Sanidad sacará 456 fármacos de uso común de la financiación pública

El Ministerio de Sanidad propondrá estre miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad excluir de la financiación pública 456 fármacos indicados para “síntomas menores”. El listado de productos susceptibles de exclusión, que Sanidad ya ha enviado a los responsables autonómicos, incluye principios activos como la acetilcisteina, utilizada como mucolítico —y base de medicamentos como el Fluimucil—; el aciclovir, usado para combatir los herpes; la loperamida (que se comercializa como Fortasec, entre otros), indicado para atajar la diarrea; o tratamientos de la tos, como aquellos que contengan dextrometorfano —típico en jarabes como el Bisolvón—. El Gobierno calcula que la medida, prevista en el Real decreto de Medidas Urgentes del Sistema Nacional de Salud aprobado en abril, reportará un ahorro de más de 440 millones de euros. Estos fármacos, ahora financiados por el Sistema Nacional de Salud, pasarán a ser abonados totalmente por el paciente.

El Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne a la ministra Ana Mato con los consejeros de Sanidad de las autonomías, está marcado por la polémica. Es la primera cita tras la aprobación de la ley que restringe la asistencia sanitaria a sin papeles, y que reforma el sistema de copago de fármacos —que a partir del domingo será en función de la renta—, y por el que los pensionistas pasarán a pagar por primera vez por los medicamentos. Una nueva fórmula a la que se oponen autonomías como Andalucía o País Vasco y para la que otras, como Asturias o Cataluña, ven graves complicaciones técnicas.

Sanidad no incluye ningún estudio del impacto en los pacientes

Así, la de este miércoles será, cuando menos, una reunión incómoda. También para el bolsillo del ciudadano. La propuesta que Sanidad ha hecho llegar a las comunidades, que ha preparado la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia y que recoge propuestas de 12 autonomías, menciona más de nueve grupos terapéuticos: desde los indicados para el estreñimiento o las varices, hasta los prescritos para el resfriado. Sanidad, ha analizado las consecuencias de la reforma y asegura que se excluyen estos medicamentos “para mantener la capacidad de financiación de nuevas terapias, indicadas en enfermedades graves”. Habla de un posible “perjuicio moderado o importante” para las empresas en su facturación; pero no incorpora ningún estudio de impacto en los pacientes.

No obstante, el ministerio deja una puerta abierta para que un desarrollo posterior recoja excepciones a esa exclusión; lo que podría beneficiar, por ejemplo, a enfermos crónicos que toman estos medicamentos como parte de su tratamiento. “Desde el punto de vista terapéutico hay algunas patologías concretas graves en las que algunos de los medicamentos a excluir son muy útiles, por lo que se ha optado por que la resolución de exclusión recoja tales excepciones”, dicen. Sanidad también asume que la retirada de la financiación de estos fármacos —lo que no significa que no se puedan recetar— puede suponer un desplazamiento de prescripciones hacia otros productos. Algo que, afirman, no se puede controlar más que con la "buena práctica de la prescripción"; para lo que se hará un "seguimiento activo".

Este desplazamiento en la prescripción del que habla Sanidad es, según la médico de familia Cristina de la Cámara, lo que ocurrirá con medicamentos como los antiácidos (tipo Almax), que estarían dentro de los tratamientos del exceso de secreción gástrica y que por tanto que saldrían de la lista de financiados. Una medida que puede disparar el consumo de otros productos, como el omeprazol, “con más efectos secundarios”, alerta De la Cámara.

Algunos de los fármacos que propone excluir Sanidad tienen una efectividad muy discutida, como los tratamientos orales de las varices o los vasodilatadores periféricos. Otros, sin embargo, suponen la retirada de tratamientos clave para ciertas patologías. Es el caso de algunos fármacos para infecciones víricas de la piel, como el imiquimod o la podofidotoxina, usados para los condiloma acuminado, una enfermedad de transmisión sexual producida por el virus del papiloma humano. De la Cámara también ve problemática la exclusión de los laxantes. “Son necesarios para algunas personas que siguen tratamientos contra el cáncer o con opioides”, dice.

Algunos productos de la lista son clave en el tratamiento de ciertas patologías

Pero, sin ninguna duda, el gran grupo afectado por la medida es el de los medicamentos indicados para los resfriados o el tratamiento de la tos. Se dejarían de financiar casi todos: desde los mucolíticos hasta la codeína, la base para muchos jarabes. Lo que para algunos expertos puede tener dos efectos: el desplazamiento de esas prescripciones a fármacos más complejos o que el paciente, al no beneficiarse de la financiación pública, acuda más indiscriminadamente a la farmacia a comprarse por su cuenta el jarabe y automedicarse.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, cree que el nomenclator se tiene que recortar por algún lado. Algunos de los fármacos que Sanidad propone retirar de la lista de financiados apenas se usan o tienen un valor terapéutico obsoleto. Como los que aparecen dentro de la categoría de "tratamientos del deterioro cognitivo asociado a la edad", que contiene productos como el piracetam, el extracto de ginko folium o vasodilatadores como la vincamina; o andidiarreicos como los alcaloides de Ergot. La OMC, que agrupa a todos los médicos de España, analizará también el listado que ha elaborado Sanidad. “Lo miraremos con lupa y con cuidado puede que propongamos otros”, dice. Confía, además, en que el desarrollo posterior de la norma de exclusión recoja la financiación de ciertos fármacos para casos excepcionales.

El consejo interterritorial tiene previsto aprobar también un proyecto de orden por el que se establece un factor de facturación común para los dietoterápicos, productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos o que precisan nutrición enteral. Ahora cada comunidad los factura a un precio diferente. Sanidad cree que fijando un precio común se ahorrarán 22 millones de euros, informa Reyes Rincón.