Parar dos años las ayudas de dependencia recorta 5.000 millones

La reforma de la Ley de Dependencia aprobada este viernes permite que las comunidades se tomen dos años para conceder una ayuda a los dependientes sin que eso genere deuda alguna con ellos porque no tendrán que pagarles atrasos en ese tiempo. Además, las comunidades y el Gobierno podrían ahorrar alrededor de 5.000 millones de euros por dejar de atender a los ancianos en ese periodo. Hay 270.000 personas esperando por una ayuda a la que tienen derecho. Si a ellas se suman las 30.000 que normalmente entraban en el sistema cada año y se tiene en cuenta que atender a un dependiente costaba de media 8.155 euros anuales, el cálculo es sencillo: 2.446 millones de euros. En dos años, cerca de 5.000 millones.

Que las comunidades tengan permitida esta demora no quiere decir que vayan a utilizarla, pero dada la asfixia económica por la que pasan y lo paralizada que está ya la ley (en los últimos meses apenas entran dependientes en el sistema y siempre menos que los que causan baja) parece optimista pensar lo contrario. El gasto experimentará un gran recorte, pero para la ley es un golpe mortal.

El esfuerzo de la Administración será menor. Sin embargo, se incrementa el que ya hacía el usuario porque se eleva el copago. Dependiendo de su capacidad económica podrán pagar hasta el 90% del servicio que reciben. Y la capacidad económica se calcula ahora de manera que siempre resultará mayor porque se incluye el 5% del valor catastral de la vivienda del dependiente (siempre que en ella no viva nadie a su cargo).

La paga extraordinaria

Y las sorpresas quizá no han acabado. Este mismo viernes, el Gobierno de Castilla-La Mancha incluyó en su Diario Oficial una nueva base de cálculo para la aportación de los beneficiarios de una residencia geriátrica: ahora contarán también las pagas extraordinarias para definir la capacidad económica del dependiente y el copago que debe afrontar. Algunas de las medidas que se han ido poniendo en marcha en esta comunidad en los últimos meses han tenido después eco nacional. Pero el Gobierno asegura que eso no está incluido en su reforma.

La ley permite revisar el grado de gravedad del dependiente, para corregirlo. Ahora que no hay niveles intermedios, los beneficiarios podrían caer al grado inferior, de ayudas más baratas.