'Público' presenta concurso de acreedores

Mediapubli, la empresa editora del diario Público, ha presentado esta mañana ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores (la antigua suspensión de pagos), según ha informado el propio diario, impulsado por Jaume Roures, máximo directivo de la productora Mediapro.

La compañía justifica esta medida por la "intensificación de la crisis publicitaria, la profunda transformación que está sufriendo el sector de la prensa escrita y las dificultades para acceder a nueva financiación". Añade que con la solicitud del concurso de acreedores pretende "salvaguardar de la mejor forma posible los intereses de todas las partes afectadas".

Esta solicitud también ha sido presentada conjuntamente para la empresa filial editora del periódico La Voz de Asturias y de su edición digital.

Público nació en septiembre de 2007 y en según los últimos datos publicados por la Oficina de Justificación de la Difusión, correspondientes al pasado mes de noviembre, su circulación es de 82.691 ejemplares. Desde su lanzamiento, la compañía puso en marcha varios planes para ajustar la plantilla y recortar gastos. El expediente de regulación de empleo iniciado el pasado septiembre concluyó con una treintena de bajas incentivadas y una rebaja salarial de los trabajadores.

El concurso voluntario permite mantener a los gestores y evitar los embargos preventivos

Pero "a pesar de los crecimientos logrados en audiencia y difusión por Público y Público.es desde su lanzamiento en septiembre del 2007 y la contención de las pérdidas en los últimos ejercicios, la profundidad de la crisis económica, publicitaria y estructural en la prensa escrita hace inevitable acogerse al concurso de acreedores como herramienta de reestructuración para procurar la viabilidad futura del proyecto", añade la empresa.

La petición de concurso voluntario permite a la dirección mantener la gestión de la compañía y evitar el embargo preventivo de su patrimonio. El objetivo de la medida es satisfacer a los acreedores y que la empresa continúe con su actividad. Para ello, se suspende temporalmente el pago de las deudas salvo aquellas derivadas del IRPF o las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores.

A partir del inicio del concurso, una Administración Judicial pasa a supervisar las cuentas de la empresa y al equipo directivo, que a su vez debe presentar una propuesta de acuerdo (convenio) para cumplir con sus acreedores. A la hora de pagar se establece un orden de prioridades. Los primeros de la fila son la propia Administración, los acreedores con garantías hipotecarias y los trabajadores. Basta que el 60% de los acreedores de su visto bueno para que se apruebe el convenio. En caso contrario o si el acuerdo se incumple se procede a la liquidación de la empresa.

En una carta publicada en la edición digital del periódico, su director, Jesús Maraña, asegura que "la búsqueda de préstamos financieros en los últimos meses, y hasta el mismo día de ayer, resultó infructuosa". Y añade que los problemas por los que atraviesa el diario no derivan "del cambio político surgido de las últimas citas electorales".