El fiasco de las teles autonómicas
La crisis provoca el desmantelamiento de un modelo ficticio e insostenible Andalucía, Canarias y Cataluña cierran canales y Murcia solo emite enlatados
![Rosario G. Gómez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F8de4e6db-eabc-4ff5-9923-dd02063a46d3.png?auth=0fa7636ae4f38618d80fcd91bb9735f02b7253e77bb6c5be3f83193727db496f&width=100&height=100&smart=true)
![Los trabajadores de Telemadrid temen un ERE de Esperanza Aguirre.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/WUTEAEAV337KXHNUPJURVDNVQI.jpg?auth=f7a8f3a5ba2d641fbfcf8382552535ea654f5ed125b32a53dc4da1153077cb3d&width=414)
Utilizadas a menudo como instrumento de propaganda del Gobierno de turno y acusadas de despilfarrar el dinero de los ciudadanos, las televisiones autonómicas están en el punto de mira de los ajustes. Muchos dirigentes del PP aseguran que hay que meterles la tijera antes que recortar la sanidad o la educación. “Es un argumento tramposo”, dice un directivo de una cadena regional, que estima que el coste de los entes de radio y televisión ronda el 0,69% del presupuesto de las comunidades. Pero sin el dinero del erario, las autonómicas no podrían sobrevivir. Los impuestos les aportan el 75% de sus ingresos y el otro 25% procede de una menguante tarta publicitaria. Algunas se verán obligadas a recurrir al endeudamiento para acabar el año. Un balón de oxígeno que en empresas como la RTV Valenciana se ha convertido en una trampa mortal: acumula una deuda de más de 1.200 millones de euros, que a la postre tendrá que asumir la comunidad. O sea, los ciudadanos.
No todos los entes tienen el mismo modelo de gestión ni la misma ambición. El de Aragón, por ejemplo, cuenta con una plantilla mínima (en torno al centenar de trabajadores) y externaliza prácticamente toda su producción. En el otro extremo está la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, convertida en un verdadero monstruo. Con 2.800 empleados, seis canales de televisión y varios de radio, duplica la plantilla de Mediaset España, que con 1.100 trabajadores pone en el aire siete cadenas (Incluida Telecinco) de cobertura nacional. Para reducir costes, la autonómica ha anunciado la fusión a partir del 1 de octubre de dos canales, el infantil 3XL y el cultural C33, lo que supone bajar a seis la oferta de emisoras y ahorrar 12,4 millones de euros. Pero fuentes de TV-3 aseguran que en 2013 el ajuste afectará de lleno a la partida de personal, que absorbe alrededor del 40% del presupuesto. Auguran que se planteará un expediente de regulación de empleo (ERE) que tocará al 50%. “La plantilla ha ido aumentando en los tiempos de bonanza, cuando se crecía en gastos y en ingresos”, dice un exalto cargo del grupo catalán. Para adelgazarla, una de las opciones que se barajan es desplazar empleados a las productoras privadas que con mayor intensidad trabajan para TV-3.
En un contexto de crisis generalizada, todos los entes se han apretado el cinturón. Los 12 adheridos a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) han sufrido un ajuste del 30%, lo que se traduce en 300 millones de euros menos en los presupuestos de este ejercicio, según los datos de ese organismo. De 900 millones previstos antes de que algunas comunidades pidieran el rescate al Estado se ha pasado a 600. Un hachazo que amenaza con destruir un modelo que, con los años, se ha revelado ineficaz e insostenible.
Murcia ilustra ese espejismo. Con una población de 1,4 millones de habitantes, la región quería una televisión autonómica y la tuvo. El Gobierno se la adjudicó a un consorcio de constructoras creyendo que dándoles licencias para que sembraran la comunidad de ladrillos financiarían la televisión. El modelo funcionó en los tiempos de bonanza pero la burbuja inmobiliaria se ha llevado por delante 7RMurcia tras seis años operando. Desde hace unas semanas solo emite programas enlatados y el 95% de sus trabajadores están afectados por un ERE. El Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel ha decidido rescindir unilateralmente el contrato con la productora GTM y ha puesto en marcha otro ERE que afectará a 250 profesionales —solo se salvarán 14—,
Los trabajadores de Telemadrid temen un ERE de Esperanza Aguirre
el primer paso para su desmantelamiento total.
