La Liga mantiene el veto a las radios y exige indemnizaciones para los clubes
El organismo que controla el fútbol sostiene que el decreto aprobado ayer afecta a contratos en vigor y que hasta que no se resuelvan las emisoras estarán vetadas
El real decreto que obliga a los clubes de fútbol a permitir el acceso de las radios a los estadios para retransmitir los partidos es desoído por la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Este organismo vetó ayer la entrada a los estadios a las cadenas de radio y anunció que exigirá que los clubes sean resarcidos por las medidas del Gobierno.
El objetivo de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual es que las radios no tengan que pagar un canon, como les exigía la Liga, por el derecho a la información. El decreto garantiza a las emisoras su libre acceso a los estadios para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos a cambio de una compensación por los costes que implique el uso de las cabinas y tras instalaciones. “El hecho de que se haya modificado la referida ley ratifica que las acciones que ha realizado la LFP, en nombre de sus asociados estaban realizándose conforme a derecho y con plena legitimación”, dice la Liga.
Esta modificación “afecta clara y directamente”, según la patronal del fútbol, a los contratos en vigor entre los clubes y los operadores audiovisuales, lo que implica “un importante quebranto económico” y un “daño irreparable” que podría vulnerar la propia Constitución. Por ello, la Liga anuncia que adoptará “acciones pertinentes” para proteger sus derechos y avanza que hasta que no se resuelva el conflicto generado por la modificación legal, no permitirá la entrada a los estadios de las radios que no hayan sido acreditadas por la LFP.
Para poner fin a este conflicto, que se arrastra desde el comienzo de esta temporada, el Gobierno ha establecido que las radios podrán acceder a los recintos para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos “a cambio de una compensación económica equivalente a los costes generados”. Esta cuantía se fijará mediante un acuerdo entre las partes y en caso de discrepancia será la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que resuelva el conflicto mediante una resolución vinculante.
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