.

Fue muy al final del discurso cuando el líder del catolicismo español entró en materia política, prácticamente a la misma hora en que el presidente Rajoy iniciaba en Roma su visita de fiel católico al nuevo pontífice y, más tarde, al primer ‘ministro’ vaticano, el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone.

Dijo Rouco: “Persiste la crisis económica con su cortejo de paro -especialmente de desempleo juvenil- y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad. Por eso, es legítimo el pluralismo social y político entre los católicos. Sin embargo, el pluralismo legítimo no debe ser confundido con el relativismo”.

Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta

A la misma hora en que los obispos ponían de nuevo sobre la mesa del Gobierno sus exigencias de poder fáctico en crisis, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, hacía el recuento de los dineros que el Estado español, a través de sus diferentes Administraciones, da cada año a la Iglesia católica (11.337,1 millones de euros: el 1% del PIB) por muy diferentes conceptos, incluido un práctico régimen de paraíso fiscal. También presentaba en conferencia de prensa la campaña anual pidiendo a los contribuyentes no poner equis alguna en las dos casillas habilitadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF, tanto a la Iglesia católica (la única confesión que aparece en ese impreso), como a los llamados Fines sociales. Europa Laica reclama, en consecuencia, que la futura Ley de Transparencia incluya a los obispos y sus innumerables organizaciones.

Sostiene Francisco Delgado: “El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, deberían estar financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles o se sienten atraídas por esa doctrina religiosa. De hecho, la propia Iglesia católica en los Acuerdos económicos de 1979, se comprometió a su autofinanciación progresiva. El pacto no sólo no se ha cumplido, sino que el Gobierno del PSOE lo incrementó en 2008. Esta circunstancia nos da pié para indicar que esos Acuerdos, al ser incumplidos por la propia iglesia católica, al margen de otras consideraciones de presunta inconstitucionalidad, no son válidos y el Estado está obligado a anularlos o revisarlos”.

Este año, los obispos reciben del Ministerio de Hacienda, en entregas mensuales en una cuenta de la CEE, 248 millones para culto y salarios, de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Según el cálculo de Europa Laica, ello supone 260 euros por habitante, sea niño o anciano, católico, ateo, judío, protestante o musulmán, sin que los fieles católicos pongan ni un solo euro más de su bolsillo. Lo proclama la propia Conferencia Episcopal en su campaña invitando a sus fieles que marquen la equis en el impreso del IRPF. “Ni se paga más, ni te devuelven menos”, sentencian los anuncios que estos días se ponen en marcha.

Pese a todo, el portavoz secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Rouco en Madrid, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, repite cada año, con gran desparpajo, que la Iglesia católica no figura en la ley de Presupuestos Generales del Estado y que se financia con el dinero de sus fieles.

Además del dinero que se detrae de Hacienda para culto y salarios eclesiásticos por la equis correspondiente en el IRPF, el catolicismo recibe un porcentaje alto de lo asignado por los contribuyentes a “fines sociales” (en torno a otros 120 millones), para 40 organizaciones no gubernamentales (ONG), dependientes de alguna de las 40.000 instituciones católicas (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, fundaciones,. universidades, hospitales, centros de enseñanza concertados, etc.)

Concluyó esta mañana el presidente de Europa Laica: “Después de 35 años de democracia formal y con una Constitución que, aun en su calculada ambigüedad en esta materia, establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, las relaciones del Estado con la iglesia católica en materia económica, no sólo siguen con la misma orientación que en la dictadura, sino que, en términos cuantitativos, se ha acrecentado considerablemente. Ello significa que estamos, en la práctica, en un Estado “confesional (católico)”. Exigimos pasos políticos y sociales a favor de la construcción del Estado Laico, entre otros, la derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede y del concordato nacionalcatólico del 53, la elaboración de una ley de libertad de conciencia, eliminar los conciertos educativos con los centros privados católicos y sacar la enseñanza de la religión y moral católicas de los centros escolares, entre otras medidas”.