“No se atiende igual a personas con la misma dependencia”

César Antón (Palencia, 1957) ha sido cocinero antes que fraile: de su etapa como consejero en Castilla y León conoce el proceder de las comunidades y ahora, como nuevo director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), también el del Gobierno. Y en la implantación de la Ley de Dependencia la relación entre ambas Administraciones ha sido un constante tira y afloja. El objetivo del Gobierno, explica, es que, a igual grado de dependencia, dos personas reciban el mismo servicio en cualquier lugar de España. Quiere unificar los criterios para el copago del usuario, fijar indicadores comunes para determinar lo que cuesta la dependencia en cada comunidad y primar la prestación de servicios.

Pregunta. ¿Se prevén recortes en dependencia y servicios sociales?

Respuesta. Las prestaciones sociales seguirán siendo la prioridad del Gobierno.

P. ¿Por qué está paralizada la Ley de Dependencia?

R. Hay ritmos distintos por comunidades, cada una lo ha adaptado a sus circunstancias, pero, con respeto hacia ellas, han dado mejores resultados aquellas que han canalizado el desarrollo de la ley a través del sistema de servicios sociales. Sin embargo, hay diferencias en la aplicación.

P. Esas diferencias permiten que haya ciudadanos de primera y de segunda a la hora de percibir las ayudas. ¿Es tolerable?

R. Los ciudadanos tiene que ser iguales ante la ley. Hay que analizar cómo se ha puesto en marcha la norma y la evaluación de resultados y cómo se reconduce en el futuro. Agua pasada no mueve molinos. Es verdad que hay sitios donde los procedimientos se alargan por causas achacables a las Administraciones. Hay que dar un impulso, reordenar el procedimiento, entre todos.

P. ¿Y cómo se reconduce?

R. Nuestro objetivo es que ante situaciones iguales de dependencia se dé un tratamiento igual en todo el territorio, porque a igual grado no se está atendiendo de la misma forma. Tenemos, también, que acordar cómo se mide la capacidad económica del usuario y unificar su aportación económica, que tampoco es igual.

P. ¿Por qué las comunidades siguen sin dar datos reales de lo que les cuesta la dependencia?

R. No hay una valoración del coste porque no hemos fijado indicadores comunes para calcular esos costes. La ministra ha ofrecido la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre la forma de medir la capacidad económica del usuario y su aportación al sistema para el conjunto del territorio. Y también para determinar el coste de los servicios. Luego sabremos quién aporta y cuánto. En los Presupuestos Generales del Estado se determina claramente la partida para la dependencia (nivel mínimo y nivel acordado, seguridad social, etcétera). ¿Acaso existe ese detalle en los presupuestos de las comunidades autónomas?

“Hay sitios donde los procedimientos se alargan por las Administraciones”

P. Trascendió la intención del Gobierno de financiar a las comunidades según el coste del servicio al ciudadano, y no de su grado de dependencia, como ahora.

R. El reparto de los créditos de los presupuestos del Estado debiera hacerse primando a las comunidades que prestan servicios frente a las que dan prestaciones económicas, porque es el espíritu de la ley. Hoy, para repartir los recursos se tienen en cuenta otras variables, como la extensión del territorio, pero lo más importante deben ser los servicios que se presten y las personas atendidas. No puede ser que la población pese más en este reparto; en todo caso debe pesar la población dependiente, la forma de atenderla y las personas atendidas.

P. ¿Van a simplificar el baremo, el examen que fija el grado de dependencia de los ciudadanos?

R. No hay nada predeterminado,pero hay que reflexionar sobre su eficacia.

P. ¿Ese baremo permite que entren en el sistema más grandes dependientes de media que los que tienen otros países?

R. En la única estimación que se hizo en España se calculó que habría 205.000 personas con el mayor grado de dependencia y estamos en más de 425.000, más del doble. Las estimaciones nunca aciertan del todo, pero parece que estamos por encima de la media de la UE.

P. En el otro extremo están los dependientes moderados, cuya atención ha sido aplazada un año por el Gobierno. ¿Cree que todos los dependientes moderados deben entrar bajo el paraguas de la dependencia?

“No hay valoración del coste porque faltan indicadores para calcularlo”

R. Debiéramos hacer un análisis entre todos para ver si muchas de esas personas no están siendo atendidas ya de forma muy similar por los servicios sociales, porque antes de la ley ya se atendían esas necesidades.

P. Si se les saca de la ley, su atención quedará al arbitrio de las comunidades autónomas, porque una ayuda de los servicios sociales no se adquiere por derecho, ya que están sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

R. Yo no conozco que se haya dejado de atender a alguien que haya entrado a ser atendido en los servicios sociales. Las nuevas leyes de servicios sociales de las comunidades también garantizan esa atención por derecho.

P. Pero apenas hay tres comunidades con esas nuevas leyes.

R. Yo creo que cuatro o más.

P. Pero se trata del acceso a las ayudas. ¿Cómo se va a garantizar que tengan prestaciones en los servicios sociales cuando en algunos casos no se garantizan ni las ayudas que se conceden por la Ley de Dependencia?

R. No es solo el acceso, y siguen accediendo personas a los servicios sociales, sino también las que ya están atendidas. En España hay 451.366 usuarios de ayuda a domicilio, 165.294 plazas públicas de residencia de un total de 344.000. Aunque ha habido recortes presupuestarios, las comunidades y los Ayuntamientos han priorizado sus servicios sociales.

P. Un informe encargado por el Gobierno anterior determinó que el Imserso servía de poco tal cual estaba. ¿Para qué sirve?

R. Ha sido siempre un referente en política social y de mayores. Está totalmente justificado para dar cohesión, como ocurre en sanidad

P. Pero la cohesión sanitaria existe sin un Imserso.

R. Porque se hizo una ley para ello... Pero el Imserso, entre otras cosas, se hace cargo de las pensiones no contributivas, por ejemplo. Es el responsable de garantizar que todos los meses se cobren esas pensiones.