“Era una secta en la que el miedo y la amenaza estaban siempre ahí”

Los cuatro acusados del caso Kárate, por el que se juzga la posible red de pederastia y abusos sexuales con más víctimas de la historia de España, se han declarado hoy inocentes tras escuchar testimonios de los denunciantes. “Son falsos”, espetó seco y rápido Fernando Torres Baena, que apenas se irguió para contestar en el primer día del juicio. A este maestro se le imputan medio centenar de delitos, la mayoría de ellos sexuales, que se habrían cometido durante años contra 61 alumnos de su gimnasio, una reputada escuela de artes marciales de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre el Ministerio Fiscal y la acusación particular hicieron un perfil de Baena atroz. Aseguran que ejercía “una superioridad espiritual” hasta el punto de que los alumnos lo trataban como si fuera Dios. Argumentan que aprovechando su posición de “superioridad moral” mediante “un conglomerado de técnicas psicológicas de manipulación” lograba “obtener la sumisión a todos los niveles de los menores” —que tenían entre 10 y 16 años— y “no siendo ajeno a la diferencia de edad lograba que se doblegaran a sus requerimientos para cualquier tipo de práctica sexual”, incluidas prácticas zoofílicas obligadas, según han declarado algunas de las víctimas.

Para Baena piden 303 años de prisión por 36 delitos de abusos sexuales prolongados en el tiempo, 13 de corrupción de menores y uno por tenencia ilícita de armas. Ivonne y María José González, “fundamentales en la trama” para la acusación, presuntamente eran las encargadas de captar nuevos jóvenes para el gimnasio de Baena en diferentes centros públicos y privados, además de haber sido alumnas. Eran monitoras y para ellas se piden 154 y 146 años de cárcel por delitos de abusos sexuales continuados. Para Juan Luis Benítez, el único imputado en libertad, se piden 18 años de prisión por el mismo delito. La sentencia posiblemente esté para diciembre.

La Audiencia ha pedido que los acusados declaren en vista pública. Pero los abogados de la acusación han solicitado de forma vehemente que el juicio se celebre a puerta cerrada, para “preservar la intimidad y dignidad de las víctimas, que, en algunos casos no han contado lo que les ocurrió ni a sus padres”, según relató el letrado José María Palomino, que los defiende en grupo. En su opinión, si se permitiera un juicio de puertas abiertas, serían “sometidos a un trato injusto y que les haría mal”.

Todos los denunciantes excepto uno están representados por Palomino. Y cada uno de los cuatro acusados tiene un abogado, por lo que entre defensa y acusación suman seis juristas. Cinco de ellos, además del Ministerio Fiscal, están de acuerdo con que se produzca a puerta cerrada. Todos excepto Ángel Luis Calonge, que defiende al cabecilla de la presunta red. Este abogado no entiende la petición dado que “no hay nada que ocultar ¿o sí?”, insinuó. Calonge se opone a evitar la confrontación visual de aquellos que dicen haber sido agredidos por Torres Baena y sus cómplices, incluso si son menores. “Ya no son niños de nueve o 10 años”, que es los que tenían cuando presuntamente sucedieron los hechos. “Tienen 17. Si son lo suficientemente maduros para poner una denuncia de estas características, también lo son para venir a declarar ante el denunciado”, declaró en la sala.

Una de las personas que forman parte de la asociación de víctimas del caso Kárate insiste en preservar la intimidad a la hora de hacer su declaración antes los jueces. Su entorno sabe lo que le ha sucedido, pero no la gravedad de los hechos, que se reserva, explica a este periódico. Entiende, además, que debe preservarse el anonimato de todos: “Ellos, como yo, no quieren que toda España sepa lo que nos hacían”. Está deseando que acabe el proceso, dice, y asegura que con el tiempo ha entendido la arrolladora personalidad que tenía su antiguo maestro, Torres Baena: “Era una secta en la que el miedo y la amenaza estaban siempre presentes. Y la sanción también, por supuesto”, rememora.

La defensa de Torres Baena sostiene que existe un complot contra él y que todo se organizó para que fuese “el juzgado de Instrucción número 7 el que se hiciese cargo” de la denuncia que destapó el asunto. Dijo que “ha sido gestionado con intención de que sea así para conducir el caso”. Igualmente, denunció las filtraciones que se produjeron estando la causa bajo secreto de sumario.