La prostitución, mejor debajo de la alfombra

Cuando Ivie Okundaye, de 21 años, vio a la patrulla de los Mossos d'Esquadra, echó a correr. Era la noche de un 18 de septiembre de 2009. Por aquel entonces, el municipio de La Jonquera (Girona) había puesto en marcha una ordenanza que multaba a prostitutas y clientes. Okundaye confundió a los Mossos, que hacían un control rutinario en un polígono, con la policía local. Por eso huyó. Estaba en la Nacional II. Un coche con matrícula francesa la atropelló, matándola, y se dio la fuga. Todavía no se sabe quién conducía el vehículo.

Las prostitutas se enfrentan a una situación de alegalidad e incertidumbre en España. En una calle las pueden multar y, si cruzan a la siguiente, en otro municipio, quizá no. Tampoco es igual si están en Cataluña o en Extremadura, si la carretera es estatal o autonómica...

Hasta ahora, algunos políticos han optado por perseguir la prostitución a través de ordenanzas municipales de convivencia, que acostumbran a sancionar a clientes y meretrices en la calle. En el ámbito autonómico, la Generalitat de Cataluña ha modificado la ley para que los Mossos puedan sancionar con hasta 30.000 euros a quienes negocien servicios sexuales en la carretera. La polémica medida lleva aparejada la creación de un fichero que incluye el nombre, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad de clientes y prostitutas sancionados.

Varios municipios utilizan argucias
legales contra la prostitución callejera

Pero la fórmula de la multa se ha granjeado las críticas de la mayor parte de los colectivos que protegen y defienden a las prostitutas. Organizaciones que afirman que sancionar a quienes ofrecen sexo en la calle no sirve para terminar con la prostitución. Solo contribuye a ocultarla en pisos y burdeles. ¿Estigmatiza la medida a un colectivo ya de por sí vulnerable? ¿Ayudan acaso las mutas a detectar a las víctimas de la trata? La polémica medida no aborda, además, el problema de fondo: que no hay una postura común que apueste por regular o, por el contrario, abolir esta práctica.

En España, aunque el proxenetismo sí es un delito según el Código Penal, la prostitución se mueve en un limbo de alegalidad. Las distintas propuestas para definir una postura reglamentada sobre el comercio sexual han fracasado. En 2008, el Congreso rechazó regular o prohibir al considerar que distinguir tráfico de personas y prostitución era complicado. Ambas cosas, aseguró en su informe la comisión parlamentaria encargada del tema, “son fenómenos ligados y relacionados que no pueden separarse”. Por eso, se aprobaron medidas para luchar contra la trata, se ampliaron las penas a los explotadores y las mafias y se creó el Plan de Lucha contra la Trata, que recoge ayudas y apoyo a las mujeres explotadas por las mafias.

“Sirvió para coordinarnos mejor”, explica la presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, Rocío Nieto. Pero las chicas siguen vendiéndose en las calles. Algo que molesta a algunos ciudadanos, que no quieren que sus hijos vean a mujeres con poca ropa que ofrecen su cuerpo por dinero. Por eso muchos municipios se han visto presionados para desarrollar ordenanzas que multan por vender o comprar servicios sexuales en la calle.

La Generalitat llama a acabar con el “espectáculo indigno
en las carreteras”

“Se está bordeando el problema. Lo que hay que hacer es una ley seria contra de las personas que explotan a las mujeres”, continúa Nieto. Su asociación y muchas otras consideran que la mayoría de las mujeres que se prostituyen no lo hacen voluntariamente, sino que son víctimas de las mafias. Un argumento compartido también por las administraciones que, sin embargo, no se puede apoyar en cifras ni datos oficiales; pero que choca de frente con el sistema de multas a mujeres. ¿Multar a las propias víctimas?

Nieto apunta, además, que una persona a la que se persigue y se está penalizando difícilmente va a acabar admitiendo que está siendo explotada. “Es estéril, ni las chicas ni los proxenetas pagan esas multas. Es imposible, no tienen cuenta ni domicilio fijo”, añade un inspector del Cuerpo Nacional de Policía con una dilatada experiencia en la lucha contra las mafias que explotan a mujeres.

