Patxi López: “No aceptaremos ni el 1% de marcha atrás en educación”

Los Gobiernos del País Vasco y Cataluña han rechazado este viernes de plano que el Ejecutivo central recorte el margen de actuación de las comunidades a la hora de fijar los contenidos escolares, como dice el borrador de reforma educativa en el que está trabajando el Ministerio de Educación, y al que ha tenido acceso este periódico. El más contundente fue el lehendakari vasco, Patxi López. “No aceptaremos ni el 10% ni el 1% de marcha atrás” en educación, dijo. “La recentralización ideológica”, además de “una invasión de competencias”, supone “desvirtuar la formación ciudadana crítica, ética, solidaria e integradora”, añadió.

Según el borrador de la propuesta (sobre el que no han querido pronunciarse ni el Ministerio de Educación ni la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría), el Estado fijará “los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas”, los cuales requerirán “el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan”. Actualmente, la ley establece unos porcentajes del 55% y el 65%, respectivamente.

Algunos maestros temen un retroceso en los métodos de enseñanza

La propuesta no ha gustado tampoco nada a la Generalitat Catalana (CiU), que optó por la prudencia a la espera de ver cómo queda el texto. Pero sí advirtió de modo tajante que rechazará cualquier intento de reducir el margen de actuación autonómico, como lo es también —denunciaron— la implantación de una reválida igual para alumnos de todo el Estado. “No estamos dispuestos a aceptar una invasión de competencias”, dijo una portavoz. Por su parte, la consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno (PSOE), pidió al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que no realice “una reforma de manera arrebatada; la educación merece mucho diálogo, la opinión de muchos expertos y la mayor participación social”, señaló. Su homóloga en el País Vasco, Isabel Celáa, llegó a pedir la dimisión de Wert, porque “no es capaz de gestionar la educación”.

Otras comunidades, como Galicia (gobernada por el PP como el Ejecutivo central) declinaron comentar este punto de la reforma hasta tener el texto en sus manos. El borrador todavía no se ha aprobado, justificó el vicepresidente valenciano, José Ciscar (PP).

El plan del Gobierno apuesta por “la educación como selección y no como mejora” y por la “segregación”. Las palabras son de Patxi López, pero coinciden con la visión de numerosos especialistas sobre esta reforma legal que adelanta la elección de los alumnos hacia la FP, crea un nuevo título de formación profesional dentro la enseñanza obligatoria (FP Básica), y establece reválidas al final de la ESO y el bachillerato. Otros, sin embargo, aplauden esa elección temprana y los exámenes como base para la mejora.

Pero sin duda uno de los puntos más polémicos del borrador es ese cambio en los contenidos comunes que fija el Estado. “En realidad, en comunidades sin lengua cooficial, como Madrid, ese margen tampoco significa mucho en el día a día de los centros”, explica el director de instituto madrileño Félix Torres. Sin embargo, añade, en las comunidades con lengua cooficial quizá sí afecta más, no solo en los enfoques de materias como Historia o Filosofía, sino porque realmente necesitan tiempo para encajar la enseñanza de tres idiomas (castellano, la lengua propia y la lengua extranjera) o incluso cuatro: “En Baleares están apostando muy fuerte por el inglés y el alemán”, explica Torres.

Desde Cataluña, el director de la escuela Joan Sallarès i Pla de Sabadell (Barcelona), Francisco Salmerón, duda de que un incremento de control por parte del Estado implique que se impartan menos horas de Historia o Literatura catalana. “En cambio, sí te pueden obligar a dar más horas de Lengua o de Matemáticas. También pueden marcar el camino de retroceso hacia clases más magistrales y teóricas”. Algunos directores, que prefieren no aparecer con nombres y apellidos, de hecho quitan hierro al intento del Gobierno de aumentar su influencia sobre el sistema educativo, pues los centros siempre tienen su propio margen de autonomía para acabar haciendo lo que crean conveniente.

CC OO y UGT rechazan de forma general un cambio que, aseguran, significa una marcha atrás. “Supone un retroceso a un modelo escolar trasnochado, más propio de los últimos años del franquismo que del siglo XXI”, decía CC OO en una nota. También rechazan la idea plasmada en el borrador de que la Administración podrá cambiar de función, de etapa y de centro a los docentes de la enseñanza pública, incluso contemplando los que impliquen “traslados forzosos” de domicilio. “Esto significa que el profesorado estará al servicio del Gobierno y no al de la sociedad”, dice Carlos López Cortiñas, responsable de Educación de UGT, que asegura que llevará el tema a sus servicios jurídicos porque ese punto requerería “cambiar el Estatuto del Empleado Público”. También advierte Nicolás Fernández Guisado, de Anpe, que esa iniciativa “puede acabar en litigios”.

Con información de Manuel Planelles y J. A. Aunión.