Grietas en la lucha contra la violencia machista

La crisis y los recortes también están pasando factura en la lucha contra la violencia machista. El tijeretazo de las administraciones se traduce en pocos medios para la prevención de esta lacra, menos recursos para asesorar a las víctimas —abogados gratuitos, servicios de orientación— y también para asistirlas. Solo en campañas de prevención el Gobierno ha recortado más de un 21%, a lo que se añade otro 18% en los fondos para políticas de igualdad; una pauta que se repite en las comunidades y ayuntamientos, que también han reducido programas y subvenciones a organizaciones especializadas. Embates que están abriendo pequeñas grietas en la red de protección a las maltratadas, según los expertos. Y no ayudan a taponarlas ni las negras perspectivas económicas para 2013, ni factores como las nuevas tasas judiciales, que suponen duras trabas para las víctimas.

El Gobierno cree, sin embargo, que a pesar de que hay menos fondos, el sistema de protección se mantiene en buen estado. Blanca Hernández, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en que el recorte en la partida del Estado destinada a estos temas se ha aplicado a cuestiones que no afectan directamente a las mujeres, sino a viajes, reuniones, impresión de documentos... Tampoco cree que el tijeretazo de las autonomías, quienes financian de manera directa los servicios, haya agujereado la red. “Al margen de que las comunidades autónomas hayan tomado la decisión que hayan tomado, el sistema se mantiene. Además, vamos a ser muy escrupulosos en que las transferencias para las comunidades, que son quienes tienen las competencias, vayan a la atención de las mujeres”, dice.

Hernández insiste en que las víctimas de violencia de género tienen que escuchar de las administraciones y de todos los actores sociales un mensaje positivo que les ayude a salir de la violencia. “Es arriesgado que puedan sentir miedo y desprotección. Tienen que sentir y saber que los recursos están ahí. Que sepan que puedan confiar en el sistema de protección, porque las ampara. Deben sentir y saber que hay muchos medios a los que pueden recurrir”, recalca.

Este año, los machistas se han llevado por delante la vida de 43 mujeres. Con todo, 2012 se presenta con uno de los mejores datos de los últimos tiempos. En el mismo periodo de 2011, 54 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas; en 2010 fueron 65. Sin embargo, el éxito de las políticas contra esta lacra no se puede medir por el número de víctimas, recuerda Susana Martínez, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos. Así, ella y otros expertos, como Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, advierten de que en absoluto se puede bajar la guardia.

Por eso, les preocupa mucho el deterioro de los servicios. “Se está empezando a ver, y corremos el riesgo de que esto suponga un retroceso irrecuperable”, apunta Martínez. La poda se ha dejado sentir en casas de acogida que tienen ahora menos fondos y personal, ha provocado la desaparición de proyectos de prevención de la violencia —como los cursos de reeducación de maltratadores—; y este año, además, ha adelgazado las campañas de sensibilización.

Tampoco los servicios de orientación jurídica a maltratadas se han librado. A lo que se añade la escasez cada vez más aguda de abogados de turno de oficio. Algo que confirma Isidro Moreno, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Este año, dice, entre la escasez crónica y las huelgas por los impagos de la administración ha habido días en los que no había ningún letrado de guardia en Madrid. Y otros en los que solo un abogado se ha ocupado de la defensa de todas las víctimas. “Lo que está ocurriendo disminuye mucho la calidad del servicio que se presta”, dice.

Las cosas no van a mejorar en 2013. La partida destinada a Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado llegará con otro bocado: un 24% menos para políticas de igualdad y un 6,8% menos para la lucha contra la violencia machista.

Con menos prevención, asesoramiento y programas de asistencia a maltratadas, a estas les costará, critica la abogada de familia Consuelo Abril, alejarse de la situación de violencia que sufren. Y a estas trabas, dice, se añadirá en las próximas semanas otra: con las nuevas tasa judiciales, un divorcio pasará a costar entre 300 y 800 euros, lo que dificultará a las víctimas romper el último lazo con su agresor. “Nada de todo esto contribuye a que las mujeres denuncien, al revés”, recalca Abril. Solo siete de las 43 víctimas mortales de la violencia machista había denunciado a su agresor, un 16,3%. Un porcentaje similar al del resto de los años que no se logra mejorar.

A pesar de que se presentan más de 134.000 denuncias al año, todavía hay una amplia bolsa de malos tratos oculta. Es preocupante que muchas mujeres no denuncien. También que su entorno tampoco lo haga: apenas el 1,5% de las denuncias por malos tratos proceden de familiares o amigos. A ellos precisamente se dirige la nueva campaña que la Policía Nacional inicia hoy. “El entorno tiene que denunciar. Entre todos podemos cambiar un poco esta realidad”, apunta Ana Bella Estévez, presidenta de la fundación de ayuda víctimas de violencia de género que lleva su nombre. Ella misma sufrió malos tratos por parte de su exmarido durante años. Ahora se define como una superviviente. “La única forma de que se proteja a la mujer es denunciando una injusticia. Y hay que ayudarla para que lo haga, sea acompañándola, guiándola o directamente denunciando una realidad de la que nadie puede ser cómplice”, pide.

Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, cree que la reducción en los capítulos de políticas de Igualdad demuestra que para el Gobierno la lucha contra la violencia machista no es una prioridad. “No se puede recortar en programas de prevención de la violencia de género ni en planes de protección. Todo esto incrementa el riesgo de las mujeres que sufren malos tratos y de sus hijos”, incide. “El Gobierno ha reducido gastos en campañas de sensibilización y ha eliminado recursos para la atención y apoyo destinado a las comunidades. Y comunidades como Castilla-La Mancha han recortado el presupuesto en más de un 40%, lo que afecta a planes de sensibilización y a la atención de mujeres o a las casas de acogida”, sigue. “Con este Gobierno las mujeres tienen menos confianza para afrontar la decisión de salir de una vida en violencia”, dice.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no lo cree en absoluto. Afirma que la erradicación de esta lacra es una apuesta fundamental del Gobierno. “Se está luchando mucho por aunar esfuerzos con las comunidades y las organizaciones, para que todos trabajemos en red. Es importante que se trabaje desde todos los ángulos, la protección, la prevención y la detección. Y sobre todo hacerlo con una idea: que las mujeres que están sufriendo la violencia estén en primer plano”, dice.

Hernández cree que aún hay que poner el acento en la atención a grupos especialmente vulnerables: mujeres que sufren alguna discapacidad, mujeres del ámbito rural, mujeres mayores. También en los menores que son, dice, muchas veces víctimas olvidadas; aunque muchas veces además de ser testigos sufren la violencia de manera directa. El Gobierno, explica, para tener una radiografía de la situación mucho más afinada, contabilizará a partir de ahora no solo el número de mujeres fallecidas. “También se recogerá información de las lesionadas y hospitalizadas; eso nos hará tener una visión mejor de esta realidad tan atroz”, dice.