Los abogados piden un estatuto que proteja a los presos discapacitados

Los enfermos mentales internos en las cárceles españolas se encuentran en una situación precaria. Así lo ha señalado esta mañana el Consejo General de la Abogacía (CGAE), durante un seminario organizado para poner de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario a la hora de tratar a estos reclusos. El presidente de la entidad, Carlos Carnicer, ha manifestado la urgencia de contar con un estatuto jurídico apropiado, que ayude a los abogados a tratar adecuadamente a las personas que han delinquido y que tienen sus facultades mentales perturbadas. Carnicer ha reconocido que durante los últimos años ha habido avances en esa dirección, sin embargo, ha enfatizado que siguen siendo necesarias nuevas reformas.

El Consejo de la Abogacía ha entregado un informe en el que se plantean las principales mejoras que el sistema requiere. Entre ellas, se ha propuesto evitar los internamientos inadecuados de personas con trastornos mentales y se ha hecho un llamamiento a los letrados a optar, más bien, por medidas alternativas y no privativas de la libertad. En esa línea, la CGAE ha destacado la necesaria colaboración de los abogados que intervienen en cada caso, para asegurar que se conozca durante todo el proceso penal la situación mental de sus clientes.

El 46% de la población penal padece de algún trastorno mental, según cifras del Ministerio del Interior

Durante la inauguración de la jornada, Mariano Casado, presidente de la federación de discapacitados FEAPS Madrid ha destacado que a un 70% de las personas con discapacidad que han sido condenadas no se les ha considerado en ningún momento su discapacidad. Según datos de 2007 del Ministerio del Interior, el 46% de la población penal española padece de alguna enfermedad psiquiátrica.

Casado ha coincidido con el presidente de la organización de abogados en el papel fundamental que tienen los letrados a la hora de dar a conocer la condición de los enfermos durante todo el proceso judicial. Asimismo, ha enfatizado en la importancia de que los abogados cuenten con apoyo profesional para tratar correctamente a estas personas.

Durante el desarrollo del seminario se discutieron otras dificultades en el trato hacia estos reclusos. Entre otras, se ha destacado la escasez de hospitales psiquiátricos a los cuales derivar a este tipo de pacientes. En toda España existen dos centros de estas características: el de Fontcalent en Alicante y el de Sevilla. En ellos, según el Consejo, se dan tres problemas fundamentales: la superpoblación, el internamiento inadecuado y la dispersión geográfica de los pacientes ante el bajo número de centros.

Consciente de esta situación, el juez de Vigilancia Penitenciaria Luis Ángel Ortiz ha realizado un llamamiento para que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal recoja estas reformas necesarias para garantizar mayores derechos de los reclusos con discapacidad.