¿Quién quita el Ayuntamiento?

En España hay 8.116 municipios y la inmensa mayoría, cerca de 6.800, tiene menos de 5.000 habitantes. En casi 3.800 pueblos no pasan de 500 almas. Ya La Pepa, en 1812, consideró la necesidad de abordar una “división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan”. Y decía aquella Constitución en su artículo 310: “Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente”.

Y una vez puesto, a ver quién se lo quita. Hoy tienen Ayuntamiento pueblos muy muy pequeños, hay leyes sobre la reorganización local, pero no se ha abordado nunca en serio, a decir de los expertos. A pesar de ello, el debate no cesa. Siglo tras siglo. La crisis económica lo trae de nuevo: se ha hablado de eliminar las Diputaciones, de suprimir pueblos, de fusiones entre municipios. Hace unos días, los alcaldes de dos pueblos gallegos, Oza y Cesuras, plantearon unirse en un solo Consistorio con la idea del ahorro económico. La misma idea que impulsa el plan del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para extender las fusiones a muchos más pueblos, algo que ya cuenta con el frontal rechazo de medio centenar de alcaldes de las cuatro provincias gallegas que, incluso, se han constituido en asociación para pelear.

De hecho, hay muchos expertos que consideran equivocada la motivación económica, aunque nadie se opone a la fusión voluntaria. “Las fusiones o la supresión de municipios no debe plantearse en términos de ahorro, porque no creo que en la mayor parte de esos municipios pequeños realmente se ahorrara algo, no tienen empleados en su Administración y la inmensa mayoría de los alcaldes no cobra. Este tema debe quedar al margen de la crisis. Si lo enfocáramos con criterios económicos todos viviríamos en Madrid, Barcelona, Valencia...”, dice Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

Muchos expertos discuten que unir pueblos sirva para gastar menos

En realidad no se conoce un estudio económico riguroso que haya medido el ahorro que supondría la fusión o supresión de municipios. “Si se reducen municipios caerían los pequeños, que alguno puede estar endeudado, pero en general no lo están. Este asunto no debe pivotar sobre los problemas de déficit público”, coincide el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y eurodiputado por UPyD Francisco Sosa Wagner.

El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo, también señala la inexistencia de estudios económicos relevantes para decantarse por la supresión de municipios. Y cree, sin embargo, que hay otras razones que no recomiendan hacerlo por más pequeños que sean los pueblos. “Su eliminación generaría conflictos, es la Administración más querida por los ciudadanos, hay motivos históricos y culturales para mantener la estructura del país”, dice. “Después de todo”, añade, “los pueblos no van a desaparecer, la gente seguirá viviendo en ellos y los servicios habrá que seguir llevándolos hasta allí”, avisa.

Cierto, pero es precisamente la prestación y distribución de los servicios una de las razones que justificarían, según algunos, la reorganización del mapa municipal. “Para la prestación de servicios públicos se necesita un mínimo escalafón de funcionarios, que garantice la eficacia”, dice Sosa Wagner.

“Para prestar servicios se requiere capacidad recaudatoria y para eso hay que tener una población suficiente. Habrá que ver las formas de reorganizar, pero creo que la necesidad es imperiosa”, asegura Luciano Parejo, también catedrático de Derecho Administrativo, en la Universidad Carlos III. Aunque advierte: “Hemos de aprovechar lo que tenemos porque ya hemos fracasado con otros intentos, hay que reconfigurar las Diputaciones”, dice.

El municipio es una Administración muy querida por los ciudadanos

Antonio Embid afirma: “Suprimir municipios no sirve de nada, mucha prudencia y poco dogmatismo con esto. Si es que, además, los servicios, agua, recogida de basuras, ya se están prestando de una forma común, agrupada, mediante mancomunidades. Ese segundo nivel local es el que debe usarse para los servicios, que ese es el problema, no el ahorro”. Y añade: “Sería un error que se fijara por ley un número de habitantes a partir del cual suprimir un municipio”.

Martínez Maíllo aclara desde el primer momento que cerrar pueblos atendiendo al tamaño no está en la agenda de negociación de la FEMP con el Gobierno. Pero no descarta debatir sobre el reparto competencial, precisamente para atender esos servicios “que, de todas formas, han de seguir llegando hasta donde vive la gente”. “La duplicidad de servicios entre las entidades locales y supralocales; eso sí puede debatirse. Desde ese punto de vista, puede que haya ineficiencias que corregir, pero nada se soluciona en el terreno económico suprimiendo un Ayuntamiento”. Es posible, admite, que el número de mancomunidades, por ejemplo, sea excesivo: “Se puede hablar sobre ello”. En España hay 1.025 mancomunidades de variados objetivos: agua, bombero, basuras...

