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Vigilados por sí mismos

El ‘caso Bárcenas’ aviva el debate sobre la financiación de partidos

Todas las leyes, incluida la aprobada en 2012, tienen agujeros

Los papeles de Bárcenas han causado el último escándalo político.
Los papeles de Bárcenas han causado el último escándalo político.

¿Se imagina que usted pudiera decidir cuál es su nómina? Ese es, entre muchos otros, el principal problema de la financiación de los partidos: son las formaciones políticas quienes escriben su propia ley de financiación. Y además inciden de manera indirecta en la supervisión posterior del cumplimiento de esta norma, a través de los nombramientos en el Tribunal de Cuentas.

Las sucesivas leyes para regular la financiación de partidos han ido estableciendo límites cada vez más claros a las donaciones que pueden recibir estas organizaciones. Pero en todos y cada uno de los cambios legislativos se han mantenido, o introducido, resquicios para canalizar fondos más o menos cuestionables.

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La primera ley, de 1987, permitía las donaciones anónimas siempre que no superaran el 5% de la subvención pública estatal —en los Presupuestos de 1987 la dotación para el conjunto de partidos era de 7.500 millones de pesetas (45,18 millones de euros)—; y donaciones nominativas de hasta 10 millones de pesetas (60.000 euros) por persona. La segunda ley (2007) prohibió los donativos sin identificar, pero elevó a 100.000 euros (16 millones de pesetas) las aportaciones individuales. La tercera y última, del pasado octubre, extiende la prohibición de recibir donaciones de empresas que contraten con la Administración a todas las que formen parte de su grupo, pero elimina este requisito para las fundaciones asociadas a los partidos, lo que en la práctica “desvirtúa la prohibición anterior”, según auditores del Tribunal de Cuentas. Es decir, una constructora que contrate con la Administración no puede hacer donativos al PP o al PSOE, por ejemplo, pero sí a Faes o Ideas.

Esta última ley también puso un tímido coto a lo que en la práctica es la tercera vía de financiación de los partidos políticos, por detrás de las subvenciones públicas y los donativos privados: la condonación de las deudas bancarias. Con la última modificación, las entidades financieras solo podrán perdonar a los partidos un máximo de 100.000 euros al año.

Pese a lo reciente de la reforma, los grupos parlamentarios se han visto forzados a retomar el debate sobre esta siempre polémica normativa tras el estallido del caso Bárcenas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propuso en el debate del estado de la nación que la ley de transparencia se aplique a los partidos políticos, pese a que cuando el Gobierno la presentó, en marzo de 2012, no los había incluido. En el debate pareció rectificar, pero fuentes del grupo parlamentario popular indican que ahora “hay que estudiar qué criterios de la ley se pueden aplicar a los partidos”. Es decir, que la normativa de transparencia se aplicará con restricciones a las formaciones políticas.

Además, Rajoy propuso aprobar un nuevo proyecto de ley “de control de la actividad económica-financiera” de las formaciones políticas, regular sus procedimientos de contratación y fijar “reglas claras” sobre el papel de los responsables de su gestión económica, con la obligación de que comparezcan anualmente en el Parlamento para explicar en qué han invertido sus recursos.

También el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó su batería de propuestas para “prevenir, investigar y castigar la corrupción”: “Que el que tenga la tentación de corromperse no lo pueda hacer”. “Hay que prohibir las aportaciones de las empresas, y decirles que si corrompen y los corrompidos son condenados no volverán a contratar con las Administraciones”.

Y todo esto solo cuatro meses después de haber aprobado una nueva ley de financiación. El propio Rubalcaba reconoció durante su intervención en el debate que los políticos no han sido capaces de establecer un verdadero sistema de control y transparencia en los partidos. “Lo hemos intentado muchas veces desde dentro, desde aquí”, dijo en la tribuna del Congreso. “Y, reconozcámoslo, no lo hemos conseguido. Pidamos fuera que nos digan lo que tenemos que hacer dentro. Vamos a elegir una comisión independiente de personas de reconocimiento general para que haga un diagnóstico de lo que pasa, para que nos propongan vías de solución y con ese informe podamos hacer la ley correspondiente”.

Las firmas con contratos públicos pueden donar a las fundaciones políticas

Aunque el discurso parecía unívoco, tras el debate no hubo acuerdo entre todos los grupos. La resolución se aprobó finalmente con la abstención de PSOE e IU, que según explican, reclamaban una propuesta “más ambiciosa”. El texto aprobado propone, sin concretar cómo ni plantear plazos, “un proyecto de ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos” y la elaboración de otro proyecto de ley de reforma del Tribunal de Cuentas, dotándolo de más medios y estableciendo “fórmulas de colaboración con Hacienda y la Seguridad Social”.

Este último punto es crucial porque, incluso aunque ahora existiera la ley de financiación perfecta, fallaría el control. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados públicos, “pero hasta ahora solo siete se dedicaban a fiscalizar a los partidos, porque además de controlarles a ellos fiscalizamos las cuentas de todos los procesos electorales, en lo que vamos al día, de los más de 8.000 Ayuntamientos, las diputaciones, las entidades públicas como RTVE...”, explica un miembro del pleno del Tribunal.

