Canarias lleva las prospecciones petrolíferas al Supremo

El Gobierno de Canarias ha decidido este jueves iniciar acciones judiciales contra el real decreto que otorga a Repsol realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, al tiempo que pide su suspensión cautelar hasta que haya un fallo. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha informado que además se están estudiando "más opciones", aunque ha aclarado que, "de momento", no va a haber una consulta popular como solicitó el pasado martes el Grupo Socialista en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.

El decreto recurrido convalida uno anterior de 2001, anulado en 2004 por el Tribunal Supremo, pero según el Ejecutivo canario no se han subsanado las carencias que llevaron a su nulidad en cuanto a las medidas de protección medioambiental del fondo marino en las costas canarias. Según el criterio de los servicios jurídicos autonómicos, la convalidación se ha realizado de forma inadecuada porque solamente pueden convalidarse los actos anulables, pero no los ya anulados por el Supremo.

"El grave defecto" que apreció el Supremo al anular en 2004 el decreto de prospecciones de 2001 queda reducido con su convalidación a un "mero vicio formal susceptible de subsanación mediante la simple incorporación de las previsiones omitidas en el acto anulado", según el recurso.

El Gobierno canario considera además que los documentos de subsanación aportados por el Ejecutivo de Rajoy "evidencian el escaso interés que a la prevención de daños medioambientales en las costas canarias dispensa el que fue titular de aquellos permisos, al no analizar en los mismos las especialidades propias del fondo marino de las costas de Canarias".

También argumenta el recurso que desde que el Supremo emitió su sentencia "no ha habido ninguna clase de actividad estatal en relación a este tema", lo que pone de manifiesto "la inexistencia real de interés público".

La autorización a Repsol para buscar petróleo abarca un área de 6.500 kilómetros cuadrados al este de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, que desde el primer momento han manifestado su rechazo a las prospecciones. Aparte de las cuestiones medioambientales, los cabildos de ambas islas y el Gobierno regional han expresado su preocupación por el impacto negativo que puedan tener el turismo.