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona y está convencida de que “la fusión de municipios aumenta la calidad del servicio público”. Pero también opina que pueden crecer los gastos si no se afina en esta operación. Esa es una de las conclusiones de un estudio sobre la reorganización del Gobierno local que ha dirigido, junto a Albert Solé, como miembros del Instituto de Economía de Barcelona (IEB). “En todo caso, no es un proceso sencillo, la reorganización debería depender de cada zona, no es lo mismo el ámbito rural que el urbano, por ejemplo. Es fácil fusionar esos municipios que casi son un continuo urbano, pero los pueblitos aislados quizá no tanto; las mancomunidades puede que funcionen mejor para estos pequeños pueblos, pero estas agrupaciones quizá sobran en los entornos urbanos”, opina.

Luciano Parejo también cree que las mancomunidades deberían deshacerse de la carga que suponen municipios de más de 5.000 habitantes. “Municipios grandes y Diputaciones supone duplicar los órganos de administración”, coincide Sosa Wagner. En todo caso, añade este último, sea lo que sea habrá que hacerlo sobre la base del acuerdo político, teniendo en cuenta la eficacia en la prestación de servicios y buscando que el municipio responda a una organización política no a una agrupación familiar. “Para montar un sistema democrático se necesita algo más que la unión de unas familias. Creo que por debajo de tres o cuatro mil habitantes no tienen mucho sentido”, afirma.

Las ranas no votan por desecar la charca en que viven, decían en Alemania

Sosa Wagner cree que fusionar municipios hasta que alcancen esa cifra de habitantes no supone, en ningún caso, que se pierda la representatividad política de los pequeños pueblos. “En León, Asturias, Galicia, ya hay una organización por parroquias, pedanías, que tienen garantizada su representatividad y cierto nivel de administración de bienes comunales, por ejemplo”.

La representatividad política de las aldeas no es un asunto menor para Antonio Embid: “Los pueblos temen, y con razón, que les quiten capacidad política para luchar por sus cosas, su escuela, su centro médico. La desaparición de aquellos funcionarios a lo largo de los años, los maestros, los médicos, ha contribuido a la despoblación de muchos municipios”, afirma.

Pero el debate persiste, con crisis y sin ella. Y cabe preguntarse, también, quién sería el encargado de dibujar el nuevo mapa llegado el caso. “Las comunidades autónomas, sin ninguna duda, ellas tienen las competencias”, responde de inmediato Sosa Wagner, en la creencia, además, de que cada territorio es diferente y buscará el modelo adecuado.

“Correspondería al Estado”, opina, sin embargo, Luciano Parejo. “El municipio es una pata del Estado, tanto como las comunidades autónomas, aunque lo regulara solo mediante una ley básica”, que luego pueda desarrollarse en el ámbito regional.

En muchos países europeos se reorganizó el mapa local en el siglo XX

La búsqueda de acuerdos, para hacer lo que sea, es materia coincidente entre los expertos, pero el consenso no siempre es posible cuando se aborda una medida polémica, y esta, sin duda, lo sería. “Las ranas nunca votarán la desecación de la charca en la que viven, decían en Alemania”, recuerda Sosa Wagner.

Y parece que las ranas latinas son aún más reacias a prescindir de su charca. La Europa más al norte ya puso en marcha hace décadas drásticas reorganizaciones locales que redujeron significativamente el número de municipios. En el sur, el asunto es más complejo. En España, bien al contrario, el número de municipios ha crecido en las últimas décadas, aunque no mucho, porque las peticiones de segregación, de independencia, tardan años en resolverse en la Administración. No es fácil, la segregación requiere unas condiciones administrativas que no siempre están acordes con el deseo independentista. “En el Levante ha ocurrido más veces, porque hace siglos los pueblos se formaron en la montaña, en el interior, de espaldas a los envites piratas de la costa, y ahora que los núcleos costeros han crecido tanto no se ven representados por aquellos que viven allí arriba”, bromea Sosa Wagner. Poco a poco, algunos han conseguido su ansiada identidad.

“La pertenencia a un lugar, y que tenga representatividad propia está muy arraigada en el sur”, sostiene Luciano Parejo.

En otros países no se anduvieron con contemplaciones, lo que no quiere decir que ahorraran pleitos. Hubo muchos en Alemania, pero los tribunales fallaron a favor del nuevo diseño decretado. “En Inglaterra, Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Bélgica, se abordaron planes sobre esto a mediados del siglo pasado. En Inglaterra se suprimieron algo más del 70% de los municipios, y en Alemania alrededor de la mitad. Y se usaron criterios numéricos, por habitantes”, explica Luciano Parejo, buen conocedor de la situación europea. Francia y Portugal están ahora en debates similares. El caso de Francia es llamativo porque tiene más de 30.000 municipios.

Y en España, como se ha dicho, el asunto va y viene. En este caso alentado por la feroz crisis económica y el ahorro de dinero público, una cuestión que los expertos no creen determinante para emprender ese camino, sino la representatividad política y la prestación de servicios. “Por supuesto tendría que hablarse este asunto al margen de la crisis, pero la crisis ha traído de nuevo esta cuestión y ha puesto de manifiesto ciertos problemas: puede que no se trate de la inoperancia de ciertos Ayuntamientos, pero quizá sí de la duplicidad de servicios y de repensar las Administraciones supralocales”, concluye Núria Bosch. “Y si no fuera por la crisis, quizá no estaríamos hablando de ello”.