Siete funcionarios para 31 partidos, a los que se añaden 26 fundaciones asociadas a las formaciones políticas. El equipo pasará ahora a ser de 22 personas y se ha puesto como objetivo fiscalizar de aquí a julio las cuentas de los partidos correspondientes a 2011, 2010, 2009 y 2008, realizando en cinco meses el trabajo acumulado de cuatro años. “Además hay que entender que aunque se llame tribunal, funciona más como una auditora. Nos limitamos a revisar lo que los partidos nos enseñan”, añaden las mismas fuentes. Es decir, que a sus manos nunca hubiese llegado un cuaderno como el de Luis Bárcenas.

José Antonio Bermúdez de Castro, ponente del PP en la ley de financiación de partidos, cree que la actual normativa “es una de las más exigentes” y resalta que en ella se han prohibido las donaciones de empresas que contraten con la Administración y las de su grupo. “El mundo de los negocios no debe tener vasos comunicantes con el poder”, afirma. Respecto al hecho de que la ley sí permita a dichas empresas hacer donativos a las fundaciones asociadas a los partidos, sostiene que estas no pueden traspasar ese dinero a los grupos políticos, ni tampoco financiar sus actividades. Pero no piensan lo mismo en el Tribunal de Cuentas. “La fiscalización y el control al que estaban sometidas las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos ha sufrido modificaciones significativas que implican una mayor permisividad de los requisitos y limitaciones de las donaciones percibidas, lo que hace que la limitación existente para los partidos pierda toda su virtualidad”, afirma un auditor del tribunal.

Siete empleados del Tribunal de Cuentas fiscalizaban 57 organizaciones

Bermúdez de Castro asegura que se analizarán propuestas para mejorar el sistema con vistas a su “ejecución en este periodo de sesiones o el siguiente”.

El socialista Diego López Garrido cree que se deberían prohibir todas las donaciones de empresas. “Un ciudadano puede hacer un donativo por ideología o simpatía, pero las empresas cuando dan algo es a cambio de algo”. Pone como ejemplo la desregularización del sector financiero en EE UU. “Los dos partidos estadounidenses están financiados por Wall Street. Clinton hizo la mayor desregularización del sector financiero pensando: ‘Tú me financias y yo no te controlo’. Y ya sabemos todos cómo acabó. La crisis nos arrastró a todos... La democracia cuesta. Los partidos no pueden financiarse solo con cuotas de militantes, pero la financiación debe ser eminentemente pública”. López Garrido propone un control exhaustivo y, sobre todo, disuasorio: “Que se persiga también al corruptor”.

Fuentes del grupo parlamentario de CiU, el que más donaciones privadas recibe, piden que no se “criminalice” a los partidos y opinan que el debate no está tanto en cuánto dinero reciben sino en cuánto gastan. “Quizá lo que hay que plantearse es la necesidad de ser más austeros, recortar los gastos y las campañas”. Y todo eso, añaden, “con la máxima transparencia y publicidad a través del Tribunal de Cuentas”.

Izquierda Unida propone que se prohíban las donaciones de empresas privadas y las individuales por encima de los 50.000 euros.

A grandes rasgos, a la derecha le interesa que la financiación privada no desaparezca. En 1993, la exministra del PP Pilar del Castillo proponía, en un debate del Centro de Estudios Constitucionales, tender al modelo de Estados Unidos y que los partidos se financiaran casi exclusivamente de donaciones privadas.

La izquierda defiende justamente lo contrario, y viendo las cifras no es difícil entender por qué. Entre 2003 y 2011, solo en donaciones nominativas, el PP recibió 43.920.004 millones de euros y el PSOE, 17.999.455. En cuanto a los donativos anónimos, en 2006, último año en que fueron legales, de los 3,74 millones de euros que el PP declaró en donativos, 3,10 millones procedían de donantes sin identificar. El PSOE recibió ese año 560.439 euros en donaciones de las que solo estaban identificados particulares que dieron 1.484.

Sin embargo, el partido que más donaciones recibe, a mucha distancia, es CiU: 46.557.782 millones de euros entre 2003 y 2011, sin contar con las anónimas: casi 42 millones de los más de 100 que recibieron todos los partidos entre 1987 y finales de 2006. Y eso pese a que su ámbito político de referencia es Cataluña, mientras que PP y PSOE tienen un ámbito nacional.

En la mayoría de países europeos el sistema de financiación de partidos es mixto. Las leyes más exigentes, como la de Portugal y Bélgica, prohíben las donaciones de empresas. Los portugueses dispusieron un límite de 10.500 euros al año de donativo por persona. En España es de 100.000.

