El Gobierno buscará aliados para cambiar la ley del aborto

La reforma general de la ley del aborto no es una prioridad para el Gobierno. Por el momento. Para el cambio, anunciado hace unos días por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que sugiere un modelo más similar a un sistema de supuestos (como el vigente hasta 2010) en vez de la ley actual de plazos, el Partido Popular negociará con los grupos políticos. A pesar de su mayoría absoluta en las dos cámaras parlamentarias, “la intención no es hacer una reforma por las bravas, sino que en cierta manera esté consensuada”, explicó ayer un portavoz del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Contactos con los grupos, aclaró, que aún no ha iniciado.

Y es que en la agenda están por delante de esta reforma otras cosas. Como la intención de convocar a todos los consejeros sanitarios en un consejo interterritorial a mediados de febrero. Sin embargo, especificó el portavoz de Sanidad, se ha empezado ya a estudiar desde el punto de vista técnico cuál sería la mejor fórmula y cómo podría hacerse el cambio legal. “Pero el tema todavía no está maduro”, reveló la misma fuente.

Aún no se ha iniciado el sondeo a los grupos parlamentarios

El Gobierno podría encontrar apoyos para emprender la modificación de la ley en UPN, Coalición Canaria, UPyD y parte de CiU, que en el Congreso votaron en contra de la actual regulación, que fija que la mujer no tiene que dar explicaciones para poner fin a su embarazo en las 14 primeras semanas de gestación. Tras un año y medio de duras negociaciones, un Senado de mayoría conservadora aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (132 votos a favor, 126 en contra y una abstención). Norma que el PP —también el Gobierno de Navarra— tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.

La modificación que sí tiene clara el Gobierno es la que emprenderá para que se vuelva a exigir el consentimiento paterno a las menores que quieran abortar. Con la actual ley las chicas de 16 y 17 años son autónomas para tomar esa decisión y solo deben informar de ello en casa; una acción que pueden evitar, además, si alegan que contarlo les puede ocasionar un conflicto. La ley vigente da respuesta a la situación de las memnores víctimas de malos tratos, abusos en el seno de la familia, presiones del entorno o en situación de desamparo. No obstante, solo el 13% acuden solas a abortar, según la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (Acai).

El cambio para reformar el peliagudo asunto de las menores, que desencadenó un enconado debate tanto parlamentario como mediático, sí se hará pronto, afirman fuentes del Ministerio de Sanidad. El Gobierno considera que tiene, además, respaldo social para hacerlo. La Organización Médica Colegial, por ejemplo, ya se ha mostrado favorable a esta propuesta. Una opción, sin embargo, que ha disgustado a las organizaciones feministas, al PSOE y a las clínicas, que temen un retroceso para las mujeres.

Los técnicos del Ministerio de Justicia que estudian ya cómo emprender el cambio en la ley para volver al consentimiento paterno apuntan que podría hacerse mediante decreto.