PP y CiU dejan abierta en el Congreso la puerta al copago

La fórmula era clara: “El Congreso de los Diputados reitera su rechazo a la introducción de fórmulas de copago (euro, tique) por parte de los usuarios del sistema nacional de salud”. Y el resultado de la votación, también: 25 votos en contra (PP y CiU) y el resto de los grupos a favor. Con ello, el asunto queda abierto a posibles acuerdos dentro de la subcomisión sobre el pacto de Estado para la Sanidad, que era lo que quería el PP.

La propuesta de Izquierda plural (IU- ICV-CHA) fue defendida por Gaspar Llamazares, quien alegó motivos éticos, sanitarios y de oportunidad. Entre los primeros, que, según él, todos los partidos se habían mostrado en contra de la medida durante la pasada campaña electoral. Y esto era así solo siendo muy rigurosos con el lenguaje, ya que CiU, que gobierna en Cataluña, ha aprobado –con el apoyo del PP- cobrar una tasa de un euro por receta. Sobre los motivos sanitarios, Llamazares insistió en que si había un abuso en el uso del sistema sanitario, donde había que incidir era en el prescriptor, no en el paciente. También señaló que en países con sistemas similares, como Portugal, la República Checa y Francia, diversos estudios recientes han demostrado que el sistema de cobrar no sirve para reducir la demanda ni para ahorrar. Por último, Llamazares adujo la cuestión de la oportunidad de una medida similar, cuando el 70% de los pensionistas –en teoría, los mayores demandantes de atención sanitaria- viven con menos de 1.000 euros al mes.

La postura de CiU y el PP fue coincidente en aparcar el asunto. En vez de pronunciarse abiertamente en contra de la posibilidad de instaurar este tipo de medidas, su portavoz, Contxita Terruella, coincidió con el del PP, Antonio Román, en que era un asunto que debería llevarse para su estudio a la subcomisión sobre el pacto de Estado para la Sanidad. De hecho, eso fue lo que ocurrió en la pasada legislatura, y lo que motivó que, tras la ausencia del PP, CiU se descolgara del documento final, ya que recogía prácticamente la misma argumentación. José Martínez Olmos, portavoz del PSOE, fue muy tajante al indicar que la medida podía ser no solo antieconómica, sino también antisanitaria. Se obliga al paciente a decidir si va al médico y paga por ello, dijo, cuando él no tiene los conocimientos para decidir. Martínez Olmos puso el ejemplo de una persona con un dolor de cabeza, que puede ser algo sin importancia o un síntoma de un infarto cerebral. También descartó que se pudiera cobrar por lo que no era la atención (por ejemplo, por la comida que dan los hospitales), ya que se trata de un gasto que el paciente no realiza porque quiere: está ingresado el tiempo que quiera el médico.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, y la de UPyD, Rosa Díez, también manifestaron su oposición a incorporar más cobros (el repago) dado que los ciudadanos ya pagan toda la prestación sanitaria con sus impuestos. Pero las cosas no están tan claras. Ya la ministra de Sandidad, Ana Mato, tuvo que reafirmar su oposición al copago después de su primera comparecencia en el Congreso, donde lo dejó abierto, y esta vez ha sucedido lo mismo. Fuentes del ministerio insisten en que no hay intención de tomar ninguna medida de este tipo esta legislatura.

Píldora poscoital y falsos mitos

La misma coalición PP y CiU derrotó la propuesta del PSOE para que se mantenga la píldora poscoital como un medicamento sin receta. Este fármaco se encuentra pendiente de unos informes encargados por el ministerio, como recordó el portavoz del PP Rubén Moreno. Llamazares y Olmos fueron contundentes al afirmar que se trataba de un producto seguro y resaltaron su papel para evitar embarazos no deseados. Llamazares enumeró los “falsos mitos” sobre el fármaco, como que es abortivo, que se usa en lugar del preservativo (en verdad, dijo, se utiliza cuando el condón falla) o que era una bomba hormonal. Pero Terruella (CiU) mantuvo que se podía utilizar de manera recurrente, y que era mejor controlarlo.

Dentro de una sesión que en menos de cuatro horas debatió ocho proposiciones no de ley, también se rechazó con los votos del PP y la abstención de CiU y UPyD que se instara a las comunidades a considerar la deuda con las oficinas de farmacia (unos 2.000 millones a cierre del año pasado, según la patronal Fefe), como un pago con la misma prioridad que las nóminas del personal sanitario, como defendía el PSOE. Olabarria llegó a proponer como solución intermedia que el plazo de pago se fijara en 160 días, aduciendo que era la media que había en el retraso del pago de las comunidades, pero esto choca con la ley de morosidad, que fija un plazo inferior.

La comisión –que, igual que el ministerio, ha incorporado asuntos sociales- también discutió una propuesta del PSOE para “mantener y cumplir el actual calendario de implantación del sistema de dependencia”, cuya última fase, la inclusión de los dependientes considerados moderados, fue congelada a finales del año pasado por el nuevo Gobierno. Rosa Aguilar, portavoz del PSOE, acusó al PP de no preocuparse por las personas ni por las familias, y dijo que se había perdido la oportunidad de crear 70.000 puestos de trabajo. Olabaria recalcó que una ley no se puede suspender mediante un decreto.La encargada de defender la postura del Ejecutivo fue Susana Camarero, que negó que se hubiera producido alguna desigualdad (como la ley se paró de golpe hay comunidades donde estaba más avanzada que en otras) y afirmó que se trataba de una suspensión de solo dos años hasta que se redefiniera la financiación.

Atención a personas transexuales

Otros puntos, como una ley para los niños en situación de pobreza o la estrategia para enfermos crónicos tuvieron menos problemas para salir adelante. La votación más complicada fue la de una proposición que presentó Joan Tardá (ERC) de atención a las personas transexuales. Tardá hizo una emotiva enumeración de los problemas a los que se enfrentan, y, vinculándolo con el día de la mujer, dijo que sin duda las mujeres transexuales eran las más discriminadas de todas, lo que levantó algún murmullo de queja entre los diputados –habría que decir diputadas, que fueron las que más protestaron- del PP.

Los 13 puntos de su propuesta fueron rechazados por el PP, con el apoyo en algunos de CiU y UPyD. Estos incluían desde hacer campañas educativas a fomentar la inserción laboral con políticas de discriminación positiva, castigar la transfobia y facilitar el cambio de documentación. También se planteaba consolidar el modelo de centros de referencia para las intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos que los afectados necesitan, pero todo fue rechazado.