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Las eléctricas dejan caer Garoña

La nuclear incumple la ley al no haber comunicado su clausura en julio de 2013

Las eléctricas intentan culpar al Gobierno del desinterés por la inversión

Concentración de ecologistas en las puertas de la central nuclear de Garoña para pedir el cierre inmediato de la planta.
Concentración de ecologistas en las puertas de la central nuclear de Garoña para pedir el cierre inmediato de la planta. EFE

Las dos mayores eléctricas, Endesa e Iberdrola, han dejado caer a la central nuclear de Garoña, la más antigua del país y gemela del primer reactor de Fukushima. Después de años de prometer que garantizarían el empleo y vender las bondades de la nuclear, han superado el plazo para pedir la prórroga sin mover ficha. No les ha importado dejar en muy mal lugar al Gobierno (que se ha empeñado hasta las cejas en la prórroga de la central). Según anunciaron la medianoche del miércoles, se reservan el derecho a pedir la prórroga más adelante, algo inviable legalmente, según coinciden el Ministerio de Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Además, Endesa e Iberdrola vulneran con su nota de prensa la legislación nuclear, que obliga a comunicar el cierre de una planta con al menos un año de antelación. Garoña sigue con la fecha de cierre en julio de 2013 —la que fijó Zapatero— y no hay prórroga en trámite, algo ilegal.

La central no quiso comentar ayer su incumplimiento de la legislación.

Endesa e Iberdrola —en esta ocasión hay que diferenciarlas de Nuclenor, la empresa que opera la central y que poseen al 50% porque esta sí quería seguir— sostienen que no piden la prórroga por la “incertidumbre regulatoria” que ha generado el Gobierno con su anuncio de nuevos impuestos a las nucleares (algo que pide la Comisión Europea). Pero añaden que, “en caso de que se despejaran estas incógnitas en torno a la viabilidad económica de la central, estaría en condiciones de solicitar la renovación”.

Sin embargo, las eléctricas saben que eso no está en su mano. La prórroga nuclear es un procedimiento tasado y regulado, como defendieron hasta la saciedad en su recurso en la Audiencia Nacional contra el Gobierno del PSOE cuando decidió cerrar Garoña en 2013. Para ello, el Ministerio de Industria tendría que aprobar otra orden ministerial. Eso no solo obligaría a buscar una difícil justificación y dejaría aún peor al Gobierno del PP, sino que precisaría de otro periodo de alegaciones —el caso va a acabar en la Audiencia y la tramitación ha de ser escrupulosa—.

Eso retrasaría el proceso aún más y dejaría al CSN sin tiempo para analizar el expediente. El CSN, además, no responde ni siquiera indirectamente del Gobierno. Hay cinco consejeros (dos propuestos por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU) y en los últimos años, cuando se ha dividido el voto, no ha sido por partidos. Su visto bueno no está en la mano del ministro de Industria, José Manuel Soria.

El CSN ya había hecho saber a Industria que el 5 de septiembre era el plazo límite para recibir los papeles. El Consejo debe tener su informe el 5 de junio del año que viene y siempre pide a las empresas un año. Aquí ya había relajado la mano a nueve meses, y es difícil que las direcciones técnicas firmen dictámenes con menos tiempo. El ministro de Industria se pronunció el miércoles en el Congreso sobre esta cuestión: “¿Por qué no hemos autorizado el aplazamiento para decidir la prórroga que han solicitado los operadores? Existe un informe en contra de esa pretensión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y, desde luego, el Gobierno no es ni pronuclear ni antinuclear”.

Según fuentes del sector, al no pedir la prórroga en plazo, las eléctricas saben que han condenado a Garoña. Dichas fuentes esgrimen que si el problema fuera la incertidumbre regulatoria habrían solicitado la prórroga y decidido qué hacer cuando la hubieran conseguido (entonces, previsiblemente, ya sabrían qué nuevos impuestos deben pagar).

Fuentes del sector interpretan que Endesa e Iberdrola han renunciado a Garoña ante las enormes inversiones en seguridad que debían realizar como consecuencia del accidente de Fukushima, de rentabilidad dudosa y de difícil financiación. A eso hay que añadir dos grandes exigencias de seguridad de las que quedó eximida en 2009 porque solo iba a funcionar cuatro años más. La empresa no ha dado sus cálculos, pero fuentes del sector cifran la inversión necesaria en unos 100 millones de euros. Como muestra, una central suiza idéntica ha anunciado que invertirá 140 millones para seguir operando.

