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Cirujanos bajo sospecha

El Hospital Universitario de Canarias no ha auditado el polémico servicio de cirugía cardiovascular tras el escándalo de su mortalidad en 2008

Fachada del Hospital Universitario de Canarias, cuyo servicio de cirugía cardiovascular quedó en entredicho.
Fachada del Hospital Universitario de Canarias, cuyo servicio de cirugía cardiovascular quedó en entredicho.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) fue el centro de una desagradable polémica durante el año 2008 a consecuencia de las cifras de mortalidad de su servicio de cirugía cardiovascular, que una auditoría externa calificó, en algunos extremos, como inaceptables. La denuncia de un cirujano puso en cuestión la veracidad de las estadísticas del hospital. El asunto llegó al Parlamento canario y a los tribunales. Años después, nadie ha asumido responsabilidades, no se produjo más cambio que el despido del cirujano que denunció los hechos, y el servicio de cirugía cardiovascular ha perdido actividad porque hay pacientes que no quieren operarse en ese centro y médicos que hacen todo lo posible por derivar casos a otros hospitales.

En cuanto a las tasas de mortalidad, el HUC, situado en la localidad de La Laguna, asegura que se han estandarizado aunque durante 2011 aumentó la gravedad de los pacientes atendidos. También reconoce que “no se ha realizado auditoría externa” desde 2006.

Marzo de 2008. Salta la alarma en Canarias al conocerse que una auditoría sobre el departamento de Cirugía Cardiovascular del hospital de La Laguna, referencia en Tenerife, confirma la existencia de datos de mortalidad inaceptables, muy por encima de la media (en algunos aspectos, el doble). Los expertos hacen la auditoría “a instancias del hospital por cuanto los resultados del servicio de cirugía cardiovascular han sido cuestionados en dos ocasiones, una por la propia institución y otra por un profesional”. La auditoría analiza los años 2005 y 2006. El trabajo se entrega en abril de 2007 a las autoridades sanitarias. Y se filtra en 2008, es decir, casi un año después. Los auditores encuentran que el HUC está bien dotado en infraestructuras, pero sufre “una falta de organización grave”, “una mortalidad exageradamente elevada y muy especialmente preocupante para determinadas patologías” y una “falta de confianza” por parte de otros servicios hasta el punto de que terminan derivando pacientes a otros hospitales.

Aunque aquel conflicto ha suscitado severas críticas entre expertos por un tratamiento informativo “sensacionalista” del caso, la reacción de la clase política local contribuyó a crear más alarma. Quedó en entredicho la veracidad de los datos que el HUC ofrecía en sus memorias (donde difundió tasas de mortalidad por debajo incluso de la media nacional) y evidenció cómo, tanto la sanidad pública como la privada tienen un problema de transparencia: una auditoría se ocultó durante meses y solo su filtración obligó a que la clase política anunciara la adopción de medidas para resolver el problema. Pero, ¿dieron resultado esas medidas?

"Se producían situaciones vergonzosas", afirma un testigo

Mayo de 2012, cuatro años después. Una asociación de afectados por el servicio de cirugía cardiovascular del HUC esperan sentencias en los tribunales de justicia. Hay una demanda penal contra el responsable de dicho servicio que ha sido sobreseída por un juzgado sin practicar las diligencias que había solicitado y ha motivado una reclamación al Tribunal Superior de Justicia y una carta al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) por si se pueden apreciar irregularidades en el proceso.

Este periódico ha entrevistado a médicos que conocieron dicho servicio durante aquellos años y alguno que lo conoce en la actualidad. Todos los consultados confirman los datos de la auditoría y describen un servicio mal organizado donde se respiraba un ambiente crispado entre los cirujanos. Uno de los entrevistados describe situaciones de tensión que podían ser evitables: “Poner juntos a operar a un cirujano que mide casi dos metros con otro que apenas está en el 1,60 provocaba una tensión innecesaria en el quirófano”. “Se producían situaciones vergonzosas, a pesar de que el material era espectacular”, comenta otro testigo.

La dirección del hospital ha aceptado responder a algunas cuestiones por escrito. Sobre la continuidad del responsable del servicio o una renovación del personal, tal y como sugería la auditoría, no responde directamente. Cita otros servicios y se deduce que no ha cambiado al responsable.

Respecto al número de operaciones, están entre las 221 de 2008 y las 246 de 2011, que el HUC califica como una actividad “estable”. Estas cifras son inferiores a las de los años 2006 y anteriores, que superaban las 300.

El hospital reconoce que fue en octubre de 2008 cuando se crea la comisión de mortalidad. Se trata de una comisión que es obligatoria en todo hospital de tercer nivel como es el caso del HUC. Por tanto, entre 2001 y 2008 se negó la existencia de problemas con la mortalidad y se llegó a asegurar que los datos estaban “entre los mejores de Europa”, cuando no funcionaba la comisión que debe certificar dichos resultados.

“En sentido estricto, no se ha realizado auditoría externa”, dice el escrito del hospital que, en lo referente a las tasas de mortalidad en los últimos años, no aporta información concreta. Se limita a decir que, en 2011, la población atendida por dicho servicio “ha mostrado un aumento en la gravedad de sus factores del riesgo del 12,3%, indicando la mayor complejidad y gravedad de los pacientes intervenidos”. Finalmente, agrega que en “los pacientes con un índice de pronóstico bajo, la supervivencia fue del 100%, mientras que cuando concurren factores de gravedad múltiples, el porcentaje de pacientes que sobreviven es del 52%”.

Tres consejeras, ningún responsable

Desde que datan las primeras sospechas acerca del servicio de cirugía cardiovascular del hospital Universitario de Canarias (2005) hasta la actualidad, se han sucedido tres consejeras de Sanidad en el Gobierno canario, dos de Coalición Canaria y una del Partido Popular. La tercera y actual consejera es Brígida Mendoza, de Coalición Canaria, que tomó posesión en julio de 2011. A pesar de las insistentes peticiones de este periódico, su servicio de prensa se ha limitado a notificar que la consejera estaba muy ocupada y no podía atender a preguntas sobre el hospital.

Más curiosa es la respuesta de sus predecesoras en el cargo, a quienes tocó de lleno el caso. La primera de ellas, María del Mar Julios (CC, ocupó el cargo entre 2003 y 2007) afirmó a este periódico, a través de un portavoz, que “la denuncia se puso antes de que María fuera consejera y se resolvió después”. “Quien recibió los resultados y conoce el conflicto es Mercedes Roldós, que siempre ha tirado balones fuera. Lo que pasa es que no quiere que la relacionen con ese asunto que, en general, fue una batalla entre médicos”. A pesar de la manifestación de su portavoz, durante el mandato de María del Mar Julios fue cuando se encargó una auditoría externa, tras negar durante tiempo que existieran problemas con las tasas de mortalidad del citado hospital.

A Julios le sucedió Mercedes Roldós, del Partido Popular (2007-2011), quien amenazó con querellas a todo aquel que pusiera en entredicho a los médicos del HUC. Roldós manifestó: “Me encontré con una serie de denuncias en los tribunales y una auditoría que se había encargado en la que se analizaban varios parámetros y, cuando llegué al cargo, ya se habían puesto en marcha las propuestas que recomendaba ese estudio. Se creó una gran alarma social, entre otras cosas porque los socialistas hicieron un uso indebido de una auditoría externa. En años posteriores, los índices de ese servicio estaban ya en la media. Las tasas de mortalidad eran semejantes al del resto de comunidades autónomas. El problema estaba ya resuelto”.