Madrid reclama al Ministerio que ponga en marcha las pólizas para sin papeles

Los "convenios especiales" que el Ministerio de Sanidad quería ofrecer a los inmigrantes en situación irregular, y por tanto sin derecho a la asistencia sanitaria ordinaria, para poder ser atendidos en la red pública en igualdad de condiciones con los residentes legales aún no existen. Se trata de una especie de pólizas (710 euros al año para los menores de 65 años), similares a las de los seguros privados, que se regularán en una orden cuyo borrador llegó a las comunidades autónomas a principios de agosto. Nada más se ha sabido de estos convenios, que el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, considera "una buena opción". De hecho, al ser preguntado por ellos esta mañana, ha asegurado haber pedido al Ministerio que los ponga en marcha "cuanto antes".

El borrador de orden establecía que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). "Es una opción que es bueno que exista y me consta que el Ministerio está trabajando con toda la celeridad posible", ha afirmado Lasquetty tras una rueda de prensa de balance de la actividad de trasplantes en la región. "Requiere un cierto tiempo de tramitación y confío en que pronto podamos verla publicada en el BOE y ofrecerle esa opción a las personas que puedan cogerse a ella", ha añadido el consejero.

Lasquetty no ofrece datos sobre el número de tarjetas sanitarias que han sido desactivadas en Madrid

Lasquetty no ha ofrecido datos sobre cuántas tarjetas sanitarias han sido desactivadas en la región tras la entrada en vigor del real decreto 16/2012, que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular (salvo urgencias, menores y embarazadas). Según ha explicado, aunque los tuviera, ha afirmado que no se trataría de una cifra muy fiable. "Esa tarjeta estaba vinculada al empadronamiento. Los inmigrantes deben renovar el censo a los dos años, por lo que la Administración sólo se entera de que una persona que tuvo tarjeta sólo dos años después", ha asegurado.

"Eso era indicativo en un contexto de aumento de inmigración, como el que hubo desde 1998 hasta el 2007. Pero en los últimos dos años me consta que hay muchas personas que han abandonado España porque no hay trabajo ni oportunidades", así que muchas de las tarjetas que se den de baja corresponderán a personas que ya no viven en Madrid, ha añadido. En otros casos, según Lasquetty, se puede haber tratado de personas que vinieron con el único propósito de recibir atención sanitaria o quirúrgica y que, tras recibirla, volvieron a sus países. El consejero ha señalado que las historias clínicas de todas las personas permanecen en el sistema aunque carezcan de tarjeta sanitaria. "Cuando vuelvan a tener contacto" con la red pública, "se vuelve a tener acceso" a sus datos, ha añadido.

Lasquetty ha respondido también a las informaciones que apuntan a que las mamografías podrían desaparecer de la cartera básica de servicios sanitarios. Ha asegurado que en ninguna reunión se ha hablado de ese tema. "Lo que hay en marcha es una revisión de la cartera de servicios, que formó parte del programa de investidura del presidente del Gobierno y que la ministra de Sanidad está trabajando en ello. Creemos que es necesario y lo que ha hecho el Ministerio es, después de escuchar la opinión de todas las comunidades, abrir grupos de expertos, que son los que van a formular análisis para que en el seno del Consejo Interterritorial se tomen las decisiones que procedan", ha afirmado. Madrid también ha señalado a un grupo de expertos "especializados y de prestigio", ha añadido, y ha asegurado que dado que el Ministerio pidió la lista en agosto no cree que hayan empezado a reunirse aún.