“Hace ocho meses que no veo a mis hijos por culpa de los recortes”

Los mismos recortes que excluyen de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles o reducen el número de profesores mermando la calidad de la enseñanza, afectan ya a derechos aún más básicos. Como el de ver a los propios hijos. Decenas de padres y madres separados o divorciados de la Comunidad de Madrid que, para hacerlo, tienen que acudir por orden judicial a un Punto de Encuentro Familiar (PEF) pasan meses sin poder hacerlo. El Gobierno madrileño cerró el año pasado seis de los ocho centros de este tipo que tenía, lo que ha generado un enorme atasco en los dos que permanecen abiertos en los municipios de Las Rozas y Móstoles. La lista de espera puede llegar al año.

Es el caso de María (nombre figurado). “Hace ocho meses que no veo a mis hijos por culpa de los recortes”, dice. Tras separarse de su excompañero y denunciarlo por maltrato, la juez de violencia que estudió su caso lo archivó —la Audiencia de Madrid acaba de ordenar reabrirlo— y otorgó la guardia y custodia al padre. ¿La razón? Según la sentencia, María habría puesto a los niños en contra de su progenitor y presunto maltratador (ella lo niega) por lo que, además, debería pasar tres meses sin poder visitar a los menores. Transcurrido ese plazo podría volver a verlos en fines de semana alternos, pero siempre en el punto de encuentro de Las Rozas. Y bajo la supervisión de un profesional. Ese plazo se cumplió el 3 de octubre, pero hoy, casi cinco meses después, María todavía no ha podido ver a sus hijos. Y solo puede hacerlo en el PEF porque así lo manda el juez.

Como esta mujer, cientos de personas deben acudir por orden judicial a estos centros autonómicos o municipales si quieren visitar a los niños. En los casos de divorcios y separaciones conflictivas, el PEF es el lugar donde quien tiene la custodia entrega a los hijos para que el que los visita los recoja allí y los devuelva después, garantizando que los dos miembros de la pareja, separada, no se encuentran. Cuando la ruptura se mezcla con asuntos más graves como la violencia de género o alguna enfermedad mental, o cuando uno de los progenitores lleva mucho tiempo sin ver a los hijos, las visitas se realizan en la propia instalación. En los casos más agudos o cuando lo ordena el juez, un psicólogo o un trabajador social están presentes. Porque entre los fines de los PEF está la de reconstruir las relaciones de los menores con sus padres siempre que sea posible.

Esas relaciones son muy vulnerables al paso del tiempo, según los especialistas. “Cuando los niños pasan meses sin ver a uno de sus padres se interrumpe el vínculo con ellos y se produce un abandono afectivo”, explica María Luisa Baranda, psicóloga y especialista en mediación familiar. “El niño tiene respecto del progenitor que no ve la sensación de que este lo ha abandonado, que no le quiere, algo que solo se puede superar con un proceso de adaptación”, añade Baranda, que explica que el distanciamiento se acrecienta en los menores más pequeños. “Ese vínculo afectivo se pierde por completo”.

Pero además, no poder visitar a los hijos tiene consecuencias jurídicas. Verlos se engloba dentro del derecho al respeto de la vida privada y familiar recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ratificado por España, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 13 de marzo de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional otorgó una indemnización de 9.000 euros a un padre que, debido a la lista de espera en un PEF de Sevilla, tardó más de un año en poder visitar a su hija de siete años. El tribunal consideró que se había producido un funcionamiento anormal de la administración de justicia “de singular gravedad”, ya que “se privó al padre y a su hija de un régimen de visitas en una edad especialmente crítica para la menor”.

Al cumplirse los tres meses de prohibición judicial de las visitas el 3 de octubre, María presentó en el juzgado un escrito para volver a ver a los menores. La juez derivó entonces su caso al punto de encuentro de Las Rozas, pero hasta el 17 de enero no hubo respuesta de la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende esa instalación. En una escueta nota, el Servicio de Mediación Familiar comunicó a la juez que el expediente de María quedaba “en lista de espera”. “Tan pronto como sea posible, se dará inicio al servicio”, añadía. Dos jueces de familia y de violencia consultados por este periódico confirman el atasco y aseguran que afecta, sobre todo, a las visitas supervisadas. Jueces para la Democracia, la asociación progresista, ya avisó del problema en diciembre.

Sin embargo, el viceconsejero madrileño de Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, el jefe de la persona que envió esa comunicación al juzgado de María, rechaza que exista esa lista de espera y, por tanto, se niega a explicar cuántos padres están en ella. “Los puntos de encuentro son una competencia municipal, no de la Comunidad de Madrid”, afirma, obviando la obligación de gestionar los cientos de casos que envían los juzgados. El viceconsejero solo concede que existan “algunas disfunciones” en las que, dice, el cierre de seis puntos de encuentro en 2012 no tiene nada que ver.

Después, asegura que la consejería está a punto de culminar una “reestructuración” de la red de atención a la familia que, sin embargo, no incluye la reapertura de los centros cerrados sino la suma de los dos que quedan a los Centros de Apoyo Familiar (CAF). A diferencia de los puntos de encuentro, estos centros tienen objetivos muy distintos del de la gestión de las visitas a los hijos por orden judicial. Los CAF ofrecen servicios de orientación psicológica a las familias, de mediación, de asesoría jurídica... Nada que ver con las visitas más delicadas que han asumido los PEF durante una década. Y con éxito.