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"La reforma del aborto no llevará a ninguna mujer a la cárcel"

Ruiz-Gallardón asegura que la nueva ley no calificará la interrupción del embarazo como delito

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que la nueva ley del aborto que pretende elaborar el Gobierno “no llevará a ninguna mujer a la cárcel”. La reforma —que aspira a la vuelta a un modelo de supuestos en los que las mujeres deban argumentar razones para interrumpir su embarazo— “corregirá los defectos” de la ley de plazos para intentar “garantizar los derechos de los no nacidos”. Gallardón manifestó en una entrevista a la cadena Cope que la redacción de la norma no calificará la interrupción del embarazo como delito, a pesar de que hacerlo vulnerando los supuestos marcados pueda ser objeto de reproche penal.

Con sus palabras, el ministro de Justicia pretende alejar de su reforma los fantasmas de la ley vigente en España desde 1985 y hasta julio de 2010, una despenalización parcial del aborto que lo permitía solo en tres supuestos —violación, malformaciones del feto o riesgos para la salud de la madre— y establecía penas de cárcel para aquellas mujeres y profesionales que se salieran de lo estipulado. Un argumento, sin embargo, que no tranquiliza a las organizaciones de mujeres, el PSOE, Izquierda Unida y las clínicas que practican abortos, que ven la intención del Ejecutivo como una vuelta atrás.

Luisa Torres, trabajadora social de la Clínica Dator de Madrid, cree que la propuesta de Gallardón de eliminar la ley de plazos (en la que la mujer no debe justificarse para abortar en las primeras 14 semanas de gestación) pone de nuevo bajo tutela a las mujeres. “¿Quién garantiza además que ese concepto de reproche penal que maneja el Gobierno no derive en una persecución de las mujeres, por mucho que se diga que no irán a la cárcel”, dice. Una opinión que comparte la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, que recuerda que hace cuatro años decenas de mujeres y médicos fueron investigados en Madrid por presuntos “abortos ilegales”. “La ley anterior no garantizaba protección para pacientes y profesionales y la muestra es que fueron perseguidos e inspeccionados. Eso no puede volver a repetirse”, dice.

Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), la medida también supone una vuelta atrás. “Regresar a una ley de supuestos implica no solo ningunear la decisión de la mujer sobre su gestación. También instaura la inseguridad jurídica para mujeres y profesionales”, alertan. Inseguridad, creen, que puede abrir la puerta al aborto clandestino.