Hipotecados a la europea

Es evidente que la crisis y las políticas económicas europeas están fomentando la desafección de los ciudadanos. Y, sin embargo, al menos para los españoles, ¡menos mal que existe la Unión Europea! Para sonrojo de todos los políticos que han pasado por los sucesivos gobiernos de España desde 1993, tanto del PP como del PSOE, han tenido que ser unos jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los que hayan puesto las cosas en su sitio respecto a los abusos que las entidades financieras españolas están cometiendo en el mercado hipotecario español.

El caso que el juez español llevó al tribunal, con sede en Luxemburgo, evidencia cuál es la situación. Lo recoge con precisión la propia sentencia europea. Mohamed Aziz pide en 2007 un crédito a Catalunyacaixa de 138.000 euros para comprarse un piso. La entidad se lo concede y Aziz, mediante contrato, se compromete a amortizar el préstamo con intereses durante 33 años. El hombre se queda sin trabajo al cabo de un año y deja de pagar, momento en el cual Catalunyacaixa aplica de manera automática las cláusulas del contrato. Le aplica intereses de demora anuales del 18,75% y, además, le exige a su cliente el pago del capital prestado de manera inmediata. El resultado es que Aziz fue expulsado de su casa (tasada en la mitad de precio, por cierto) y la entidad le reclama 139.674 euros en concepto principal, 90 euros por intereses vencidos y 41.902 por costas: total, 181.666 euros.

Este podría ser un caso más de los miles que se han producido en España durante décadas con la diferencia de que Aziz dio a parar con un abogado, Dionisio Moreno, y un juez, José María Fernández Seijo, que han tenido la imaginación, la honradez y la perseverancia suficiente como para llevar el caso a instancias superiores, dado que en España la alianza gubernamental con el mundo financiero ha permitido y permite este engendro. ¿Cómo es posible que a día de hoy España no disponga de una legislación que impida estos desmanes? ¿Cómo es posible que el Gobierno español —entonces en manos de Felipe González— aprobara con sus socios europeos una directiva que prohibía las cláusulas abusivas en los contratos y todavía no se haya traspuesto la norma a nuestro marco legal?

Los euroescépticos tienen tras la sentencia sobre las hipotecas una razón para reconsiderar su posición

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es un monumento a la sensatez. El juez Fernández Seijo pedía aclaraciones sobre cuándo deben considerarse abusivas las cláusulas de un contrato y con una literatura jurídica no muy alambicada, los jueces vienen a responder que hay abuso cuando estas producen en el consumidor (frente al profesional, la entidad financiera) “un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes”. En otra parte de la sentencia se especifica que una cláusula es abusiva cuando en la negociación individual un consumidor de buena fe jamás la habría aceptado. Son razonamientos, en fin, de sentido común. Como aquella otra sentencia reciente, también europea, en la que indicaba que los intereses de demora no pueden tener una gran desproporción con el precio habitual del dinero.

Lo perverso de todo este asunto es que al tiempo que la crisis arreciaba, al tiempo que se sucedían llamadas de atención por parte de los jueces y de los movimientos ciudadanos, al tiempo que se conocían las escandalosas cifras de ejecuciones hipotecarias y se producían algunos suicidios por parte de algunos afectados, el Gobierno de turno, en este caso del PP, ha actuado con una lentitud desesperante. Hasta el punto de que han tenido que venir desde la Unión Europea a recordar a nuestras autoridades que los consumidores españoles no disponen de la misma protección que el resto de los europeos porque sus políticos no han hecho su trabajo y que España, tan europeísta y tan presta siempre a hacerse la foto en Bruselas, firma una cosa allí y hace otra distinta aquí.

Desde el jueves pasado, muchos de los que se estén pasando al euroescepticismo tienen una buena razón para reconsiderar su posición y otra buena razón para comprender que Europa no es un ente ajeno y alejado. El Tribunal de Justicia de la UE es una de las instituciones que más ha hecho por los europeos, pero está obligado a aplicar las normas que deciden los políticos. Si las que ahora se toman no nos gustan, basta con cambiarlos. En un año tenemos la oportunidad de hacerlo, por cierto.