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El Gobierno coloca al secretario de Energía al frente del regulador nuclear

La exministra Cristina Narbona será consejera a propuesta del PSOE

El Consejo de Ministros ha propuesto al actual secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, para ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El cargo tiene rango de ministro y un mandato de seis años. Su renovación estaba pendiente desde que a principios de mes expiró el de Carmen Martínez Ten y de otros consejeros. Una vez refrendada esta propuesta, Martí será el primer miembro del Gobierno que deja su cargo.

El nombramiento puede ser polémico porque Martí pasa de secretario de Estado a presidir un organismo regulador independiente del Gobierno y que solo responde ante el Parlamento. Martí llega además al cargo en pleno enfrentamiento con las eléctricas. El Gobierno de Rajoy ya nombró a la diputada popular Elvira Rodríguez para presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pleno del CSN está compuesto por cinco consejeros, dos a propuesta del PP, dos del PSOE y uno de CiU. Martí sustituye a Antonio Colino, actual vicepresidente y que hasta hace unas semanas estaba prácticamente designado como presidente, según fuentes del sector.

Para suplir a Martínez Ten, el PSOE propone a la exministra Cristina Narbona, con un claro perfil antinuclear y actualmente diputada en el Congreso. Narbona ha sido muy crítica con la política de Fernando Martí como secretario de Estado de Energía, y ahora compartirán mesa en el pleno. Los otros dos cargos estaban pendientes de renovación y lo previsible es que repitan Rosario Velasco y Fernando Castelló, en el cargo desde hace solo unos meses tras suplir dos salidas.

El CSN tiene pendiente el cierre de la nuclear de Garoña, y a menudo el organismo ha tenido discrepancias con el Gobierno. En 2009, los cinco consejeros del CSN votaron a favor de que Garoña pudiera funcionar hasta 2019, en contra del criterio del Ejecutivo del PSOE.

En los últimos años, el CSN ha conseguido quitarse la imagen de politización que dio en 2002, cuando decidió el cierre de Zorita tras un pacto público entre PSOE y PP. Hasta ahora, el CSN se ha mostrado inflexible ante la posibilidad de acortar los plazos para analizar la prórroga a Garoña. Los informes del organismo son vinculantes cuando se trata de imponer condiciones de seguridad y protección o si son contrarios a una prórroga de una nuclear.

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