Son tiempos de vacas flacas y toca austeridad. Con 10.000 empleados, las autonómicas han dejado atrás los tiempos en los que pujaban a golpe de talonario por los derechos del fútbol o el cine americano. Ahora buscan acuerdos con TVE (ahogada también por la rebaja de 200 millones) para compartir coberturas, derechos de propiedad intelectual, asistencias técnicas y producciones. Los recortes han llegado también a los salarios. Al director general de RTV-Andalucía, Pablo Carrasco, la Junta le ha rebajado el sueldo a 59.594 euros anuales, menos de la mitad de lo que cobraba. Y menos de la mitad también de los 120.000 euros que, según denuncian los socialistas, percibe Nacho Villa, director general de la RTV de Castilla-La Mancha. La portavoz socialista en el Consejo de Administración, Esmeralda Muñoz, pidió esta semana a Villa que se rebaje su retribución “en coherencia con las últimas propuestas que viene realizando Cospedal, como la de dejar sin sueldo a la oposición [y al resto de diputados] para que no puedan ejercer su labor legítima y política de controlar al Gobierno”.
Pero las cuentas de las autonómicas no cuadran. En parte porque los Gobiernos regionales les han reducido la aportación financiera y en parte por el impacto de la crisis publicitaria, que afecta a todos los medios de comunicación, aunque con especial intensidad a las televisiones autonómicas. En el primer semestre del año su facturación ha caído el 38%, según las estimaciones de la consultora Infoadex, que sitúa la inversión entre enero y junio en 71,9 millones de euros frente a los 116 del mismo periodo del año anterior. Asfixiadas por la crisis publicitaria, se ven abocadas a elegir entre la jibarización, la privatización o el cierre.
Es lo que ya ha hecho El Dos (la segunda marca de la televisión canaria) y lo que hará Canal Sur-2. Otros operadores, como Telemadrid, irán a la privatización. El presidente de turno de la Forta y director general de RTV-Aragón, Jesús López Cabezas, considera que “hay que volver a los cuarteles de invierno”. “Cuando hay problemas hay que salvar lo fundamental, y el primer canal es la prioridad; los otros son complementarios. Todos empezamos con un canal”. Afirma que las televisiones son un fiel reflejo de la comunidad de la que dependen. “Algunas pasan por un periodo de incertidumbre y otras atraviesan por una situación más estable”.
La facturación publicitaria ha caído el 38% en el primer semestre
Galicia o Aragón están en ese segundo bloque. Además de tener sus cuentas saneadas gozan de audiencias por encima del 10%. En el otro extremo está la valenciana Canal 9 o Telemadrid. Esperanza Aguirre quiere anunciar en persona a los sindicatos del ente sus planes. Los trabajadores temen un ERE de dimensiones similares al de la Radiotelevisión Valenciana, que afecta al 70% de una plantilla de 1.600 miembros. El ente madrileño tiene casi 1.200 empleados, de los cuales el 10% son “directivos, jefes y contratados a dedo fuera de convenio que se llevan del 30% de los gastos de personal”, según los sindicatos. El desmantelamiento de Telemadrid no es percibido por sus trabajadores como una cuestión económica. “No va a suponer un ahorro a los madrileños, sino que se trata de una decisión política del Gobierno del PP de Esperanza Aguirre, que antes de malvender, privatizar y externalizar el ente público ha utilizado Telemadrid y Onda Madrid a su antojo para conseguir sus objetivos políticos”.
“Hay que empezar a pensar que somos un servicio público y relanzar la cooperación para dejar de actuar con el gorro de cada comunidad”, comenta el director general del ente aragonés. López Cabezas defiende las televisiones autonómicas, aunque admite que no tienen sentido “si no cumplen un servicio a la ciudadanía”. “Hemos caído en la trampa del share [la cuota de audiencia] y el share es un indicador empresarial, de gestión privada, para que el anunciante vea la rentabilidad de sus inversiones publicitarias”.
Pero sin audiencia, las televisiones están tocadas de muerte. Las autonómicas de Andalucía, Canarias y Cataluña han optado por ajustar su oferta y ahorrar costes. Canal Sur-2 dejará en octubre de emitir programación propia para repicar la señal de Canal Sur. Aprovechará para ofrecer los contenidos en sistemas accesibles para los discapacitados. Esta solución no salvará de los números rojos a la RTV-Andaluza, pero aliviará sus finanzas. Ahorrará 20 millones de euros a finales de 2013. Su responsable dice que el ente “no puede costear la producción de dos señales diferentes”. Los programas de servicio público se trasladarán al primer canal y los contratados con productoras externas se eliminarán.
Desde la Forta, su secretario general, Enrique Laucirica, afirma que como cualquier otro servicio público, las autonómicas están haciendo un esfuerzo “para adaptarse a la grave situación económica con un espíritu constructivo, solidario y responsable”. Pero juegan en un terreno inhóspito. Si las televisiones nacionales tienen graves dificultades para sobrevivir en un mercado de 45 millones de habitantes, para las regionales es mucho más complicado. ¿Cuál es la masa crítica de telespectadores para ser rentable? El PP vasco parece tenerlo claro: propone privatizar todos los canales salvo ETB-1, que emite en euskera. Justo el que menos audiencia tiene: un 2,3% frente al 10,2% de ETB-2, que se difunde en castellano.
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