El Gobierno pone bajo vigilancia las uniones de hecho de inmigrantes

Las parejas de hecho se han convertido en una solución para el problema de muchos inmigrantes en situación irregular. Un cambio en la normativa permite, desde noviembre de 2010, que las parejas inscritas en registros municipales puedan pedir la tarjeta de residencia de familiar comunitario, que abre las puertas al mercado laboral y la residencia en España y a moverse libremente por Europa. Hasta ese momento solo podían pedirlo los matrimonios, civiles o canónicos. El cambio normativo ha derivado en un incremento de las uniones de hecho en las que un miembro es inmigrante irregular, y el fenómeno ha hecho saltar las alarmas de la policía.

La situación ha llevado a la Secretaría General de Inmigración y Emigración a dictar una nota interna, a la que ha tenido acceso este diario, en la que insta a las Delegaciones del Gobierno y a las Subdelegaciones, que son las que reciben los expedientes y emiten las tarjetas, a que, en cuanto una unión se les antoje fraudulenta, lo comuniquen a las brigadas de Extranjería y dejen “la solicitud pendiente de contestación” a la espera de lo que diga la policía. “En el caso de que existan sospechas razonables de la existencia de un presunto abuso, fraude o irregularidad (por ejemplo, dudas de si el matrimonio se ha disuelto o anulado, sospecha de que el familiar se ha ausentado del territorio español por un periodo superior a seis meses en un año...); la Oficina de Extranjería no expedirá al familiar de ciudadano de la Unión la tarjeta de residencia permanente, tras verificar la duración de la residencia, hasta que no queden acreditados fehacientemente los requisitos establecidos”.

Registrarse como pareja de hecho en un Ayuntamiento es un trámite sencillo: la persona acude con otra a un consistorio cualquiera, presentan un documento que acredite que al menos uno de ellos está empadronado en el municipio, son solteros, mayores de edad y piden que les inscriban como pareja de hecho en el registro municipal. Si uno de los dos es extracomunitario y no tienen los papeles en regla, esa unión le sirve para pedir la tarjeta de familiar de residente comunitario.

En ocasiones, basta con una declaración jurada de un miembro de la pareja para acreditar la soltería, explican fuentes policiales. Otros Ayuntamientos, como ocurre en la Comunidad de Madrid, exigen además que se acrediten dos años de convivencia.

La policía asegura que ha detectado un “aumento alarmante” de peticiones de este tipo de tarjeta y, según fuentes de la Comisaría General de Extranjería, muchas de esas uniones podrían ser fraudulentas. No existen sin embargo cifras que permitan constatarlo de manera precisa. Solo un dato ilustrativo: en 2011 el Cuerpo Nacional de Policía realizó 61 operaciones contra matrimonios de conveniencia y 33 con parejas de hecho, que se saldaron con 305 detenidos.

La orden de la Secretaría de Inmigración es una novedad en la forma de proceder. En la actualidad, la policía no interviene necesariamente en los trámites a través de la Delegación, sino que actúa a través de investigaciones policiales posteriores encaminadas a desarticular grupos que se dedican de forma organizada y sistemática a concertar matrimonios o uniones falsas. Casarse o hacerse pareja de hecho por conveniencia es una infracción administrativa. Para que exista delito es preciso que se produzcan otras circunstancias que suelen producirse durante el proceso para constituirse en unión, como la utilización de identidades o certificados de soltería falsos. Una portavoz del Ministerio de Empleo y Ocupación aseguró que este tipo de notas aclaratorias se hacen cuando hay cambios normativos, y declinó opinar sobre el problema detectado por la policía.

En algunas provincias, la situación es tan complicada que ya se han firmado protocolos para combatir este tipo de fraude. Es el caso de Barcelona. Cualquier petición de tarjeta de residencia de familiar comunitario sospechosa se deriva a la Brigada Provincial. El año pasado realizaron un millar de entrevistas a parejas sospechosas y demostraron que el 80% eran falsas. Los documentos y expedientes se acumulan en las sillas, en las estanterías, en el suelo... En lo que va de año llevan ya casi la mitad de entrevistas hechas que el año pasado.

Para evitar la situación, varios Ayuntamientos han optado por cerrar los registros municipales de parejas, que nacieron inicialmente con la intención de regularizar los derechos de las parejas homosexuales cuando no podían casarse. Solo en Cataluña han cerrado los registros de Barcelona, Sabadell, Badalona, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Salt, Banyoles, Blanes, Badalona, Castelló d'Empúries y Girona, entre otros. Algunas ciudades, como Lleida, han endurecido los requisitos. No todos los consistorios cuentan con los mismos criterios, pero cualquier registro vale para solicitar la tarjeta en cualquier Delegación de España.

“Las Delegaciones se han dado cuenta del volumen, que ha aumentado de forma alarmante”, asegura un inspector de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Pero todavía no se ha dictado ninguna instrucción interna de cómo proceder a nivel general ante una situación que varios mandos tachan de preocupante.

En Alcázar de San Juan (Ciudad Real) recibieron desde el 1 de enero hasta el 7 de noviembre del año pasado 103 solicitudes de inscripción en el registro de uniones, según fuentes policiales. Estas suponen casi el 30% de todas las solicitudes que se presentaron en Ciudad Real (349). “En un 77% de las parejas de hecho uno de ellos era irregular y extracomunitario”, señala ese inspector de la Comisaría General de Extranjería.

Hasta el cambio de la normativa, después de una sentencia del Supremo a raíz de una denuncia de Andalucía Acoge porque España aplicaba de forma restrictiva la directiva Europea, los matrimonios falsos, canónicos o civiles, eran la vía elegida para conseguir regularizarse. Las entrevistas y los documentos requeridos son más exigentes, indica un inspector de la Brigada de Extranjería de Barcelona. En el caso de las bodas religiosas, se exige los contrayentes la partida de bautismo, un curso prematrimonial y la entrevista personal con un sacerdote. Las parejas que deseen casarse por lo civil deben presentar el pasaporte en vigor o el certificado de su renovación, entre otras cosas, y pueden ser llamados por el juez, generalmente con experiencia en detectar los fraudes.

Los agentes piden un registro centralizado, con herramientas para controlar el fraude, y advierten también de la indefensión que supone para los ciudadanos que se cierren los municipales. En Cataluña basta registrar la unión de hecho ante notario para que tenga validez legal, pero esa inscripción no vale para pedir la tarjeta de familiar de residente comunitario. La norma exige que sea en un registro. Los inmigrantes en situación irregular no podrían adquirir los derechos de cualquier persona en España por esta vía y se verían obligados a casarse.