La justicia francesa exige a Twitter delatar a usuarios por incitar al odio

La Justicia francesa, representada por el Tribunal de Gran Instancia de París, ha ordenado a la compañía estadounidense Twitter que facilite la identidad de las personas que han publicado en su cuenta de la red social comentarios de corte racista, antisemita o que incite al odio de un determinado colectivo.

El tribunal, al que le corresponde juzgar –entre otros procesos civiles– las demandas por difamación e injurias, responde con su decisión a las quejas de una parte de la sociedad civil sobre el vertido de opiniones injuriantes en dicha red bajo las palabras clave (hashtags) #unbonjuif (un buen judío), #sijetaisNazi (si fuera Nazi), #SiMonFilsEstGay (si mi hijo es gay) y #SiMaFilleRamèneUnNoir (si mi hija me trae a un negro), entre otras.

Los colectivos implicados en este proceso son la Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF), J'accuse, el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP), la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) y Sos Racisme.

El abogado de la UEJF, Stéphane Lilti, había presentado a principios de mes una demanda en los tribunales para obtener la retirada de comentarios antisemitas –lo cual habría obtenido de manera parcial–, y la decisión comunicada ahora tiene visos de ser una victoria jurídica, aunque su confirmación dependerá de un proceso de apelación y de la disposición de la compañía a atender el requerimiento de la justicia francesa.

Twitter es un lugar donde los que destilan el odio se sienten totalmente impunes Jonathan Hayoun

En su sitio web, el presidente de la UEJF, Jonathan Hayoun, denunciaba el pasado día 3 que "Twitter es un lugar donde los que destilan el odio se sienten totalmente impunes". Para Hayoun, "le corresponde a las nuevas oficinas de Twitter en Francia, y no a las asociaciones, crear un sistema de notificación [de los abusos] operativo".

Otro colectivo francés, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), ha asegurado en un comunicado que la decisión judicial "supone un avance decisivo en el combate contra las infracciones racistas, antisemitas y homófobas en Internet". En un mensaje no exento de orgullo nacional, la organización recuerda que "nadie debe ignorar la legislación francesa, incluidos los gigantes de la economía digital de EEUU". La LICRA espera que, "a partir de ahora, los agentes económicos de Internet asuman sin reservas su responsabilidad corporativa sin ser obligados por un juez".

Olivier Sebban, abogado de esa asociación, ha comunicado a este periódico su satisfacción por la decisión. "Estamos contentos porque el juez ha accedido a nuestras dos peticiones: en primer lugar, la necesidad de poder acceder a la identidad de las personas que publican comentarios abusivos (racistas, xenófobos, antisemitas, homófobos…); y en segundo lugar, la puesta en marcha de un mecanismo simple que permita denunciar dichos abusos".

La negativa de Twitter a colaborar, explica Sebban, "no era categórica". Lo que querían era "que fueran los jueces de EEUU quienes les ordenaran facilitar esos datos", lo cual haría necesario un procedimiento internacional. "En otras palabras: Twitter no reconocía la aplicación de la legislación francesa", señala.

Twitter no reconocía la aplicación de la legislación francesa

Según el abogado, en su escrito "el juez ha venido a decirle a la compañía con sede en California: 'No, ustedes tienen actividad en Francia, por lo que deben someterse al derecho francés. En ese caso, deben aportar los datos de las personas que profieren ese tipo de comentarios y, en caso contrario, deberán pagar 1.000 euros de multa por cada día de retraso'". La empresa dispone de 15 días de plazo para contestar al juez.

Sebban recuerda que, si bien Twitter tiene un formulario para denunciar comentarios inapropiados, "hasta la víspera de la presentación de la demanda el formulario estaba en inglés, lo cambiaron por la noche". Lo que han pedido es "un mecanismo de alerta que sea tan simple como hacer clic en un comentario, como los que están habilitados en otras redes sociales y en muchos sitios web".

En su respuesta a la demanda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los representantes de Twitter alegaron que su sede francesa "no pasa de ser una oficina comercial" y que la sede social en San Francisco es "la única habilitada para recibir los avisos de contenidos ilícitos". Igualmente, disputaron la pretensión de que la empresa "esté obligada a conservar datos relativos a sus usuarios [necesarios para la identificación de usuarios] en virtud de la legislación francesa o europea en materia de protección de datos".

Por su parte, Elie Petit, vicepresidente de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF), ha manifestado, en conversación telefónica, que se sienten apoyados por el Gobierno, "que ha dicho no a la ausencia de moderación" en las redes sociales. Asimismo, ha recordado que no se trata únicamente de un problema de antisemitismo. "El 'hashtag' #unbonjuif no es el único usado para proferir comentarios insultantes e injuriosos contra un colectivo; también se ha utilizado #unbonnoir [un buen negro], #unbonmusulman [un buen musulmán] y otros temas de conversación que han generado contenidos muy violentos y odiosos".

Este colectivo se reunió hace meses con Fleur Pellerin, la ministra socialista responsable de la innovación y la economía digital, para alertar sobre el fenómeno de incitación al odio en Twitter y recabar su apoyo.

Apoyo del Gobierno

La demanda para forzar a Twitter a vigilar lo que circula por su red ha recibido el apoyo expreso del Gobierno por boca de su portavoz, la ministra Najat Vallaud-Belkacem. En una tribuna publicada en el diario Le Monde en diciembre con el título "Twitter debe respetar los valores de la República", la ministra se enorgullecía de que Francia "haya penalizado progresivamente las provocaciones al odio o a la violencia contra un persona o colectivo en razón de su pertenencia o no a una determinada etnia, nación, orientación o identidad sexual".

Sin perjuicio de la libertad de expresión, Vallaud-Belkacem apelaba en su artículo al "sentido de la responsabilidad" de los administradores de Twitter y pedía a la compañía que examine el modo de incorporar "dispositivos para luchar contra las infracciones" en el sentido citado anteriormente y "prevenir la comisión de tales delitos".

El vespertino informa hoy, asimismo, que está prevista la celebración de un encuentro, el próximo 8 de febrero, entre representantes gubernamentales y diferentes colectivos contra la homofobia, y al que están convocados el director de Asuntos Jurídicos y portavoz de Twitter, Alexander Macgillivray, y Del Harvey, directora del departamento de Seguridad de la compañía.