Valencia privatiza el control de los fármacos que recetan los médicos

La Generalitat valenciana quiere ceder al sector privado el control de los medicamentos que prescriben sus propios médicos. Este es uno de los aspectos que contempla el nuevo modelo sanitario que la Administración que preside Alberto Fabra (PP) está diseñando, a cuyo borrador ha accedido este diario. El nuevo escenario, que debería entrar en funcionamiento en enero del próximo año, entrega buena parte de la gestión y supervisión del sistema a la iniciativa privada.

Las empresas se encargarán del “control, para la mejora de la gestión, de la prescripción farmacéutica ambulatoria y exprótesis [prótesis que no requieren cirugía] realizada en los centros de atención primaria y especializada”. Para ello, intervendrán en “el seguimiento de la prescripción por médico y patología” o “la elaboración de protocolos de uso de medicamentos, particularmente en relación con los de mayor impacto económico”. También se hará en la “formación” de los médicos, en el “desplazamiento [en la prescripción] hacia medicamentos genéricos o sin protección de patente” o en la “incentivación” de los facultativos con relación al “seguimiento de determinadas pautas terapéuticas”.

Estas iniciativas tienen el claro objetivo de recortar el gasto que le suponen al Gobierno valenciano las recetas, en unos momentos en los que la Generalitat atraviesa por una situación de extrema falta de liquidez. El Consell paga con cuatro meses de retraso a las farmacias (debe 480 millones de euros), una tardanza que ya le ha costado dos cierres patronales, el último, la semana pasada.

Las compañías formarán e incentivarán a los facultativos públicos

El control del gasto farmacéutico es solo uno de los aspectos que quedarán bajo la órbita del sector privado en el vuelco que supondrá la nueva organización del mapa sanitario valenciano, que la Generalitat ha bautizado como “modelo de gestión compartida” público-privada.

La filosofía de partida de este futuro escenario consiste en agrupar todas las actividades que ya están externalizadas en las 18 áreas de salud que gestiona directamente la Generalitat y cederlas a un único operador privado para que se ocupe en bloque de todas ellas en cada área (o en varias, según se adjudiquen los lotes). La Administración valenciana pretende pagar al sector privado menos de lo que le cuestan actualmente estos servicios, ya que el operador “podrá aplicar economías de escala y mejoras en la eficiencia”. El ahorro estimado es del 15% en los servicios no sanitarios y del 10% en los sanitarios.

En un principio, cuando a finales del mes de abril la Consejería de Sanidad anunció esta medida, dijo que la parcela que iba a quedar desgajada del control de la Administración sería básicamente la actividad de soporte a la estrictamente sanitaria (limpieza, mantenimiento, seguridad, los archivos clínicos, la gestión de residuos). Sanidad también apuntó que dentro de este conjunto de servicios que se concentrarán en una empresa estarán incluidos algunos servicios sanitarios ya externalizados. El resto de ámbitos asistenciales quedaría “en dependencia directa de la Agencia Valenciana de Salud”.

El borrador que ha elaborado la Consejería de Sanidad mantiene difusas estas fronteras, y va más lejos de lo que se anunció inicialmente. No solo se cede el control de las recetas, sino también la gestión directa de la farmacia hospitalaria.

Además, quedan “bajo el control y mejora de la gestión” de la gestora privada los contratos vigentes de servicios de radioterapia, medicina nuclear, neurofisiología, diálisis peritoneal, tratamientos del espectro autista, radiocirugía o neurorehabilitación.