Cospedal demanda a Greenpeace por “vulneración del derecho al honor”

La demanda contra la organización ecologista Greenpeace que en enero pasado anunció el servicio de prensa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya se ha hecho efectiva. Los servicios jurídicos regionales han sido los encargados de llevar al juzgado la demanda por vulneración del derecho al honor de la presidenta, María Dolores de Cospedal, en el informe Amnistía a la destrucción, que se subtitula Una investigación sobre los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas. En el texto la ONG menciona a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.

Greenpeace ha anunciado hoy que ha recibido el emplazamiento del juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con la demanda presentada por el servicio jurídico regional. "Uno de los posibles intereses en la reforma de la Ley de Costas está en la legalización de las urbanizaciones construidas tras los paseos marítimos. Varias inmobiliarias podrían ver legalizadas sus urbanizaciones. Greenpeace destaca en su informe que Ignacio López del Hierro, Joaquín Rivero, Bautista Soler y el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, coinciden como consejeros en la empresa Bami Newco. De ahí se desprende la nula sensibilidad del Gobierno para llevar a cabo una reforma de tal calado", asegura hoy la organización en su página web.

"La Junta va a interponer una demanda contra Greenpeace por vulneración del derecho al honor de la presidenta Cospedal", se titulaba la nota que el servicio de prensa regional hizo pública en enero pasado. A preguntas de este diario, la Junta se ha remitido hoy a ese comunicado. La demanda se ha interpuesto "por vincular, en el documento titulado Amnistía a la destrucción, aspectos de su intimidad personal con una supuesta red de intereses que habría influido en la redacción de la reforma de ley de costas, impulsada por el ministerio de Agricultura", señala la nota.

"Los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades van a interponer esta demanda contra Greenpeace, porque además de la falsedad de las supuestas conexiones de la presidenta con la modificación de dicha normativa, éstas han sido recogidas por diferentes medios de comunicación. Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona. Por ello, la presidenta ha ejercido su derecho de rectificación en dichos medios. En dicha carta, Cospedal les ha advertido de que si perseveran en la publicación de esas informaciones que atentan contra su honor también serán objeto de la interposición de la pertinente demanda", añade el comunicado.

El comunicado continúa: "Asimismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha niega tajantemente que se haya utilizado dinero o medios públicos para el ejercicio del derecho de rectificación del entorno familiar de Cospedal". Y termina: "Intentar degradar la imagen de una representante de los ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas sobre su participación en presuntas redes clientelares y de influencias resulta intolerable. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha decidido recurrir al amparo de los tribunales de justicia".

"Con el informe sobre la reforma de la Ley de Costas, Greenpeace está defendiendo el derecho al medio ambiente que figura en el Artículo 45 de la Constitución en el marco de sus fines, ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión que recoge el artículo 20 de nuestra Carta Magna", ha declarado hoy José Manuel Marraco Espinós, abogado de Greenpeace, según recoge su página web.