¿Periodismo o espectáculo?

El 27 de julio de 1994, el fotógrafo surafricano Kevin Carter fue encontrado asfixiado dentro de su automóvil. Tenía 33 años y dos meses antes había ganado un Pulitzer por una imagen tomada en Sudán en la que un buitre aguardaba la muerte de una niña famélica. Aquel momento, captado cerca de un campo de refugiados en marzo de 1993, no dejó darle vueltas en la cabeza. Hasta que se quitó la vida. Nadie pudo evitar tampoco el suicido, a principios de este mes, de la enfermera que transfirió una llamada telefónica de dos locutores de una emisora australiana que se hicieron pasar por la reina Isabel II y el príncipe Carlos. Los radiofonistas pretendían obtener información sobre el embarazo de la duquesa de Cambridge, ingresada en el hospital.

Otro episodio reciente, de naturaleza muy distinta, ha desatado una intensa polémica. El diario estadounidense New York Post publicó a toda página la fotografía de uno de sus colaboradores, Umar Abassi, que muestra a un hombre segundos antes de morir aplastado por un metro en Nueva York. El hombre intentaba acceder al andén justo después de haber sido empujado a las vías. Pero nadie le ayudó. Ni el fotógrafo, ni ningún otro viajero.

El autor de la instantánea aseguró que no podría haber hecho nada por evitar el atropello, que intentó alertar al conductor con el flash de la cámara y que los viajeros que se encontraban en el andén más cerca del hombre que intentaba encaramarse tampoco se movieron.

Ambos sucesos han reabierto el debate sobre el papel que los medios de comunicación deben desempeñar en situaciones críticas y cuáles son las barreras deontológicas que los profesionales no pueden traspasar al ejercer su labor. ¿Debe involucrarse el periodista para intentar salvar una vida o su trabajo se debe limitar a observar la realidad y transmitirla? ¿Es ético suplantar la identidad de otra persona para obtener una información?

“El periodista no es un héroe como Superman”, señala Juan Luis Manfredi

“El periodista no es un héroe, no es como Superman. Su función es denunciar los hechos para que las personas que pueden tomar decisiones las tomen”, apunta Juan Luis Manfredi, profesor de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. En su opinión, el periodista es un ciudadano que administra el derecho a la información pero su función no es ir a una guerra y ponerse del lado de uno de los bandos. “Hay que tomar partido, pero no liderar las causas o abanderarlas. Su misión es denunciar, contar y explicar los hechos”.

Manfredi cita el caso del fotógrafo que puso el foco ante la hambruna del África negra. A la postre, sus impactantes imágenes contribuyeron también a la condena mundial del apartheid. Carter fue el primero que retrató una ejecución mediante el sistema del collar, un anillo de gasolina alrededor del cuello de la persona a la que se prendía fuego. “Lloraba desconsolado por ser un surafricano blanco que siempre fotografiaba a personas negras muertas”, decía uno de sus amigos.

Difícilmente el periodista puede permanecer ajeno a lo que ocurre a su alrededor, pero no puede perder la perspectiva decantándose de un lado o de otro. Manfredi considera que los profesionales tienen que involucrarse en la sociedad y abordar historias de interés público, es decir, que beneficien el progreso.

Pero el periodista tampoco debe tener privilegios, al margen de derechos específicamente reconocidos en todo el mundo desarrollado como el secreto profesional o la cláusula de conciencia. “Como cualquier otro ciudadano, deben estar sujetos a la legislación vigente”, enfatiza el asesor de comunicación y consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí. Pero observa que “no es lo mismo un reportero de guerra (que puede ser víctima de las mismas balas que los protagonistas de sus fotografías, o un reportero en una manifestación o frente a la violencia extrema de las fuerzas de seguridad, por ejemplo) que alguien que no auxilia (activa o pasivamente) a una persona en peligro”. En el caso del fotógrafo del metro de Nueva York, entiende que debería haber soltado la cámara y acudir en su auxilio.

El informador no puede permanecer ajeno ni tampoco tomar partido

La prensa se ha llevado otro gran varapalo a cuenta de la real broma. Según explica Gutiérrez-Rubí, si suplantar a una persona es falta o delito, lo es también para el periodista. E igualmente si se atenta contra el derecho a la intimidad. “Indagar en información de carácter reservado y suplantar una identidad para sacar un beneficio está penado en el Código Penal. Y los periodistas no pueden dotarse de impunidad adicional”, explica.

Hacerse pasar por otra persona para obtener una información, no es ético ni legal. Es lo que hicieron dos locutores de la emisora de radio australiana 2DayyFM. Los autores de la llamada falsa adujeron que se trataba de una broma y pidieron perdón la familia de Jacintha Saldanha, la enfermera que se suicidó. La cadena, que canceló rápidamente el programa (Hot 30), se declaró apenada por el “imprevisto y trágico” desenlace de lo que en principio se planteó como una broma. Pero parece obvio que algo falló. La emisora no supo explicar por qué salió al aire esa llamada. Sí aseguró que trató de contactar con el hospital en el que estaba ingresada Kate Middleton antes de que la falsa llamada saliera en antena, pero no aclaró los motivos por los que se emitió la grabación sin contar con autorización de los afectados.

Esa es la clave. Gutiérrez-Rubí reconoce que suplantar identidades “es parte de las bromas radiofónicas más frecuentes... pero al final se desvela el truco, el engaño”. Porque “engañar y no desvelar el truco otorga una intencionalidad inaceptable”.

