Uruguay enciende el debate sobre la legalización de la marihuana en América

El Gobierno de Uruguay, que preside José Mujica, presentó el pasado jueves un proyecto de ley para la legalización regulada y controlada de la producción y comercialización de marihuana bajo monopolio estatal, un modelo que se diferencia del de Holanda, donde las autoridades admiten que se vendan porros en coffee shops habilitados. La propuesta no solo ha despertado críticas entre opositores y asociaciones de atención a drogadictos de Uruguay, sino también en toda una región en la que se ha comenzado a discutir sobre el fracaso de cuatro décadas de guerra al narcotráfico.

“Por la venta ilegal de esta droga se recaudan 75 millones de dólares anuales”, unos 47 millones de euros, dijo el ministro de Defensa uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, sobre el mercado de marihuana en su país. Allí, 150.000 personas, casi el 5% de la población, la consumen con frecuencia. “Esa plata se lava a través de servicios financieros y va a parar a los bancos. Esta combinación trágica de corrupción está afectando a gran escala a México, Honduras, Guatemala y ahora a Ecuador y a Brasil. No queremos que nos pase lo mismo”, añadió.

Uruguay es uno de los pocos países latinoamericanos en los que nunca se había penalizado el consumo de drogas, aunque la ley dejaba al criterio de los jueces el límite de la cantidad que una persona podía tener para uso personal y no ser considerado traficante. Algunos proyectos de ley de diversos partidos abogaban por la legalización de los cultivos propios de la marihuana, pero el Gobierno de Mujica los rechazaba porque consideraba que impedían el control estatal sobre la distribución y podían convertir a su país en un centro regional de la marihuana. En cambio, el nuevo proyecto de este político de izquierdas consiste en que el Estado controlará la producción, que quedará en manos de agricultores, y la distribución del cannabis. Solo se venderá, con la imposición de tributos mediante, a consumidores adultos registrados. El Gobierno pretende que así se vigilen a aquellos que caigan en adicciones. También busca evitar que los usuarios vayan a comprar marihuana a narcotraficantes que también venden éxtasis, cocaína o pasta base, muy consumida por jóvenes pobres.

La venta ilegal de cannabis genera 47 millones de euros al año en el país

Uruguay quiere convertir la legalización de la marihuana en eje de su política exterior. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó la iniciativa, pese a que en la última Cumbre de las Américas, que se celebró en su país en abril, había introducido en la agenda el debate sobre la eficacia de la doctrina prohibicionista de las drogas que impuso EE UU en 1971 en la región. “Si un país legaliza y el otro no se genera una distorsión. Lo ideal es tener un enfoque común”, dijo Santos.

En la Cumbre de las Américas había planteado una vía intermedia entre el prohibicionismo y la despenalización total del consumo. En aquella reunión otros jefes de Estado apoyaron su apertura del debate: la de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el de Guatemala, Otto Pérez Molina, que llevó el planteo más extremo de legalizar el comercio de estupefacientes en Centroamérica. El Salvador, Honduras y Nicaragua rechazaron la propuesta de Pérez Molina. En la cumbre, el presidente estadounidense, Barack Obama, se mostró favorable a la discusión, pero fue tajante en su negativa a la legalización.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina apoya a Mujica, mientras que el ministro del Interior de Venezuela lo critica porque cree que la política sobre drogas debe centrarse en la prevención del consumo. Desde hace cuatro años, tres expresidentes latinoamericanos —el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el mexicano Ernesto Zedillo y el colombiano César Gaviria—, abogan por la despenalización del consumo de drogas en general y la legalización de la marihuana.

Varios países estudian cambios. Bolivia brega por que la ONU retire la hoja de coca de la lista de sustancias bajo control internacional. En Brasil duerme en el Congreso un proyecto para la despenalización total del consumo, después de que entre 2002 y 2006 se cambiaran las penas de prisión por medidas educativas y servicios comunitarios. La Constitución de Ecuador de 2008 despenalizó el consumo, pero falta una ley que lo reglamente. En México, los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota quieren dar marcha atrás con la ley de 2009 que despenalizó la posesión de cantidades mínimas. Argentina ha comenzado a debatir este año en su Congreso varios proyectos de ley de despenalización del consumo de drogas, después de que en 2009 la Corte Suprema declarara inconstitucional la norma que penaba a quien las usaba en lugares privados.

Mientras tanto, es cada vez más habitual que en sitios públicos se fume marihuana, desde un estadio de fútbol hasta el andén de tren. Claro que algunos especialistas están preocupados porque lo que supone un consumo recreativo de la marihuana en las clases media y alta contrasta con la violencia en las calles de los barrios pobres que provoca la adicción a la pasta base de la cocaína.