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Menos trámites para el paciente y el médico al tramitar las bajas

Dos proyectos de Trabajo y los Gobiernos de Andalucía y Navarra reducen el coste, la duración y la burocracia de las incapacidades temporales

Reyes Rincón
Centro de salud de la localidad onubense de Hinojales.
Centro de salud de la localidad onubense de Hinojales.GARCIA CORDERO

Cuando la sanidad pública se ve asediadas por fantasmas tan amenazantes como el copago, las tasas por receta o el recorte de la cartera de servicios, dos proyectos pilotos puestos en marcha por el Ministerio de Trabajo y los departamentos de Salud de Andalucía y Navarra demuestran que hay formas muy efectivas de ahorrar dinero, además de tiempo. Para el paciente y para el médico, que según estimaciones de la Organización Médica Colegial destina el 40% de su jornada a tareas burocráticas, entre ellas, la renovación de bajas laborales.

Los proyectos parten de la misma base: eliminar los trámites administrativos vinculados a las incapacidades temporales por enfermedad. Y han conseguido resultados parecidos: rebajar la duración de las bajas y el número de consultas burocráticas que tienen que atender los médicos de familia. Su repercusión en los costes que suponen las bajas para las arcas públicas es también directa: en Andalucía se ha reducido el 11,35% y Navarra estima que si extendiera el programa a toda su territorio podría ahorrar 25 millones de euros al año.

Menos visitas para recoger recetas

M.R.S. | Madrid

Herramientas tecnológicas como la historia clínica y la receta electrónica permiten acabar con trámites burocráticos que se comen mucho tiempo de las consultas. También consiguen evitar visitas innecesarias de los pacientes que, muchas veces, deben ir a consulta solo a recoger la prescripción. Un enfermo crónico, por ejemplo, se ve obligado a acudir como mínimo 13 veces al año solo para recibir la receta con la que comprar los fármacos que toma a diario. Algo que la receta electrónica evita.

El avance de esta fórmula de prescripción, que funciona viento en popa en países como Suecia o Noruega, todavía es muy lento en España. Solo Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura y Galicia la han puesto en marcha de forma efectiva, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. A otras comunidades, como Castilla La-Mancha o Madrid, aún les queda un largo camino por recorrer. Así, su aplicación solo está disponible para el 26% de la población, según datos del ministerio.

Sin embargo, la receta electrónica se ha demostrado una herramienta efectiva. En su último informe sobre las tecnologías aplicadas a la salud, Sanidad afirmaba que estas habían logrado reducir un 30% la frecuentación ambulatoria. En Andalucía, donde la prescripción electrónica alcanza al 99,8% de la población, ha permitido reducir un 18% las consultas, según datos de la consejería de Salud. Además, desde su puesta en marcha en 2003, ha supuesto para el sistema un ahorro acumulado de 3,1 milones de euros al evitar los talonarios de recetas.

Así, el beneficio es claro. Los expertos estiman que por cada euro que se invierte en estas herramientas se recupera casi el doble. No obstante, el presupuesto para ellas apenas supone el 0,9% del presupuesto total para sanidad.

En caso de enfermedad, la normativa vigente obliga a acudir al médico cada semana para renovar el parte de baja y entregárselo a la empresa. En las enfermedades de corta duración, como una gripe, esta visita sirve para que el médico compruebe si el paciente está curado y listo para trabajar. Pero en patologías de recuperación más lenta se convierte en un engorroso trámite en el que muchas veces el médico ni ve al enfermo porque su dolencia le impide ir personalmente al centro de salud. Los proyectos de Andalucía y Navarra se basan en estandarizar los tiempos medios de curación de las enfermedades y darle al paciente los partes de baja por todo ese periodo. El enfermo se ahorra tener que ir cada semana al centro de salud y el médico, mucho trabajo administrativo.

El proyecto de Andalucía se puso en marcha en enero de 2010 en 23 centros. Se empezó con 30 patologías y luego se amplió a 70, que suponen el 7,8% de los que se diagnostican, pero el 43% del total de bajas laborales. Los médicos andaluces de atención primaria atienden cada año 8,5 millones de consultas para gestionar bajas, lo que supone el 17% del total de su trabajo. Desde que se puso en marcha el proyecto, este porcentaje se ha reducido hasta el 4%. La razón: de esos 8,5 millones de consultas, 6,5 se corresponden con partes de confirmación (las prórrogas semanales). Los otros dos millones son los partes de alta y baja.

Los 23 centros que participan en el programa han tramitado 11.200 bajas desde que éste se implantó. Con los trámites habituales, habrían necesitado 78.000 consultas solo para gestionar estas bajas. Pero el nuevo sistema les ha permitido ahorrarse el 71,43% de ellas (más de 56.000). En el último año, se ha reducido también el tiempo medio de duración de las baja en Andalucía al pasar de 45 días a 31 y, según Salud, buena parte de este descenso se debe al proyecto en cuestión (llamado IT21) y a que todos los médicos andaluces tienen ya acceso en su ordenador a los tiempos medios de curación establecidos para cada enfermedad.

Carmen Cotorruelo, médico de atención primaria en el centro de salud Puerta de Tierra de Cádiz, uno de los que aplica este sistema, asegura que la nueva forma de trabajo le ahorra “mucho, mucho” trámite. “En patologías de larga duración, que el paciente venga semanalmente es una pérdida de tiempo para todos”, asegura. Ahora valora al enfermo en la primera consulta, le da por adelantado los partes semanales (para que los entregue en la empresa) y lo cita para al cabo de tres, cuatro, cinco o las semanas que considere que requiere su recuperación. Cotorruelo asegura que, al contrario de lo que algunos pudieran pensar, “bastantes” ciudadanos acuden antes de tiempo a consulta porque ya se sienten recuperados. Y al contrario: “Los médicos conocemos a nuestros pacientes y si detectamos que alguno es lo que llamamos un profesional de las bajas, lo citamos para antes de lo que marca ese tiempo medio”, apunta.

La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, que presentó ayer los resultados del proyecto, señaló que su intención es extender la herramienta a todos los centros de la comunidad, pero necesita el visto bueno del Ministerio de Trabajo y que se modifique el real decreto 575/1997, que regula algunos aspectos básicos de las incapacidades temporales. La norma vigente obliga al trabajador de baja a presentar en su empresa un parte semanal, por lo que mientras no se cambie, no se puede generalizar la nueva forma de trabajo. Montero avanzó ayer que va a pedir al Gobierno que modifique el decreto.

Navarra ha obtenido del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una autorización especial para poder eliminar estos partes de confirmación en los centros en los que han puesto en marcha su proyecto. Empezaron en mayo de 2010 en cinco centros de salud (que atienden al 10% de la población) y en enero van a extenderlo a otros 13, según explica la directora general de Salud, Cristina Ibarrola. Esta autorización les permite que en vez de dar por adelantado los partes semanales como hace Andalucía, las empresas acepta un parte único.

En el caso navarro, además, el proyecto se ha hecho en todas las enfermedades. Para aquellas que tienen una duración media menor de 10 días, en una sola visita se da el parte de alta y el de baja. Para los que necesitan más tiempo de curación, se hace un solo parte, pero se cita al paciente más o menos a la mitad del proceso para revisarle. “Los resultados son muy buenos”, asegura Ibarrola, que afirma que la duración media de las bajas en los cinco centros donde ya funciona este sistema se ha reducido en un 10%. Las conversaciones entre el Gobierno navarro y el INSS apuntan, según la directora de Salud, a que si se confirman los resultados positivos, la intención es cambiar el real decreto para extender este sistema al resto de comunidades.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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