Bromas han existido desde que se inventó la radio, aunque no siempre se han emitido. Hace casi dos años, un locutor de Catalunya Radio logró hablar con el Rey haciéndose pasar por un representante del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Dijo llamar en nombre del señor Mas (en realidad se refería a Pere Mas, director del programa Tot és molt confús, Todo es muy confuso). El imitador y el Rey hablaron amigablemente, pero la cadena decidió omitir la grabación. Catalunya Radio, de carácter público, alegó motivos deontológicos porque su libro de estilo prohíbe expresamente difundir este tipo de bromas si el afectado no está de acuerdo. Aunque finalmente, una filtración hizo que el audio se propagara hasta el infinito a través de YouTube.

Mentir y hacerse pasar por otro no son armas legítimas para informar

Menos contemplaciones tuvo la Cope cuando en 2005 emitió una conversación en la que un falso Zapatero (entonces presidente del Gobierno) llamaba a Evo Morales, mandatario electo de Bolivia. La embajada de ese país presentó una queja formal ante la Cope por considerar que la llamada sobrepasaba los límites de la broma para convertirse en una ofensa al pueblo boliviano. Aquella grabación del impostor de Zapatero (un humorista del llamado Grupo Risa) a punto estuvo de generar un conflicto diplomático.

Pero hay bromas pesadas y bromas light. Xavi Rodríguez, director del programa Anda ya! (Cadena 40), se distancia del caso de los locutores australianos, “que perseguían obtener una información que por otros medios no podían conseguir”. En Anda ya! hay siempre un gancho. “Generalmente es un familiar de la víctima quien nos pide que pongamos contra las cuerdas a esa persona, pero al final siempre se le dice que es una broma y se le pide permiso para emitirla”. Y si no hay autorización expresa, no hay difusión.

“Los locutores australianos han ido más allá de la broma”, admite Rodríguez. “Pero no haberle dicho a la enfermera que era una broma es no jugar limpio. No creo que sean responsables de su muerte, pero no han actuado correctamente”. En su opinión, no hace falta “ir tan lejos” para que el oyente se lo pase bien. “Una broma tiene que ser simpática. Se puede poner a las víctimas contra las cuerdas, pero sin pasarse. Hay que usar el sentido común”. Su programa suplanta a menudo a Eduard Punset para vacilar a las víctimas con teorías absurdas. “Las bromas llevan toda la vida en la radio. Han dado grandes momentos. Son divertidas, pero no podemos hacer que el espectáculo pase por encima de la persona”. De hecho, alrededor del 15% de las personas objeto de mofa radiofónica en el programa de Cadena 40 vetan su emisión.

A menudo, se tiende a confundir entre periodismo y entretenimiento, alerta el profesor Manfredi. “Cuando un tipo que hace una llamada telefónica desde un programa de radio para mofarse de alguien, eso no es periodismo, es espectáculo”. En la misma línea, el profesor de la Universidad de Navarra Francisco Pérez-Latre sostiene que hay que preservar la reflexión y la responsabilidad social, evitando “la presión por incrementar el número de entradas en la web o las audiencias”. Además cree que “hay que pensar sobre los efectos de los mensajes en las personas... Y eso es parte de la gestión en los medios”. “Es difícil hacerlo si solo se buscan los contenidos más sensacionales”, explica.

Los códigos indican que las bromas solo pueden emitirse con consentimiento

La supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a menudo a la inmoralidad y la ilegalidad, como ha demostrado en el Reino Unido el caso del News of the World, asegura el vicepresiente de la FAPE, Aurelio Martín. Así lo especifica el manifiesto por la defensa del periodismo de la FAPE (la Federación de Asociaciones de la Prensa Españolas), una entidad que refuerza los objetivos de la Comisión de Quejas, Arbitraje y Deontología, convertida en fundación. “Se trata de cumplir con la máxima ética y el mínimo jurídico, desde el autocontrol, en el que siempre insiste el presidente de este organismo y catedrático de Derecho de la Información, Manuel Núñez Encabo, autor del Código Deontológico de la FAPE, inspirado en el Código Europeo de Deontología del Periodismo” señala Martín.

Pero el problema es que los códigos deontológicos se convierten a menudo en papel mojado. “Son meras directrices”, reconoce Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo y Derecho a la Información de la Universidad de Sevilla, que ve el periodismo como una función “absolutamente esencial para la democracia”. Aunque en el caso de conflicto, está claro que debe prevalecer la protección de la vida y la integridad de las personas sobre el derecho a la información. Incluso si la persona estuviera muerta. Guichot recuerda la sentencia del Tribunal Supremo que en el caso de las imágenes sobre la cogida mortal del torero Paquirri determinó que esos momentos pertenecen al reducto de la intimidad de las personas. “Es la última esfera de su intimidad y debe quedar salvaguardada”, dice.

Distinto fue el caso de la niña Omayra Sánchez, que permaneció durante tres días atrapada entre piedras y palos con el cuerpo anchado en el fango y el agua hasta el borde la boca. Fotógrafos y equipos de televisión registraban segundo a segundo los trabajos del Ejército para intentar liberarla. Pero enmudecieron al llegar el fatal desenlace.

Los colegios de periodistas se afanan en reforzar el compromiso ético de la profesión con llamadas de atención sobre asuntos controvertidos. Por ejemplo, la Asociación de la Periodistas de Valladolid (APV) ha mostrado su preocupación por el aumento de la presencia de información sobre suicidios en los medios de comunicación. Reconoce que la crisis está provocando situaciones desesperadas en muchas personas y que han aumentado los casos de suicidio por motivos económicos. Unas muertes que, según la APV, se convierten en noticia por el contexto y las causas que las producen, pero que en su opinión deben ser tratadas con especial responsabilidad por los medios de comunicación. Los límites a veces son difusos, pero nadie cuestiona que tratar una noticia con rigor, exactitud y delicadeza puede salvar vidas.