El Gobierno cuida de sus votantes más fieles

Cuando el PP ganó con holgura las elecciones municipales en mayo de 2011, en medio de la contestación callejera del 15-M, casi todos los analistas dedujeron que la gran masa de votantes que nunca se manifiesta, más conocida por clase media, había optado en las urnas por un mensaje de calma y estabilidad frente al folclore de la protesta. Y cuando en noviembre, el partido de Mariano Rajoy volvió a arrasar en los comicios generales recurriendo al clásico axioma liberal “a menos impuestos, más riqueza”, adornado con los lazos democristianos de mantener los derechos sociales (el “no abarataremos el despido” repetido hasta la saciedad en la campaña de los populares), se confirmó el respaldo de esa inmensa capa media de la sociedad que, al margen de su ideología cambiante, mantiene la economía con el consumo y sus tributos.

Lo que nadie podía prever, y menos aún esos presumibles votantes del PP, es que las primeras reformas del Ejecutivo no solo no irían dirigidas a apuntalar su calidad de vida, sino que pondrían en peligro todo su esquema vital y salarial. Y es que la reforma fiscal y laboral de Rajoy ataca frontalmente a la clase media acomodada. Puede que no sea el objetivo, pero la consecuencia de ambas reformas es debilitar el privilegiado estatus de los asalariados de ingresos medios-altos, con antigüedad consolidada en la empresa. ¿Pero realmente las reformas del PP al actuar contra esa clase media acomodada no están atacando a una parte importante de sus votantes?

Aparentemente, eso podía parecer, sobre todo si se tiene en cuenta el llamamiento al sacrificio tan churchiliano que ha hecho el Gobierno a la sociedad española. Aunque de esa expiación colectiva se han librado dos colectivos a los que otras reformas del PP benefician notablemente: los autónomos y los pensionistas. Los primeros van a recibir un balón de oxígeno en mayo tras aprobar el Consejo de Ministros la liberación de un préstamo sindicado para Ayuntamientos y comunidades autónomas de 35.000 millones de euros para comenzar a pagar las deudas que tienen con sus proveedores. Y a los jubilados se les ha revalorizado la pensión el 1% en 2012, en un contexto de recortes salariales generalizado. La pensión media, de 810,85 euros, se incrementa este año en 8,11 euros al mes, una mejora anual de 113,52 euros.

El 58,3% de los comerciantes vota al PP frente al 13,9% al PSOE, según el CIS

El hecho de que las primeras reformas del PP penalicen a una clase media acomodada de asalariados y premien a autónomos y jubilados puede no ser tan inocente. Porque estos últimos son precisamente el primer y más sólido bastión electoral del PP. Las reformas laboral y fiscal pasan factura, como parecen apuntar las recientes elecciones andaluzas, con una caída para el PP de 420.000 votos y cinco puntos respecto a las generales del 20 de noviembre.

A simple vista, podría parecer que el PP se ha hecho un haraquiri castigando a parte de su electorado natural. Pero si se profundiza en los datos, la conclusión no es tan simple. El barómetro de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de enero —el último que segmenta la intención de voto por estratos socioeconómicos— pone de manifiesto que los empleados cualificados y profesionales por cuenta ajena que se han visto castigados por las reformas no son el electorado más fiel al PP. Aunque el partido de Rajoy barrió en todos los segmentos, empresarios, autónomos, comerciantes y jubilados son los que con más fervor auparon en las urnas a los populares.

Empresarios, autónomos y agricultores (lo que el CIS engloba en la categoría de “viejas clases medias”) son los que más soporte dieron al PP frente a los socialistas: el 51,8% votó al PP frente al 21,3% al PSOE. Por el contrario, donde menos diferencias se observan es en el segmento de los obreros cualificados (32,4% al PP por 31% al PSOE).

Entre los empleados gana el PP, pero con la menor diferencia respecto al PSOE

Si ampliamos la encuesta a los inactivos, se reproducen las mayores diferencias entre los que votaron al PP y al PSOE en las mismas categorías. El apoyo al PP es masivo entre empresarios con asalariados y altos ejecutivos (41% por el PP frente al 21% del PSOE) y masiva entre comerciantes y pequeños empresarios (58,3% PP y 13,9% PSOE), agricultores (56,3 / 12,5%) y jubilados (43,1% / 26%).

