Dejar fuera a 30.000 dependientes solo ahorra un 0,6% del coste total

La demora en el calendario de la Ley de Dependencia anunciada para 2012 en la primera andanada de recortes afectará a unas 30.000 personas, según la tendencia de incorporaciones al sistema de dependientes moderados (grado I, nivel II) registrada en los últimos años. En total, apenas suponen el 2,3% de los beneficiarios y el coste de su atención es prácticamente insignificante respecto al total de las ayudas concedidas, un 0,6%. Las prestaciones para estas personas, las más baratas del sistema, alcanzarían unos 40 millones al año. El Gobierno concede 60 euros mensuales por cada uno de ellos y las comunidades, de forma global, suelen aportar algo más del doble de esa cifra (dependiendo de la prestación concedida).

La entrada al sistema de los dependientes leves (grado I, nivel I) también sufrirá un retraso de un año, hasta enero de 2014. En este caso habría unas 250.000 personas afectadas, pero el ahorro tampoco sería mucho porque las ayudas previstas para ellos tampoco son muy altas.

Tanto los empresarios del sector como el colectivo de afectados creen que el ahorro es insignificante y, sin embargo, la demora traerá consigo desempleo y ahogo económico, así como nuevas carencias para los dependientes. El coordinador de las plataformas para la defensa de la dependencia, Jaume E. García, considera que “el ahorro planteado con este recorte parece irrisorio”. En su opinión, “lo que en realidad se busca cuando se habla de cambiar el modelo de financiación es privatizar la ley, dejarla en manos de las empresas privadas, y eso le saldrá más caro al ciudadano”.

Una de las patronales del sector, la FED, también ha criticado los recortes: “El sector está al borde de la quiebra, ahogado por las deudas de la Administración, con miles de empleos en riesgo, y ahora, encima, plantean una demora. Tenemos centros de día y atención a domicilio, dos de las ayudas previstas para los dependientes moderados, y si los sacan del sistema durante un año será otra pérdida más”, ha criticado el presidente de la FED, Alberto Echevarría. “Lo propuesto es un ataque a las operadoras y a los usuarios, y además el ahorro es ridículo”, sostiene.

Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “el asunto es grave, tanto para los usuarios como para las empresas, que también participan en la marcha de esta ley y en la generación de empleo”. “A pesar de ello, si el recorte se quedara solo en esto, quizá durante este año se podría ir reduciendo la lista de espera. Hay más de 150.000 personas esperando cuya gravedad es mayor que la de los moderados”, explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Por otro lado, este anuncio de un año en blanco para los dependientes moderados en realidad supone dar cobertura legal a lo que ya se ha venido haciendo, puesto que en 2011 apenas han entrado nuevos beneficiarios al sistema. Solo cuatro comunidades autónomas (País Vasco, Castilla y León, La Rioja o Cantabria) han incorporado al sistema a estos beneficiarios en el ejercicio que acaba de cerrar. “Este recorte, por tanto, penaliza a aquellas regiones que lo estaban haciendo mejor y da la razón a las que se han saltado el calendario durante todo 2011”, critican en la Asociación de Gerentes.

Ni el total de afectados, ni el ahorro por esta vía parecen ser de consideración, por lo que se teme que los recortes vayan a ser más profundos en el futuro, dado que el Ejecutivo ya advirtió hace unos días de que los ajustes anunciados son solo “el inicio del inicio”. Los cambios podrían venir por la vía de la financiación. El PP ya advirtió durante la campaña electoral de que la financiación de la ley no era suficiente ni sostenible y que habría que modificarla. También lo recordaron el pasado viernes. Para el PP, un modelo adecuado es el que esbozaron en su día un grupo de expertos en un estudio encargado por el Parlamento. De corte liberal, este modelo planteaba una financiación basada en seguros privados, subidas del IVA o cotizaciones adicionales, entre otras cosas. Todo ello se planteó ya cuando se negociaba la ley y se descartó antes de ser aprobada, también con los votos del PP.

El programa electoral del PP plantea varias veces la “libre elección” de las ayudas que el ciudadano puede obtener, o, lo que es lo mismo, la Administración concede el dinero y el beneficiario elige el servicio que quiere. El modelo, ya recurrente en educación, es inequívoco: el famoso cheque-servicio. “Esto encierra la creación de un sistema dual, en el que los que más tienen pueden elegir el mejor servicio, cuyo pago complementarán con sus recursos, y los más pobres habrán de conformarse con las ayudas estatales, que acabarán siendo las que pueda proporcionar un sistema parecido a la beneficencia”, lamenta José Manuel Ramírez. “Con este modelo, que nadie se engañe, no es el ciudadano el que elige el geriátrico, sino el geriátrico el que elige a qué ciudadanos acoge, que son los que más dinero tienen, claro”.

La Asociación de Gerentes aboga por cambiar el modelo de financiación, pero no en el sentido que parece haber elegido el PP: “La financiación debe atender al coste del servicio que se presta, no a la gravedad del dependiente, porque no es lo mismo atender a un anciano que no puede valerse por sí mismo en casa que en una residencia. Los servicios profesionalizados son más caros, pero generan empleo”, afirma Ramírez. “Y para cambiar así la financiación no hay por qué tocar la ley, bastaría con modificar un decreto”.