“Se da un rodeo al problema y se utiliza una argucia legislativa para que no haya chicas en las calles”, explica María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga. Sostiene, además, que esas multas son recurribles porque están en terrenos límite: “Se podría esgrimir la inconstitucionalidad, por ejemplo, del derecho de libre deambulación de las mujeres a las que multan por estar en una carretera”.

A su entender, los partidos políticos deberían abordar el problema, pero no es una cuestión de fácil consenso. “En cualquier caso, no se puede legalizar. Va contra el artículo 15 de la Constitución que habla del derecho a la integridad física y moral de las personas. No se puede hacer un contrato entre un hombre y mujer para tener sexo porque atenta contra esa integridad”, opina.

Los propios Ayuntamientos reconocen que se valen de parches, “subterfugios, apaños transitorios”, en palabras del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade (PP), a la espera de una norma estatal. Pero mientras tanto, aseguran que la prostitución callejera “afecta a la actividad comercial y a la tranquilidad vecinal”, cuenta Andrade.

El listado de municipios que multan la prostitución en la calle es extenso: desde Badajoz a Málaga o La Jonquera, pasando por decenas de pequeñas localidades. Incluso la Federación Española de Municipios y Provincias redactó una ordenanza tipo en 2009 en la que se incluyen sanciones por negociar servicios sexuales.

La Jonquera fue de los primeros en ponerlo en práctica, pero un año después dejó de multar a clientes y chicas porque no era “eficaz” ni “efectivo”. “El 99% de los clientes son franceses y las chicas no tienen con qué responder”, admite la alcaldesa de la localidad, Sònia Martínez (CiU). El municipio tomó la iniciativa porque “los vecinos estaban cansados de salir en la prensa por este tipo de problemas”. Además, continúa Martínez, “el consistorio quería atajar la situación por la mala imagen que da y por la propia seguridad de las mujeres”. Una seguridad, sin embargo, que las entidades en defensa de las prostitutas no cree que mejore multándolas.

“¿Cómo puede ser que multemos a las trabajadoras del sexo por ofrecer servicios sexuales que no son un delito? Raya la inconstitucionalidad”, se queja Cristina Garizábal, de la organización Hetaira, que defiende a las “trabajadoras del sexo”. A su entender, no todas las personas que se colocan en una carretera a vender su cuerpo lo hacen explotadas. Por eso, piden lugares específicos en los que puedan ejercer la prostitución con garantías de seguridad.

Una iniciativa que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga. El consistorio cedió a las chicas un lugar apartado, junto al río Guadalhorce. Lo iluminó, allanó el terreno y las animó a que, si querían prostituirse, lo hiciesen en ese lugar, alejado de vecinos y comerciantes. El Ayuntamiento abrió una vía de diálogo con las prostitutas cuando empezó a multar en el centro y considera que fruto de toda esa labor han conseguido casi erradicar esta práctica de la calle. “De día apenas existe la prostitución, se dan pocos casos. De noche hay algunas más, pero saben que seguimos sancionando”, explica Andrade.

Ese paso de ocultar a las chicas en espacios apartados preocupa especialmente a algunas asociaciones. “Con toda la penalización y la criminalización, tememos que al final las escondan en pisos, en los que no se tenga acceso a ellas y eso las haga aún más vulnerable”, avisa Helga Flamtermsky, del proyecto Mujer Frontera. Eso dificultaría más el rescate de las mujeres en los casos de explotación sexual, que ya de por sí son complicados para la policía.

Las entidades temen que la persecución oculte a las mujeres en pisos o clubes

Garizábal considera que las multas comportan otro problema añadido: “Se echa a las mujeres en manos de los clubes para que ahí sean víctimas de abusos, ya que no hay ninguna ley que reconozca relación laborar”.

Viviana Waisman, directora de Women's Link Worldwide, sostiene que las ordenanzas ciudadanas violan, además, varios tratados internacionales de prevención y lucha contra el tráfico de seres humanos. “Castigar a las mujeres que ejercen la prostitución tiene el peligro de colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad, lo que contraviene todos los instrumentos internacionales de protección a las víctimas de trata. Debe primar la persona y las violaciones a sus derechos humanos. Es esencial que este sea el marco, y no uno que se centre en la persecución del delito ni en el control migratorio”, afirma.

Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, tampoco está de acuerdo con las normas municipales que penalizan a las personas que ejercen la prostitución. “Estas ordenanzas tienen más que ver con el vandalismo y el orden público. Hay que combatir el tráfico de personas y las mafias y facilitar que las mujeres salgan de esta situación con ayudas”, considera. Comprende la postura de los Ayuntamientos, pero cree que la manera de erradicar la prostitución es combatir el tráfico y la explotación. “Penalizar a las mujeres solo las estigmatiza, esconde y dificulta su seguimiento”, argumenta Causapié, más partidaria de multar solo al cliente, como se hace en Sevilla.

“Se ha huido de intentar identificar a la mujer con prostitución. Es cosa de dos: quien ofrece y quien demanda”, argumenta el secretario general de Interior de Cataluña, Xavier Gibert. “Me cuesta pensar que multar a estas personas, teniendo en cuenta las pésimas condiciones en las que se ven en la carretera, aumente su nivel de estigmatización”, añade.

La Generalitat de Cataluña admite que la sanción en la carretera es solo un paso de un largo camino. “El problema requiere debate social y político”, dice Gibert, pero defiende que mientras tanto hay que luchar contra “el espectáculo humanamente y socialmente indigno como es la oferta y demanda en las carreteras”. Para ello, necesitan un fichero con datos de prostitutas y clientes. “Se trata del trámite administrativo más habitual”, indica Gibert.

“La mera existencia del fichero es una fuente de problemas. Si una entidad privada incumple la ley de protección de datos tiene una multa que oscila entre los 3.000 y los 600.000 euros. Pero si se pierden esos datos de un archivo público no hay sanción económica para la administración”, contrapone Paloma Llaneza, abogada experta en protección de datos. “Es clave que cuando la multa prescriba, cuando acabe el expediente en firme, automáticamente se cancelen esos datos”, añade el presidente de la sección de propiedad intelectual y derechos de imagen del colegio de abogados de Barcelona, Jordi Bacaria.

“Es estéril, ni chicas ni proxenetas pagan sanciones”, asegura un mando policial

En Europa, la perspectiva legal sobre prostitución es diversa. En Suecia, Noruega o Finlandia está prohibida. Sin embargo, solo se penaliza al cliente, que se enfrenta a sanciones que pueden oscilar entre una multa económica y la pena de cárcel, aunque esta última no se suele hacer efectiva nunca. Suecia inició ese modelo abolicionista en 1999, un sistema que cuenta con la mayoría del apoyo ciudadano y que ha logrado disminuir el fenómeno.

El modelo abolicionista es, según Balaguer, en el que se debería fijar España. “Se podría haber desarrollado un plan estatal para abolir y reinsertar a las mujeres, pero entonces el dinero se gastaba en otra cosa y ahora no hay dinero para nada”, lamenta.

Algunos países del Este consideran la prostitución un delito y multan también a las meretrices. Hungría, por ejemplo, aplica una polémica ley que sanciona más a las prostitutas que a los clientes. Esta puede ser encarcelada o multada económicamente si ofrece sus servicios en “áreas protegidas”. Mientras, a los clientes solo se les aplica la multa si acuden a una menor; una multa, en cualquier caso, mucho menor que la de la meretriz.

En otros países, como Alemania u Holanda, la prostitución es legal, se considera a las mujeres como trabajadoras y necesitan una licencia municipal para ejercer. En Holanda una ley reglamentó en el año 2000 la prostitución como un trabajo. Los empresarios de los clubes tienen que obtener permisos y pagar impuestos y las mujeres tienen prestaciones sociales por realizar ese trabajo. “Eso no frenó la explotación. Algunas mujeres han llegado al país pensando que iban a trabajar en otra cosa y a otras les obligan o incitan a mantener sexo inseguro o sin apenas descanso”, afirma la socióloga Kareen Vryck, que ha estudiado la realidad holandesa. El Gobierno holandés y el sindicato de prostitutas, Hilo Rojo, tienen planes específicos para proteger a las mujeres. Incluido un periodo de reflexión de tres meses para que decidan si quieren denunciar a sus explotadores, prestaciones sanitarias, y un subsidio económico.

“España es un país de doble moral. Como no se consiguen muchos votos abordando el problema, solo preocupa la mujer que se ve en la calle. Estamos lejos de que alguien se plantee seriamente tratar la prostitución. Y para esto no hay ni izquierda ni derecha, nadie se atreve”, augura, pesimista, Garizábal.