No es de extrañar que Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), hable maravillas de las reformas del PP. “Van encaminadas en la buena dirección. Valoramos especialmente el plan de pago para Ayuntamientos y comunidades porque va a significar aire fresco para 1,4 millones de autónomos afectados por la morosidad. También nos gusta la reforma laboral, que no es como dicen la del despido, y va a permitir crear empleos. O el contrato para emprendedores, sobre el que se ha hecho mucha demagogia por lo del año de prueba, pero que va a propiciar que los jóvenes encuentren su primer empleo”, señala Amor.

Donde las diferencias entre ambos grandes partidos son menores es precisamente en las clases más perjudicadas por la reforma: personal administrativo y de servicios (34% PP frente a 18,1% PSOE), obreros cualificados (35,8% / 26,8%) y obreros no cualificados (36,4% / 24,7%). Resumiendo, el PP apuesta justamente por su lectorado más fiel —tenderos y jubilados— y sacrifica al más voluble, los asalariados.

Los pequeños empresarios
van a poder cobrar
las deudas atrasadas

El peso de la reforma fiscal de Rajoy con la que espera recaudar 4.111 millones de euros suplementarios recae en los asalariados. Y dentro de estos, en los más pudientes. Así, mientras que a los que tienen una base imponible de 17.707 euros se les recarga solo un 0,7% y pasan a tributar al 24%, a los que ganan más de 33.000 euros se les aplica un recargo del 3% y Hacienda se lleva el 40% de sus ingresos.

“Desde luego que afecta a las clases medias, pero es que, en caso contrario, el efecto recaudatorio sería pequeño. Aproximadamente, el 50% de la recaudación por IRPF se obtiene entre las bases imponibles que van desde los 20.000 a los 72.000 euros. El 30% se obtiene de las bases superiores a 72.000 euros y el 10% de las que están por debajo de 20.000 euros”, según Luis del Amo, de REAF, con los últimos datos de recaudación de la Agencia Tributaria.

El Gobierno adujo para ese aumento de la progresividad que debían ser solidarios los que más ganaban y tenían su trabajo más seguro. Pero apenas mes y medio después, la reforma laboral ha quebrado ese argumento, porque está diseñada justo para reducir drásticamente el coste del despido de esos trabajadores solidarios.

Los sueldos se revisan
legalmente a la baja;
las pensiones al alza

Aunque los casos son infinitos, grosso modo se puede deducir que la regla es que el coste del despido se ha reducido a un tercio del que había antes de la reforma. Es decir, que si un empleado con una antigüedad de 15 años debía recibir unos 74.000 euros por despido improcedente, ahora solo le corresponderán 32.900 euros por despido procedente. Y es que, salvo excepciones, y al contrario de lo que sucede ahora, que el 90% de los despidos son improcedentes o pactados, al ampliar la reforma las causas económicas (basta una caída de ventas continuada o perspectiva de pérdidas), y con una economía en recesión, casi todos los despidos pueden ser procedentes (20 días con un máximo de 12 mensualidades).

“La reforma provocará un aumento de la rotación que no tiene por qué ser malo en la bonanza económica, pero que en una recesión como la actual puede tener efectos no deseados. Por grupos, lo que ganen los jóvenes no cualificados lo perderán los trabajadores mayores con baja cualificación, mucho más caros no solo por antigüedad, sino porque no tienen los beneficios fiscales de los jóvenes (menores de 30 años). Los más perjudicados serán aquellos trabajadores en edad avanzada cuyos salarios (en general elevados) estén más vinculados a su antigüedad en la empresa que a su productividad. Los datos apuntan a sectores industriales de intensidad tecnológica reducida (como la confección o el textil). O la intermediación financiera, en la que en algunos puestos los trabajadores jóvenes y mayores son fácilmente sustituibles. De no lograr que aquellos mayores expulsados vuelvan al mercado laboral, habrá más efectos no deseados, esta vez, sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones”, asegura Manuel Flores, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela.