Ozasuras o Cesuroza

SILVIA R. PONTEVEDRA, Oza

Los primeros que vieron clara la fusión, antes que los alcaldes, que el presidente Feijóo, que el resto de los vecinos, fueron los socios de la Casa de Andalucía de A Coruña. Llevan años celebrando el Rocío con su característico peregrinaje de carromatos y volantes por las más de 20 parroquias que suman Oza y Cesuras. Las cabeceras de estos dos municipios de la provincia coruñesa, próximos a Betanzos, distan tres o cinco kilómetros, según qué carretera se elija. En la más larga, a mitad de camino y en terrenos de Cesuras, antes de saltar la noticia de la fusión, los alcaldes (que ya se han acostumbrado a negociar juntos), ya le habían arrancado a la Xunta de Galicia la promesa de una guardería compartida. En la vía más corta, la principal, ondea sin embargo, desde hace nada, una pancarta que revela temores vecinales: “Sin información, no a la fusión”, reza.

A todos los vecinos, los 2.225 de Cesuras y los 3.229 de Oza dos Ríos, les han escrito sus alcaldes. La carta habla de “unión voluntaria”, “entre iguales”, de “experiencia ilusionante”. También de “mejora de los servicios” porque van a convertirse, argumentan, en un Ayuntamiento de más de 5.000 habitantes y eso da derecho a una ración mayor del pastel de los Gobiernos central y regional. Será, prometen los regidores, “bastante más dinero” del que recibirían “por separado”, y además, al renegociar unidos contratas como la de recogida de basuras, también “ahorrarán”. Todo esto, siguen, “respetando la identidad” y el “equilibrio”, manteniendo los dos centros de salud, los colegios y las casas consistoriales.

“Os pido calma y confianza, vamos a tener mucho más”, promete a sus gobernados Pablo González, el regidor del Ayuntamiento más grande y el único que cobra por ello. Tanto él como su homólogo, Julián Lucas, reunidos en el Ayuntamiento de Oza, recuerdan que los municipios de más de 5.000 habitantes “tienen derecho a pediatra”. González, además, suelta a volar la idea de un instituto: ahora los chicos de ambos pueblos (una grandísima parte nacidos de matrimonios mixtos entre cesuranos y ocenses) van en autobus al instituto de Betanzos.

Pero el auténtico maná que anuncian los alcaldes sabe dulce y tiene chispa. Aquí hay algunas explotaciones ganaderas, algún aserradero, algún carpintero, pero los jóvenes tienen que buscarse las habichuelas fuera. Begano, la embotelladora de Coca-Cola para el noroeste español, ha comprado 360.000 metros cuadrados de monte que ya ha sido recalificado. El Ayuntamiento de Oza habla de una inversión de 300 millones en 10 años y de un compromiso por parte de la multinacional: antes de la fusión, el 60% de las nuevas contrataciones iban a ser de empadronados en Oza. Ahora serán el 100%, tanto de Oza como de Cesuras.

Claro que en el segundo de estos pueblos, donde el anuncio de fusión se ha topado con más reticentes (ha habido ya manifestaciones encabezadas por el Bloque Nacionalista Galego), se extiende el rumor de que el proyecto está parado: “La Coca-Cola va a reforzar la planta de Asturias y lo que monten aquí, si lo montan, será un almacén”, comenta el dueño del bar, incrédulo con la unión de municipios. “Lo que menos perdonamos es el secretismo con el que se hizo todo esto; parecía que [el presidente de la Xunta, Alberto Núñez] Feijóo tenía prisa por algo. Y ojalá me equivoque, pero seguro que a los alcaldes les prometieron algo de su interés por meterse en este lío”.

“Julián Lucas no vuelve a ser elegido, eso está claro”, advierte el vecino expresando el sentir de muchos cesuranos. En breve, una vez que se vote en los dos plenos municipales la fusión, se disolverán las corporaciones, se nombrará una comisión gestora y se convocarán elecciones. Entonces, PP, PSOE (segunda fuerza en Oza) y BNG (segunda en Cesuras) tendrán que fundir también sus listas. Ya no habrá 11 concejales en cada Ayuntamiento, sino 13 en total, y ya no todas las parroquias, como es tradición, van a estar representadas.

Y un alcalde se irá para casa. Sea el que sea, ambos regidores pasarán a la historia como los últimos de cada pueblo. Breves Gobiernos, porque tanto González como Lucas se estrenaron en 2011. Sus antecesores estaban desde la Transición. “Podíamos quedarnos sentados y dejar pasar el tiempo”, comentan los dos, “pero el panorama económico ya no es el que era hace cinco años y había que hacer algo”.

“Ahora solo va a haber una vaca de la que chupar”, resume Flora Rellán, vecina de Oza. “Pero a nosotros nos da igual”, la secunda Elisa Delgado: “Si no nos quitan las cosas que tenemos aquí... el centro de salud... Ni el nombre que le pongan al pueblo nos preocupa”.