Las agresiones registradas a médicos aumentan un 9% en un año

La OMS y la OIT calculan que el 25% de la violencia laboral se produce en el entorno sanitario

En los dos años de su existencia, el registro de agresiones a médicos de la Organización Médica Colegial (OMC) ha incluido 947 casos, según los datos que ha presentado su responsable, José Manuel Becerra. Estos incidentes se dividen en 451 en 2010 y 496 en 2011, lo que indica un aumento del 9%.

Sin embargo, los datos en sí son poco relevantes. Lo que importa es lo que significan. El registro solo se nutre de los casos que llegan a los colegios provinciales o autonómicos, por lo que sus responsables no dudan en afirmar que sus datos son solo la punta del iceberg del fenómeno. Y que lo que importa es que este va en aumento.

El fenómeno de las agresiones no es exclusivo de los médicos. Todo el personal del servicio sanitario (médicos, pero también enfermería, celadores o administrativos) está sujeto a ello. De hecho, organizaciones como la Internacional del Trabajo (OIT) o la Mundial de la Salud (OMS) calculan que ese ámbito registra el 25% de los casos de violencia en el entorno laboral.

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Teniendo en cuenta, por tanto, este aspecto de sistema centinela del observatorio, los datos recopilados indican que es en primaria donde hay más violencia. Esto es normal, ya que “son los que dan la cara ante el usuario”, dijo el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín.

El retrato robot de los agredidos corresponde a un varón, de entre 46 y 55 años, que presta atención en primaria, y en la sanidad pública, según dijo Serafín Romero, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Claro que este perfil puede cambiar, y, de hecho se feminiza, si se tiene en cuenta otras profesiones sanitarias. Por eso, el despacho de abogados especializado en salud Asjusa-Letramed afirma que la mayoría de las agresiones son a mujeres. Igor Pinedo, del despacho, concreta “que los castigos se fijan en función de la gravedad de la agresión. Así, si la agresión se califica como una falta leve, es decir, que ha sido una amenaza verbal, vejación o injuria, la pena oscila entre 10 y 20 días de multa, y las multas pueden ir de 2 a 400 euros al día. Si la agresión se califica como delito de atentado contra funcionario público, el denunciado se enfrenta a una pena de entre uno y tres años de prisión, tal vez más si concurre con otro tipo de delitos”.

El observatorio de la OMC no detalla las condenas. Sobre el tipo de agresión, especifica que el 22% implica lesiones físicas –aunque ha habido alguno en que se ha llegado a la muerte-. De ellas, en un 72% de los casos se presentó denuncia.

El delito de atentado contra funcionario público se pena con entre uno y tres años de prisión

Romero admite que “el agresor ha estado estigmatizado”. En los dos años de datos se detecta que solo el 9% tiene antecedentes de toxicomanía, y un 17% con patologías psiquiátricas. El 56% no tiene ningún antecedente que pueda considerarse un síntoma previo a la agresión. En un 28% de los casos no es el propio afectado, sino un familiar.

La principal causa de los ataques es que el médico no satisfaga las expectativas del paciente. Romero indica que la negativa del médico a conceder la incapacidad laboral o no recetar lo que el paciente quiere “no es tan frecuente”.

Pero aparte de recoger los casos, el objetivo de los colegios es que “la agresión no salga gratis”. En sus protocolos de actuación está personarse como acusación y crear vías de comunicación directas con la fiscalía. Ya hay acuerdo con algunas, que más allá de considerar estas agresiones como atentados a funcionario público –lo que endurece las penas-, algo de lo que ya hay jurisprudencia, consiste en permitir, por ejemplo, que el colegio se persone o que el afectado dé la dirección de esta institución como la propia. Con ello se evita que el agresor pueda tomar represalias sobre la familia, por ejemplo, indicó Rodríguez Sendín.

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