A simple vista, podría parecer que el PP se ha hecho un haraquiri castigando a su electorado natural en aras al bien común, como se encargó de recalcar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. “Lo que ha hecho este Gobierno, cuando intentó ajustar la situación, lo primero fue subir el IRPF, que castiga fundamentalmente a la mayoría de los votantes del PP, hemos exigido un sacrificio a los funcionarios, que en su mayoría también son votantes del PP; se ha intentado que el esfuerzo se reparta de forma equitativa”.

Si se reducen los salarios, caerán las cotizaciones y, más tarde, los retiros

Pero la reforma fiscal y, sobre todo, la laboral puede provocar daños colaterales y acabar golpeando también al electorado más devoto del PP. Al tensar tanto la cuerda sobre el segmento de la población que mantiene el consumo, se corre el riesgo de provocar una voladura de la economía, ya de por sí maltrecha y en recesión. Y si cae aún más el consumo, los que más lo van a notar son los comerciantes y los pequeños negocios. A esa ecuación obvia se une una preocupante e insólita solidaridad intergeneracional por culpa de la crisis: las familias se ven obligadas cada vez más a recurrir a la ayuda de sus mayores.

El estudio del Ministerio de Agricultura presentado esta semana revela un dato estremecedor: los hogares formados por jubilados incrementaron la cesta de la compra de alimentación un 3% en 2011, mientras que las familias con hijos pequeños y de edad media las recortaron entre un 5% y un 7%. La razón de este curioso comportamiento, como apuntó el propio ministro, Miguel Arias Cañete, es que los pensionistas están ayudando a sus hijos y familiares. ¿De qué sirve que mantengan las pensiones si deben dedicar parte de ellas a ayudar a los hijos que han perdido el trabajo o han visto bajar su salario?

Los efectos de la reforma laboral también pueden recaer al final sobre los que han concluido su vida laboral. La nueva legislación puede provocar el temido efecto sustitución, es decir, que las empresas la utilicen para deshacerse de sus trabajadores más caros y los reemplacen por jóvenes u otros con salarios mucho más bajos y nuevos contratos.

Los jubilados gastan más porque están ayudando a sus familias

No sería de extrañar. De hecho, la equiparación a la baja de las nóminas de temporales y fijos ya se está produciendo. Los trabajadores con un contrato temporal tienen un sueldo medio anual (16.700 euros) un 30,4% inferior a la de los empleados con contrato indefinido (23.979 euros), según la última Encuesta de Estructura Salarial (2009). Esa diferencia, por grande que parezca, se ha acortado en los últimos años de forma acelerada (en 2002 era del 40%), pese a las trabas para los despidos de la legislación laboral.

La desaparición de esa casta privilegiada de empleados fijos con empleos blindados de la que hablan algunos puede ser un revulsivo social, pero también una amenaza para la estabilidad de las cuentas públicas y, en particular, las de la Seguridad Social. A menores sueldos, menores cotizaciones. Hoy, hacen falta 2,44 trabajadores para pagar la pensión de un jubilado, según un estudio de la aseguradora Allianz. Así, con 2,44 sueldos de 1.500 euros se paga una pensión de 700 euros. Si los empresarios reducen los salarios unilateralmente, como les permite la reforma, o si sustituyen plantillas caras por otras con sueldos más bajos, habrá que adecuar la ecuación. Es decir, que el Gobierno no tendría más remedio que reducir las pensiones.

“Si se apuesta por un adelgazamiento de caballo de los salarios, aunque no se atrevan a decirlo, la consecuencia más inmediata será que habrá un adelgazamiento brutal y en la misma proporción de las cotizaciones. La pensión promedio ahora es de 22.000 euros. Si los salarios son inferiores a eso, ¿cómo vamos a pagar pensiones nuevas de 22.000 euros con salarios de 15.000?”, precisa Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social. Gobernar para un grupo social afín ideológicamente puede ser eficaz en tiempos de bonanza. Pero en medio de un temporal, cuando se desata el pánico y comienzan a faltar los botes salvavidas, puede convertirse en el peor de los gobiernos.