Ecuación imposible

En contra de lo que defiende la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, España necesita políticos profesionales. Y suscribiendo casi al 100% la tesis de César Molinas sobre los desmanes de muchos de nuestros servidores públicos en su espléndido artículo Una teoría de la clase política española en El País, el pasado 10 de septiembre, considero que esos políticos profesionales deben tener, por supuesto, dedicación exclusiva y un sueldo digno; eso sí, sin privilegios distintos a los que tienen el resto de los trabajadores.

La maniobra de Cospedal, que también es secretaria general del Partido Popular, es extremadamente burda. Se propone retirar el salario a los diputados del parlamento regional —lo que perjudica fundamentalmente a la oposición, dado que la mayoría del PP tiene sueldo público, por ejemplo, en la Junta —, pero no incluye al Ejecutivo, es decir, a sí misma y los miembros de su gabinete. A renglón seguido, el portavoz del grupo popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, defiende a su jefa alegando que “quien ha vivido de la política toda la vida no es capaz de saber las necesidades de la gente”. ¿No es ese, acaso, el perfil de Cospedal y, sobre todo, el de Mariano Rajoy? Así son de tramposos y contradictorios los discursos populistas.

Los frecuentes casos de corrupción política, la crisis, la receta de la austeridad y la mala praxis en la función pública alimentan este discurso de la antipolítica cuando, en puridad, deberían tener la consecuencia contraria. Lo que aquí se necesita con urgencia son políticos profesionales que hagan su trabajo y, a ser posible, que lo hagan bien. Políticos que pongan coto a las exigencias de los mercados y que trabajen para quien realmente les paga, que es el contribuyente.

El sistema español nos ofrece permanentemente ejemplos de una forma de entender la política muy alejada de ese objetivo esencial. Y así, en nuestras democracias mediáticas, en la carrera del político no se valoran tanto sus logros como la cantidad de titulares que es capaz de cosechar porque eso es lo que le aportará más votos; algo sobre lo que deberían reflexionar no solo los políticos, sino la ciudadanía que les elige en las urnas.

Trabajar profesionalmente desde las instituciones públicas significa, por ejemplo, analizar las graves deficiencias del sistema educativo español para intentar corregirlas. Claro, eso, en un estado tan descentralizado como el español, no es una tarea sencilla. Requiere reunirse con los diecisiete consejeros autonómicos, consensuar políticas y corregir coordinadamente los fallos.

Es un problema con el que se enfrentan todos los ministros de dos de los más importantes pilares del Estado de bienestar: Sanidad y Educación. Con las competencias ya transferidas a las comunidades autónomas, algunos de los ministros de tales carteras consideran que la única manera de resolver los problemas del sector y, al tiempo, ocupar amplios espacios en los medios de comunicación es dictar nuevas leyes. Su amor por legislar es notable.

Durante esta semana hemos sabido que el sistema educativo español no prepara a los jóvenes para el mundo laboral, que el abandono escolar ha mejorado un poco pero que sigue siendo el más alto de la Unión Europea, que la baja proporción de alumnos en formación profesional es un lastre y que la desigualdad regional de la calidad educativa es de las peores del continente. Pues bien, la respuesta no es exhibir el trabajo en marcha y los proyectos de futuro para ir corrigiendo tales deficiencias. La respuesta, ideada ya desde el programa electoral del PP, es confeccionar una nueva ley, una gran norma legal que quizá no resuelva casi ninguno de esos problemas pero que dejará titulares y la impronta de quien detenta la cartera de Educación. Lamentablemente, José Ignacio Wert no es el primero en caer en la tentación.

Sí es el primero en lanzar un proyecto pomposamente titulado Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa al tiempo que impone el más duro recorte presupuestario que ha sufrido el sistema en los últimos 80 años. La ecuación es materialmente imposible. Que haya menos profesores, más alumnos por clase y menos becas ya era una mala noticia. Que, además, se fíe a un texto legal la mejora de ese sistema ahora tan castigado parece una tomadura de pelo.