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ANÁLISIS

Una medida desconcertante

Cuando las medidas llegan en tropel y apenas se explican provocan desconcierto entre los ciudadanos. Sucede otro tanto entre los profesionales cuando no hay rastro de interlocución. Entre los médicos, los habrá que califiquen de acertada y necesaria la propuesta del Gobierno de excluir 456 fármacos de la financiación pública. Otros la considerarán equivocada o poco afortunada, pero en lo que la inmensa mayoría vamos a coincidir es en lo mucho que tiene de desconcertante. Los facultativos deberíamos tener una mínima comunicación. La necesidad de priorizar medidas que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema es, o así nos lo parece, compatible con la información, la interacción o la consulta a los profesionales sanitarios.

No hay en esto capricho alguno: los médicos de familia somos los que al final vemos cada día al paciente y debemos gestionar las consecuencias de las medidas que se vienen tomando en los últimos meses. Un mínimo de comunicación con el profesional no habría estado de más teniendo en cuenta que a las autoridades les consta que sociedades como la que presido queremos ser consultadas, que hemos dado muestras previas de corresponsabilización, que nuestra es la edición de la guía terapéutica de referencia... A principios de esta misma semana hemos sido consultados por la Agencia del Medicamento sobre posibles fórmulas para las notificaciones de efectos secundarios de los fármacos. Cabe sospechar, pues, que para unas cosas sí y para otras no.

En casos anteriores en los que se han retirado grupos de medicamentos no se ha analizado el resultado

¿Y qué aporta el nuevo conjunto de medidas? Entre los medicamentos que se dejan de financiar hay grupos muy variados (tópicos, antiácidos, vasodilatadores…), pero la mayoría tiene algo en común: pocos han sido estudiados como para defender, con las evidencias en la mano, su inclusión en las guías de práctica clínica. No obstante, debemos estar vigilantes por si esto pudiera comportar una deriva hacia fármacos que están financiados y tienen un coste mucho mayor. Somos un país con poca tendencia a evaluar y los estudios de coste-efectividad son clave para no errar el tiro. En ocasiones anteriores en las que se han retirado grupos de medicamentos, nunca se ha analizado el resultado.

La nueva propuesta para reducir el gasto llega poco tiempo después de un real decreto ley que por primera vez obliga a los pensionistas a pagar. A esto habría que sumar que en algunas comunidades se introduce el euro por receta… En definitiva, son varias medidas que, más allá de su conveniencia o inconveniencia, deberían acompañarse de un esfuerzo por hacerlas comprensibles para el ciudadano. No basta con decir que son ineludibles, hay que convencer, o al menos intentarlo, también de su idoneidad. Es lo mínimo.

Josep Basora es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.