El Ministerio de Sanidad informa... de que cumple la ley

El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales ha sacado una nota de prensa para contar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación que ha elevado en 117 millones la dotación para el sistema de la dependencia. ¿Quiere esto decir que ha acabado la crisis? No, se trata, simple y llanamente, de costear las ayudas a las que tienen derecho 21.252 dependientes que se han incorporado al sistema este año, según sus datos. De no hacerlo así, el ministerio estaría incumpliendo la ley. Si hay 100 jubilados más el Gobierno tiene obligación de pagarles la pensión. Pues lo mismo.

La propia nota de prensa reconoce que es obligación del gobierno. Así que, el ministerio comunica a los ciudadanos que está cumpliendo la ley. “Como quiera que resulta prioritario preservar el modelo de dependencia incluso en adversas condiciones económicas, el Gobierno cumple una ley con la que está comprometido plenamente”. Pero es que, además, tampoco es cierto que la ley se esté cumpliendo, porque hay 231.000 personas a las que se les ha reconocido dependencia que siguen esperando por sus ayudas, a las que tienen derecho. Y muchas de ellas están muriendo sin conseguirlas. Esa es la razón, en parte, de que baje esta lista de espera. Es como si un jubilado muriera esperando que le pagaran su pensión.

El ministerio se congratula en esta nota de prensa, además, de que las medidas que se decretaron en julio y los recortes en los presupuestos que afectaron gravemente a esta ley “están mostrando ya algunos resultados”: se ha conseguido un “ahorro”, dicen, de 835 millones. Y lo explican: se debe a la supresión de una partida entera de la financiación de la ley (305 millones); a que ya no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social de miles de mujeres que cuidan a sus familiares dependientes en casa, como se venía haciendo hasta agosto (330 millones); y a que a estas mujeres se las ha recortado la ayuda que recibían por ello un 15% (220 millones).

Estos recortes en servicios sociales, que en algunos casos están afectando a familias que viven en condiciones muy precarias, es lo que el ministerio califica de “ahorro”. Visto así, tienen razón: si en lugar de recortarles la prestación un 15% la hubieran recortado un 50% el “ahorro” habría sido mayor.

Lo mismo que el Ministerio de Educación insiste en que los recortes no afectarán a la calidad educativa, el de Sanidad afirma en esta nota que a pesar de “estas medidas, centradas en la reducción del gasto”, el sistema sigue funcionando. Es más, el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, ha afirmado recientemente que el sistema de la dependencia “está más vivo que nunca”. Hasta los dirigentes populares en algunas regiones desmienten esto en privado. El sistema está prácticamente parado, mortecino desde hace tiempo, aquejado de una falta de fondos que hace prácticamente inviable conceder las muchas ayudas que se deben.

El ministerio dice, por último, que pagar lo que les deben por ley a los dependientes (esa ampliación de presupuesto de 117 millones) “beneficia especialmente al colectivo de personas con discapacidad y “rubrica así la defensa que el Gobierno hace de este colectivo”, que, por cierto, se manifestarán en Madrid el domingo. Miles de discapacitados y sus familias llegados de toda España marcharán en protesta porque no reciben el dinero que les debe la Administración.