Las nucleares deberán invertir 500 millones en cinco años para cumplir los requisitos pos-Fukushima

Las centrales nucleares españolas ya han recibido los deberes que deben cumplir para intentar responder a un accidente del tipo de Fukushima, el mayor en 25 años y que ha sacudido la industria mundial. Todas deben construir nuevos edificios que sirvan de refugio a los trabajadores si hay un accidente grave y desde los que se pueda trabajar; tienen que tener un centro de control en Madrid con personal y equipos las 24 horas del día para apoyar a cualquier planta en caso de siniestro y deben instalar sistemas que quemen el hidrógeno en caso de venteo al exterior para evitar explosiones como las que se dieron en Japón. Así lo establece el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en los resultados de las pruebas de resistencia publicados hoy. Aunque el CSN no da estimaciones de costes, el sector atómico calcula que eso le costará unos 500 millones de euros para las seis centrales y los dos almacenes atómicos, que tendrán hasta 2016 para implantar la mayor parte de las medidas.

El CSN explica que “no se ha identificado ningún aspecto que suponga una deficiencia relevante en la seguridad de las instalaciones”. Aun así, tras realizar el ejercicio teórico de que un terremoto, una inundación o la pérdida de energía eléctrica llevara a la fusión total o parcial del núcleo, el organismo ha concluido las mejoras a realizar. “No se ha identificado ningún aspecto (…) que pudiera requerir medidas urgentes”, ha explicado la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, en alusión a que ninguna planta deberá cerrar como resultado de las pruebas de resistencia.

CSN asegura que “no se ha identificado ningún aspecto que suponga una deficiencia relevante en la seguridad

Isabel Mellado, directora de Seguridad Nuclear del CSN, ha señalado que han simulado cómo resistirían las centrales un terremoto de una aceleración de hasta 0,3 g (cada g es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado). Eso supera entre dos y tres veces la magnitud para la que estaban diseñadas las centrales, pero se queda por debajo de lo medido en el terremoto de Lorca (que tuvo una aceleración pico de 0,36, según el Instituto Geográfico Nacional). Mellado ha señalado que ninguna nuclear está en zona sísmica ni tiene fallas activas debajo, como fue el caso de Lorca.

Además, han considerado qué ocurriría si se rompieran las presas que hay aguas arriba de las centrales. La posibilidad de tsunami está descartada, ya que la única nuclear junto al mar es Vandellòs II y está a 20 metros de altura.

El resultado es que las centrales deberán instalar sistemas para alargar el funcionamiento autónomo (sin alimentación eléctrica) hasta las 72 horas (frente a 24 actualmente). Para ello, deberán colocar baterías y otro tipo de equipos móviles. Estas son las medidas a corto plazo, que las nucleares tienen que poner en marcha en un año.

Para los siguientes cuatro años, hasta 2016, el CSN ha establecido una serie de medidas a medio y largo plazo. Algunas de estas solo pueden realizarse con la central en parada por recarga. Entre ellas está la construcción de “centros alternativos de gestión de emergencias”. Se trata de un nuevo edificio en cada planta con atmósfera controlada que permita trabajar incluso en entornos de alta radiactividad.

La incógnita es cómo pueden afectar estas condiciones a Garoña

El director de Protección Radiológica del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha explicado que este edificio “debe ser habitable incluso en condiciones de accidente severo” y que debe servir para gestionar el accidente y como “refugio de los trabajadores”. Esta nueva construcción debe estar en el emplazamiento de la central aunque no demasiado cerca del reactor para no salir dañado en caso de explosión.

Otra obra de envergadura es la instalación de “quemadores de hidrógeno independientes de la instalación eléctrica”. Cuando Fukushima se quedó sin refrigeración, los operarios se vieron obligados a ventear hidrógeno al exterior para reducir la presión en la vasija. Sin embargo, ese hidrógeno se acumuló en el edificio de la contención y al explotar (algo que ocurre en contacto con el oxígeno) destrozó la nuclear y dificultó enormemente los trabajos. El sistema que deben implantar las nucleares evita que el hidrógeno se acumule porque lo quema de forma controlada antes de salir al exterior.

Por último, la empresa Tecnatom (participada por todas las eléctricas) construirá un centro en el norte de Madrid con personal y equipos de emergencia que deben estar dispuestos las 24 horas para llegar en apoyo de una nuclear en caso de accidente en menos de 24 horas. Esta fue una propuesta de las propias eléctricas que el CSN ha visto con buenos ojos. Ellas mismas gestionarán este centro.

La incógnita es cómo pueden afectar estas condiciones a la nuclear de Garoña. La central (gemela del primer reactor de Fukushima) tiene permiso para operar hasta julio de 2013. El PP anunció en 2009 que si ganaba la mantendría abierta hasta 2019, cuando tendrá 48 años, ocho más de los previstos inicialmente. Sin embargo eso requeriría otras obras. En 2009, el CSN avaló que Garoña funcionara hasta 2019 pero a cambio de unas costosas inversiones. Finalmente el Gobierno de Zapatero pidió al Consejo las condiciones que debería cumplir para funcionar solo cuatro años más y el CSN rebajó los requisitos. Si ahora volviera hasta 2019, el CSN debería volver a incluir nuevas obras, aparte de las impuestas por las pruebas de resistencia.

El CSN tiene pendiente recibir la respuesta de las nucleares a cómo responderían al impacto de un avión o a un ataque terrorista

El ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró el miércoles en 59 segundos que se remitía a lo dicho por el PP en campaña. Entonces, Miguel Arias Cañete, afirmó que el cierre de Garoña era "revisable". Arias Cañete es hoy ministro de Agricultura y su hermano Alfonso es director de la división nuclear de Endesa, copropietaria de Garoña.

Hasta ahora, las eléctricas (Garoña es propiedad de Endesa e Iberdrola al 50%) no han reparado en gastos para mantener la central abierta más allá de los 40 años, porque abre la puerta al resto. Como ha declarado Isabel Mellado, “si la central cierra no tiene sentido” muchas de las obras ahora impuestas. Las nucleares producen un 18% de la electricidad que consume España. Con el sistema de fijación de precios, cobran la producción al mismo precio que centrales de gas recién construidas. Así, plantas como Garoña, con más de 40 años de vida, son extremadamente rentables, según buena parte del sector, que pide que se rebaje la retribución a Garoña si finalmente sigue abierta.

El CSN tiene pendiente recibir la respuesta de las nucleares a cómo responderían al impacto de un avión o a un ataque terrorista (hay de plazo hasta final de año), aunque esos resultados no se harán públicos. Martínez Ten ha destacado que con esta petición España va más allá de lo que pidió la UE. El proceso no está culminado del todo, ya que ahora empieza una revisión en todos los países europeos para comprobar que la revisión ha sido homogénea.

El Foro Nuclear, que agrupa a la industria, ha destacado que el resultado "confirma que las centrales están sólidamente preparadas para hacer frente a los sucesos postulados en sus bases de diseño".

Greenpeace ha criticado que el CSN ignore el mandato del Congreso que le pedía comprobar si las centrales resistirían el choque de un avión. "Garoña no soportaría el impacto de un avión por pequeño que fuera. Si supera las pruebas de resistencia demostrará que son un fraude",  ha afirmado en una nota Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.