El basurero está en el colegio

La elevada deuda del Ayuntamiento de Jerez, en Cádiz, se ha convertido en un verdadero castigo para su población. Esta semana le ha tocado padecer a los escolares de los centros públicos, que han recibido clase en aulas sucias y con baños poco higiénicos por la huelga de los servicios de limpieza contratados por el municipio.

Las trabajadoras de la concesionaria de este servicio iniciaron un paro indefinido el pasado lunes para reclamar el abono de las dos últimas nóminas. Con un conflicto sin visos de solución en el corto plazo y tras cinco jornadas consecutivas de paros, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha decidido decretar el cierre “por problemas de insalubridad” del aulario de infantil y de dos clases de primaria en cuatro escuelas.

Desde el pasado lunes ni se limpian los suelos ni se vacían las papeleras y los inspectores sanitarios que han visitado los centros consideran que los problemas de higiene no hacen factible la actividad educativa.

Ni siquiera los servicios mínimos han funcionado. Durante dos días, la empresa no repuso el material de limpieza. Los cuartos de baño de los 47 centros públicos de Jerez se han adecentado con agua clara y los colegios se han quedado sin papel higiénico.

Decenas de padres decidieron ayer no llevar a sus hijos a clase. En el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ciudad de Jerez se podía ver ayer en el suelo algún resto de vómito y en el Manuel de Falla los desperdicios desbordaban las papeleras. “Hay montones de basura, restos de comida, suelos sucios”, relataba ayer el portavoz de los padres del centro, Moisés Gálvez. “No han entrado más del 40% de los niños de infantil y, desde el lunes, protestaremos en las puertas del centro a diario para que alguien dé una solución”.

La de esta semana supone la segunda huelga en 2012 y la cuarta en poco más de un año. El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno autónomo que declare “la situación de emergencia” en los colegios y suspenda la convocatoria de huelga hasta el próximo martes para garantizar el derecho a la educación.

Desde la Junta de Andalucía se niega que exista “riesgo grave para la salud” y se subraya que no se puede hablar de emergencia con cuatro de 47 colegios con problemas de higiene. “Estaremos vigilantes. Ante un riesgo grave, lo advertiríamos”, explicaba ayer el delegado provincial de la Consejería de Salud, Ángel Acuña.

La alcaldesa, la popular María José García Pelayo, ordenó ayer el ingreso en las cuentas corrientes de las trabajadoras de una mensualidad y se comprometió a pagarles el resto para principios de noviembre. No será suficiente para frenar la protesta. Este colectivo de 200 operarias, que cobra tarde y mal desde hace casi cuatro años, ha advertido que no volverá a limpiar los centros educativos hasta que perciban todo lo que se les debe por su trabajo.

El escaparate de Jerez vuelve a ser su deterioro. Apenas dos meses ha durado la calma que inyectó en la ciudad el pago a los proveedores municipales de una deuda que se acumulaba desde hacía ya varios años y que alcanzaba ya los 328 millones de euros. Liquidado el préstamo del ICO habilitado por el Gobierno, los impagos del Ayuntamiento —que arrastra una deuda de más de 1.000 millones de euros— han sumido a la quinta ciudad de Andalucía en un permanente sobresalto y un deterioro colosal.

La Administración jerezana adeuda cinco nóminas a la plantilla de los autobuses urbanos, casi una mensualidad a los trabajadores del Ayuntamiento y dos salarios a los empleados de la televisión municipal.

A todo esto se añade que el Consorcio Provincial de Bomberos ha aprobado la expulsión de Jerez desde noviembre por una deuda de ocho millones de euros y la convocatoria de una huelga indefinida del servicio de limpieza viaria y recogida de basura para dentro de diez días tras haberse anunciado un Expediente de Regulación de Empleo en la concesionaria, Urbaser, para 125 personas tras el ajuste presupuestario municipal del 20%.

Jerez está asfixiada por las deudas y el Gobierno municipal ejecuta severos ajustes con el deseo de resolver los problemas de liquidez “en dos meses”. La alcaldesa ya ha aprobado un ERE en el Ayuntamiento para 260 personas y prepara otro en las empresas municipales para casi 150 más. García Pelayo ha eliminado todos los asesores del gobierno, menos uno; ha reducido los costes de la Corporación un 40%; ha bajado el salario de la plantilla municipal una media del 11,5%, y ha recortado la inversión en servicios públicos en un 20%. El gobierno local trata de cerrar sin éxito la privatización de la gestión del agua para captar 80 millones de euros.

Desde la alcaldía claman por ayuda. En campaña electoral, el PP prometió un estatuto especial para Jerez. El 14 de febrero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a “tutelar medidas para paliar la asfixia económica”. Hasta hoy.