Multinacionales, patriotismo a la medida

Las recientes expropiaciones a Repsol y a Red Eléctrica Españolapor los Gobiernos populistas argentino y boliviano han puesto una vez más sobre el tapete el viejo debate de si las multinacionales tienen patria y los gobiernos deben salir en su defensa ante cualquier agresión exterior. A favor de la tesis nacionalista están quienes propugnan que las grandes corporaciones generan riqueza y empleo en sus países de origen, al tiempo que pagan cuantiosos impuestos. Los detractores sostienen que los únicos beneficiarios de esas macrofirmas son sus directivos y sus principales accionistas, entre los que casi siempre figuran grandes fondos de inversión extranjerosMás allá de las cifras, lo cierto es que muchos españoles han visto herido su sentimiento patriótico con las imágenes de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciando la nacionalización del 51% de Repsol en YPF (no así del capital en manos de argentinos y estadounidenses). La presidenta hizo el anuncio en un escenario de enorme solemnidad: vestida de luto y con la foto de Evita Perón al fondo, como si declarara una nueva guerra de Las Malvinas, bajo los aplausos de La Campora, su propia guardia personal de asalto.

La viuda de Néstor Kirchner justificó la expropiación con una argumentación de fuerte corte nacionalista. Según su discurso, la petrolera española poco menos que depredaba las reservas petroleras del país y esquilmaba los beneficios, repatriándolos a través de dividendos, sin realizar inversiones en el país. Una imputación que rebate la propia dinámica del mercado, ya que las compañías invierten en la medida que lo necesitan para maximizar su beneficio. Invertir de más o frenar inversiones que puedan generar una rentabilidad superior son dos opciones que no tienen sentido bajo esta lógica de mercado.

Brufau aplaudió a Morales horas después de que expropiara a REE

Un desvalijo que niegan de manera rotunda los gestores Repsol, quienes aseguran que con esta decisión se alienta el resentimiento contra la Madre Patria. “Somos una compañía española y a lo mejor hay ganas de bronca”, afirmó el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, durante su primera comparecencia tras la nacionalización, en la que acusó a Kirchner de intentar tapar con esta medida los problemas que atraviesa Argentina.

Un argumento con el que está de acuerdo Roger Tissot, consultor en temas energéticos: “Desde el punto de vista político, y teniendo en cuenta la difícil situación económica de la Argentina, este resultado era inevitable. La desaceleración y la alta inflación han erosionado la popularidad de Cristina, de ahí que haya renovado su nacionalismo sobre las Malvinas y su lucha contra Repsol”.

En el resbaladizo debate sobre si las multinacionales tienen o no patria, el discurso dual es el predominante en muchas grandes compañías, que apelan a su carácter internacional y a los principios de desregualción y no injerencia cuando las cosas van bien, pero a menudo recurren a la bandera cuando surgen problemas en el exterior.

Zapatero no dudó en legislar para frenar la opa de E.ON sobre Endesa

Ninguna de las multinacionales españolas presentes en Argentina (BBVA, Santander y Telefónica, fundamentalmente) se han animado a solidarizarse públicamente con Repsol, probablemente debido al temor a posibles represalias. Y el propio Brufau se fotografió junto a Evo Morales apenas unas horas después de que el presidente boliviano decretase la nacionalización de Transportadora de Electricidad (TDE), propiedad de REE (más española que Repsol en sentido estricto, ya que está controlada por el Estado), sin hacer la más mínima alusión a dicha expropiación.

Los Gobiernos también mantienen un doble discurso en según qué circunstancias. Bajo los mandatos de José María Aznar se completaron las grandes privatizaciones y liberalizaciones, privilegiando en el proceso a los candidatos españoles. Los concursos de Retevisión y Airtel dejaron fuera a ofertas de France Télécom o Deutsche Telekom en favor de inversores nacionales ajenos al sector de telecomunicaciones (Santander, Unión Fenosa, Endesa, familias Entrecanales y Alba, entre otros). Apenas unos años después, dichos inversores vendieron sus participaciones obteniendo en aquellas operaciones importantes beneficios. Amena fue vendida a France Télécom y Airtel cedida a Vodafone.

“Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado, y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos”, asegura Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

Repsol ya fue objeto de una defensa de corte nacionalista por parte del Ejecutivo durante el pasado verano, cuando Sacyr firmó un acuerdo con la mexicana Pemex. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, dejó claro de inmediato que el Gobierno no iba a tolerar que la petrolera pasara a manos extranjeras.

