Será por dinero

Los 3.000 millones de dólares (2.400 millones de euros) que va a pagar Glaxo por sus abusos ilegales en la promoción de sus fármacos pueden parecer un golpe brutal para la multinacional farmacéutica, pero antes de ponerse a llorar hay que hacer un par de cuentas. Durante los años en que sus medicinas ahora caídas en desgracia estuvieron a la venta, Glaxo ingresó 17.543 millones de euros por sus ventas. De modo que la multa por vender fármacos de manera ilegal apenas supone el 11% de las ganancias obtenidas con esas prácticas. Con esos números, cualquier junta de accionistas aprobaría hacer lo mismo la próxima vez.

Más alentadoras resultan las disculpas y penitencias ofrecidas por la actual dirección de Glaxo, que ha hecho un esfuerzo manifiesto por distanciarse de sus predecesores, que fueron los responsables de las malas prácticas que ahora se juzgan. Si cumplen su palabra, esa será sin duda la mejor noticia que habría salido de este escándalo. Porque lo que está en juego aquí no es el monto de una compensación económica, sino los mismos principios que hacen avanzar la medicina.

Manipular la información científica, ocultar los resultados adversos a la autoridad sanitaria y amañar los ensayos clínicos para servir a los intereses económicos de la empresa puede ser tolerable para los códigos de conducta mercantil a los que están habituados los ejecutivos de la Big Pharma. Pero la comunidad científica no puede admitir ese cáncer en sus engranajes más fundamentales. Los ensayos clínicos son la joya de la corona de la investigación biomédica. Su valor depende vitalmente de su independencia de todo sesgo, y de que sus datos se presenten en las publicaciones médicas de una manera honesta y, si no ejemplar, al menos compatible con la decencia científica. O con la decencia sin más. La medicina es mucho más importante que los ingresos de los ejecutivos, y no debe consentir jamás estos desmanes. Eso también va por los médicos que cambian recetas por viajes al Caribe. Deberían dejar de hacerlo.

También quienes denunciaron las malas prácticas de Glaxo lo hicieron por dinero. La ley norteamericana del soplón (whistlerblower) permite captar a los arrepentidos que estén dispuestos a cantar contra sus empresas a cambio de una participación en las indemnizaciones que salgan del caso. Parece un mejor incentivo que apelar a la ética de esas fuentes, y está funcionando muy bien.