En su informe sobre España, de mayo de 2009, el Grupo de Estados contra la Corrupción, recomendaba “tomar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos de las fundaciones ligadas a los partidos”, “aumentar los recursos del Tribunal de Cuentas, así como el establecimiento de sanciones que sean verdaderamente disuasorias”. Los partidos han fracasado en cada intento de elaborar una ley que garantice todo esto. Ahora, forzados por los escándalos y la creciente desafección ciudadana, se muestran decididos a hacerlo. Y quizá lo mejor, después de todo, sea encargárselo a otro.

30 años de escándalos

Los casos de financiación irregular de los partidos políticos son tan antiguos como los propios partidos. Y tan variados como vías de escape han permitido las leyes de financiación de formaciones políticas a lo largo de los años.

“¡No he recibido ni un duro ni de Flick ni de Flock!”. Esta irrepetible frase pronunciada en el Congreso en noviembre de 1984 por el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, fue casi lo único que quedó de la ramificación española del llamado caso Flick, nombre del empresario alemán acusado de sobornar a políticos de su país a cambio de beneficios fiscales. Aquel caso provocó en Alemania la dimisión del entonces ministro de Economía y del presidente del Parlamento. La derivada española del caso vino por las declaraciones de un diputado socialdemócrata que aseguró que otro diputado de su partido había entregado un millón de marcos a González. Las diligencias abiertas por el fiscal del Estado fueron archivadas y una larga comisión de investigación parlamentaria también se cerró sin consecuencias. La primera ley de financiación de partidos, de 1987, estableció que los partidos no podrían aceptar “cualquier forma” de donativo “por parte de Gobiernos y organismos públicos extranjeros”.

E ‘Caso Filesa’ (1989). En el caso Filesa quedó acreditada la financiación irregular del PSOE nacional con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7 millones de euros de 1990). Un diputado y un senador del PSC crearon un conglomerado de empresas que cobraban informes inexistentes o intrascendentes a compañías que pretendían que el Gobierno les debiera un favor, y dedicaron esos fondos a las campañas del PSOE para las elecciones generales y europeas de 1989, según consta en la sentencia del Tribunal Supremo del año 1997 que condena a ocho culpables. Veinticuatro años después, los partidos políticos siguen discutiendo sobre la conveniencia de prohibir las donaciones de empresas. Las de firmas que contratan con la Administración lo tienen prohibido desde 1987, pero el resto, no. PSOE e IU, los partidos que menos donaciones reciben por esta vía, reclaman ahora que se prohíba a todas.

E ‘Caso Naseiro’ (1990). Fue un proceso judicial abierto por

el supuesto cobro ilegal de comisiones a una constructora para la financiación del PP. Rosendo Naseiro, entonces tesorero del partido, permaneció varios días detenido en abril de ese año por orden del juez valenciano Luis Manglano por presunto cohecho. Las cintas magnetofónicas grabadas por

la policía y que recogían conversaciones entre Naseiro, Salvador Palop, exconcejal de Valencia y Ángel Sanchis, extesorero de Alianza Popular, aportaban indicios de un presunto cobro ilegal de comisiones a empresas beneficiarias de obras municipales, pero el Tribunal Supremo rechazó la validez de esas cintas magnetofónicas como pruebas.

E ‘Caso Gürtel’. Lleva el nombre del apellido traducido al alemán del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que creó un entramado empresarial y aprovechó sus relaciones con políticos del Partido Popular para enriquecerse. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía acaba de incorporar al sumario del caso más de una decena de informes sobre el pago de comisiones ilegales por parte de media docena de empresas constructoras a la trama que dirigía Correa. En esos informes se acredita documentalmente que parte del dinero de las comisiones ilegales llegó a dirigentes del Partido Popular, en muchos casos alcaldes o cargos autonómicos que tenían poder suficiente para adjudicar contratos a las empresas

de la trama corrupta o a constructoras con vinculaciones a la red Gürtel. Algunas de esas empresas, como Sedesa o Constructora Hispánica, figuran en la contabilidad secreta que manejaba Luis Bárcenas como donantes de altas cantidades de dinero al Partido Popular.

El extesorero, ahora acorralado por una investigación judicial que ha destapado su fortuna no declarada al fisco en Suiza, guarda 20 años de secretos financieros del Partido Popular.

E ‘Caso Palau’. Es la investigación del desvío de fondos del Palau de la Música que ha acorralado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Su fundación, la Trias Fargas, se nutrió de dinero de aportaciones del Palau, presidido por el imputado Fèlix Millet. El sumario del caso incluye una carta anónima remitida al juez por parte de alguien que se identifica como extrabajador del coliseo y en la que asegura que el expresidente del Palau habría ayudado a partidos, “también con recursos de la Fundación Orfeó Català y siempre a cambio de favores”.

E ‘Caso Fundescam’. En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular financiaba actos electorales de manera irregular con fondos procedentes de su Fundación local Fundescam, que se nutría de aportaciones hechas por empresas privadas que recibían contratos del Gobierno de Esperanza Aguirre. La fiscalía entendió que el delito estaba prescrito.

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