Más rocambolesco resultó el caso de Endesa. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyó decididamente una oferta de compra de Gas Natural que resultaba poco beneficiosa para los accionistas pero era alentada por el PSC y los nacionalistas catalanes. Posteriormente modificó la ley para frenar una contraoferta lanzada por la alemana E.ON, excusándose en que la eléctrica no debía caer en manos extranjeras. Más adelante propició que triunfase una tercera oferta encabezada por Acciona. Sin embargo, apenas un año y medio después, la constructora de la familia Entrecanales vendió su participación a la italiana ENI y obtuvo con la operación unas plusvalías de 1.700 millones. Endesa pasó así no solo a estar en manos foráneas, sino en las de una empresa controlada por el Estado italiano, en aquel momento bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi.

El patriotismo suele ser, de hecho, un argumento de quita y pon para los políticos según vaya el estado de la economía. Y los argentinos dominan ese transformismo como nadie. La mejor prueba es que más del 80% de los diputados y más del 90% de los senadores votaron a favor de la expropiación. Radicales y peronistas unidos contra el depredador español, al que, sin embargo, eligieron para venderle YPF en el año 1999 y al que el Gobierno del matrimonio Kirchner ha estado agasajando desde entonces sin que las cifras de producción, inversión o reparto de dividendos parecieran suponer ningún problema. Hasta Carlos Menem, artífice de la venta de YPF, no tuvo rubor en apoyar lo que en España y en la UE ha sido calificado unívocamente como expolio.

Kirchner ha nacionalizado los fondos de pensiones,
Aerolíneas y Agbar

Cristina Kirchner ya ha dado muestras de un notable furor estatalizador. En el pasado aprobó la nacionalización de los fondos de pensiones. A ellos se sumaron Aerolíneas Argentinas, del grupo Marsans y Aguas Argentinas, participada por Agbar. La prensa nacional habla de que las próximas en caer serán las empresas gasistas y de electricidad. Incluso se especula con una medida contra los cientos de miles de cajas de seguridad donde los escaldados ciudadanos guardan sus ahorros en dólares.

El presidente boliviano, Evo Morales no le va a la zaga. Tiene como costumbre celebrar cada Primero de Mayo anunciando una nacionalización. Empresas metalúrgicas, minas, tierras de hacendados, hidrocarburos, eléctricas, operadoras de telecomunicación... Y, al igual que su homóloga argentina y pese a los buenos deseos de la diplomacia española, considera que las nacionalizaciones no deben ir aparejadas de compensación alguna. Ni Repsol ni REE tienen fácil recibir nada a cambio de los activos nacionalizados.

A las corporaciones
se les acusa de usar paraísos fiscales
y buscar ganancias

Muchos piensan que lo más criticable de estas expropiaciones no es que se trate de un gesto de antiespañolismo, sino que van contra de los intereses comerciales de los propios países nacionalizadores, al crear una inseguridad jurídica manifiesta. Así lo han visto muchos críticos a la decisión de Kirchner. “Una compra acordada de YPF a Repsol (que era posible) le hubiera amputado a la operación el trazo épico y el aspecto guerrero. Así no servía. En su lucha cuesta abajo con las encuestas, Cristina Kirchner necesitaba del teatro heroico que le gusta cultivar (…). A cambio de tan poco, metió al país en la peor crisis internacional desde la guerra con la OTAN por las Malvinas y desde el campante default, el más importante en la historia de la humanidad. El mundo ha hecho saber públicamente, con menor o con mayor intensidad, su rechazo a la expropiación de YPF”, señala Joaquín Morales Sola, periodista de La Nación, y muy crítico con el Gobierno peronista.

Operar en países gobernados por líderes de corte populista como Kirchner, Morales o Chávez coloca a las multinacionales extranjeras en una posición complicada. Para poder asentarse en dichos países, las compañías han de mantener estrechas relaciones con unos Gobiernos que mantienen un discurso de fuerte corte nacionalista y tienen un dudoso concepto de la legalidad. Desde que se hiciera con el control de YPF en 1999, Repsol ha sido por ello un firme aliado de las sucesivas Administraciones de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

De hecho, para poder cerrar aquella operación la petrolera tuvo que sellar un acuerdo con el Grupo Petersen, propiedad de Enrique Eskenazi, un financiero argentino al que los Kirchner quisieron premiar su amistad forzando su entrada en YPF bajo la excusa de que la petrolera necesitaba un accionista nacional fuerte. Repsol accedió a cederle el control del 25% del capital, valorado en 3.200 millones de dólares, sin que los Eskenazi hicieran desembolso alguno. Lo pagarían a base de recoger el 90% del beneficio de YPF en forma de dividendos. Un exceso autorizado por el mismo Gobierno argentino que ahora lo denuncia.