Sin embargo, después de años prometiendo que mantendrían el empleo en la central y que la nuclear era muy barata, Endesa e Iberdrola han preferido culpar al Ejecutivo y no asumir directamente el cierre. La inesperada decisión se tomó el mismo día en una reunión entre las dos compañías y supone un duro golpe para los técnicos e ingenieros, ya que Garoña era considerada un modelo de gestión.

Además de buscar un procedimiento imposible, con su decisión las eléctricas incumplen la legislación nuclear. El artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de 1999, establece que “el titular de una autorización de explotación comunicará al Ministerio de Industria, al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar con carácter definitivo la actividad para la que fue concebida la instalación”. Plazo que Garoña supera con creces.

Las llaves de una nuclear no se pueden entregar el día antes del cierre. La clausura de Zorita se decidió en 2003 y se cerró en 2006. Hubo tres años para preparar el desmantelamiento.

La prórroga de Garoña siempre se vio como una forma de abrir camino a las demás. Si una nuclear idéntica a Fukushima conseguía funcionar 10 años más de los 40 para los que fue diseñada, el resto, que son mucho más modernas, no tendrían ninguna pega. Pero ahora ese aliciente es menor. El Gobierno ha anunciado que concederá ya 10 años más de permiso a las centrales (lo que les garantizaría una indemnización si un futuro Gobierno decide cerrarlas).

La renuncia deja en mal lugar al PP y en especial al ministro de Industria, que desde que llegó al cargo siempre ha defendido que España no podía prescindir de Garoña por cuestiones económicas y de seguridad energética por ser “una fuente barata”. Al no aprobar la reforma energética, el balance de Soria hasta el momento en energía se resume en intentar prorrogar la nuclear de Garoña y en la moratoria a las renovables.

Pero no es solo él. Rajoy visitó Garoña en octubre de 2009 y dejó claro: “Con el PP en el Gobierno Garoña no se cerrará”. La ambigüedad de Rajoy en la oposición nunca existió en el tema nuclear. Ni con Fukushima cambió el PP el discurso pronuclear. La ironía es que el cierre de Zorita lo decidió el Ejecutivo de Aznar y es con Rajoy cuando Garoña renuncia a su actividad.

Por otro lado, la previsible clausura da a ecologistas y antinucleares una baza con la que no podían ni soñar. Garoña no cierra por cuestiones de seguridad (aunque el CSN investiga si tiene los graves problemas aparecidos en la vasija de una nuclear belga con la que comparte fabricante), sino porque a sus propietarios no les es rentable invertir en ella.

En un país en el que se puede cambiar la Constitución en 15 días todo es posible. Pero salvo giro de ese calibre, Garoña está tocada de muerte.

Una región sin plan

El futuro de la comarca de Garoña, al norte de Burgos, es cada día más incierto. Marià Vila, gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), critica que ahora la zona se queda sin nuclear y sin plan de desarrollo: “Estábamos tranquilos porque parecía que seguiría funcionando. Ahora, ¿quién va a compensar a los pueblos?”.

El Ejecutivo del PSOE diseñó en 2009 un plan de desarrollo que incluía un parador nacional. Pero no realizó las inversiones. El PP criticó duramente ese “plan Garoña”.

El inesperado fin de Garoña también desmonta algunos argumentos de las eléctricas. En el pleito contra la decisión del PSOE de cerrarla, Endesa e Iberdrola pidieron 951 millones por el lucro cesante. Es una cifra fabulosa, muy superior a la inversión requerida ahora en seguridad o a los impuestos que vaya a imponer el Gobierno del PP.

Uno de los peritos que realizó el cálculo fue Fabrizio Hernández, que poco después fichó como secretario de Estado de Energía. El caso derivó en que la abogada del Estado que defendía a Industria se empeñó en el juicio en mostrar la escasa credibilidad del informe de Hernández. Industria ganó, pero la Audiencia Nacional no fijó ninguna compensación.