Los médicos de familia objetan la exclusión sanitaria a los 'sin papeles'

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que agrupa a más de 20.000 médicos de familia, ha puesto en marcha una iniciativa para integrar a los médicos que quieran objetar la decisión del Gobierno de negar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular. A través del documento, el médico apela a su derecho a ejercer la objeción de conciencia y expresa su lealtad con los pacientes, lo que le lleva a cumplir su deber ético profesional y no dejar de atender a sus pacientes.

Tras la firma, el escrito será enviado al Colegio de Médicos provincial, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al servicio de salud correspondiente (excepto en Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco que han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles). La Semfyc, la más representativa de atención primaria, busca crear una red de médicos por la objeción de conciencia como mecanismo de presión contra los recortes sanitarios y el dilema ético que plantea. Hasta hace dos días más de 500 médicos habían firmado el manifiesto, según su presidente, el doctor Josep Basora.

En un análisis, el organismo expresa que aunque entiende la legitimidad de la decisión del Gobierno para hacer recortes debido a la crisis económica, los objetivos sociales generales incluidos en el Decreto Ley contradicen el respeto de los derechos fundamentales de los individuos que hacen referencia a la igual consideración y respeto. Critican, además, que los criterios utilizados para imponer dichas limitaciones no han respetado los mínimos que establece la OMS. Su presidente pregunta en una tribuna si la asistencia sanitaria es o no un derecho fundamental de las personas, cuál es su alcance y cómo puede limitarse.

Un informe del organismo reclama al Gobierno que la atención sanitaria básica debe tener un mínimo decente que incluya la atención primaria, la asistencia preventiva, medidas de salud pública, asistencia urgente, servicios especiales para los discapacitados y acceso a la medicación básica. “Así se conseguirían más garantías de protección para todos en relación a procesos infecciosos y se evitarían colapsos en los servicios de urgencia”, apunta el doctor Josep Basora, y añade: “se disminuiría el gasto mayor que supone derivar a los dispositivos urgentes, que son más caros que la atención primaria o la prevención”.