Francia se rebela contra las trabas laborales al estudiante extranjero

En plena crisis económica y con la vista puesta en las presidenciales de la próxima primavera, Francia se ha propuesto reducir en un 10% su inmigración legal. Para ello, el ministro del Interior, Claude Guéant, no ha dudado en tocar el tabú de los estudiantes extracomunitarios, que hasta ahora se beneficiaban de cierta permisividad en materia de empleo. En una polémica circular del 31 de mayo llama a endurecer las condiciones de obtención del cambio de estatuto de estudiante a trabajador, algo que ha puesto en pie de guerra al mundo universitario. El Gobierno se ha visto obligado a matizar su postura, pero no convence a sus detractores. Este jueves el colectivo estudiantil del 31 de mayo se volvió a manifestar pidiendo la retirada del controvertido texto.

Se estima que son cientos los recién diplomados extracomunitarios afectados por las nuevas restricciones. Cada año, unos 6.000 solicitan el cambio de estatuto de estudiante a trabajador. La Conferencia de Presidentes de las Universidades ha remitido al Gobierno más de 500 casos denegados que cree ilegítimos. El ministro de Educación, Laurent Wauquiez, que ha reconocido que la circular ha sido mal interpretada por las Administraciones y provocado algunos errores en su aplicación, aseguraba la semana pasada que habían sido revisados la mitad con solución favorable. El resto debería ser tratado antes de finales de año.

El origen de la polémica es la circular firmada por Guéant, y el ministro de trabajo, Xavier Bertrand, que llama a reforzar los controles en las tramitaciones de los visados laborales y cita explícitamente el caso de los estudiantes. Los primeros efectos del endurecimiento se han hecho notar a partir del verano, según las asociaciones, y la protesta se ha organizado con el inicio del curso académico. Cientos de manifestantes salieron así a la calle el pasado 12 de noviembre y cada jueves el núcleo duro repite la operación. La movilización ha llegado hasta los directores de las grandes universidades, que a través de la Conferencia de Presidentes manifestaron en un comunicado su preocupación por la situación. El primer ministro, François Fillon, remitió un correo privado a la misma institución, asegurando que de ninguna forma el Gobierno cuestionaba el acceso laboral de los estudiantes extranjeros.

El caso de Nabil Sebti, marroquí de 25 años, residente en Francia desde hace 10 años, ilustra el alcance de la polémica y del malestar en el seno del Gobierno por la dimensión que ha alcanzado. Diplomado por la prestigiosa Haute École de Commerce (HEC), Sebti había montado dos pequeñas empresas. Cuando fue a pedir este verano el cambio de estatuto no le dejaron ni entregar la demanda. A finales de septiembre creó el colectivo del 31 de mayo y desde entonces ha sido el rostro visible de la protesta, omnipresente en los medios de comunicación. El jueves recibió una llamada de la Administración, dispuesta, esta vez sí, a examinar su caso. "Gracias pero el domingo me vuelvo a Marruecos, ya lo tengo decidido", respondió desde la entrada de la Universidad de Sorbonne 3, donde se encontraba manifestándose. "He salido en todas las televisiones y ahora me convocan", explicó. "No lo rechazo por bondad o sacrificio, pero no estoy de acuerdo con esta política del caso por caso, hay que encontrar una solución general, son miles los afectados".

Los expertos del gabinete Conseil Migration advierten de que la circular en sí no cambia las condiciones legales, pero sí la interpretación. "Una cosa es el texto y otra lo que se lee entre líneas, es decir, las consignas", explica su director, Alexandre George. "El principio de condicionar el visado de trabajo a la mano de obra disponible, se aplica desde hace tiempo, pero existía una generosidad en su aplicación en los casos de los estudiantes con formaciones superiores". En el centro del problema está una legislación compleja sometida a interpretación. De forma general, la obtención de un visado de trabajo para los no europeos depende de si existe mano de obra suficiente entre los trabajadores en busca de empleo ya instalados en el país, sean franceses o extranjeros, y de la adecuación del puesto a las competencias del trabajador.

Desde 2006, en línea con una voluntad de favorecer la inmigración más competente y el atractivo de las universidades, los estudiantes con formación superior al máster 2 pueden optar a autorizaciones provisionales de estancia (APS), de seis meses, a la espera de lograr un empleo. Este dispositivo no está sometido a la situación del empleo y permite así poder llevar a cabo, una vez lograda una promesa de contrato laboral, un cambio de estatuto de estudiante a trabajador sin las trabas habitualmente impuestas a los extracomunitarios. Pero en la práctica, muchos estudiantes recurren al cambio de estatuto -un procedimiento donde sí se aplica el acceso condicionado a la mano de obra disponible- porque las condiciones de la APS la hacen prácticamente inaplicable: la inscripción debe hacerse cuatro meses antes de que expire el visado estudiantil, que, siguiendo el ciclo académico, suele vencer en septiembre-octubre. Pero entre los documentos requeridos se reclama el diploma, algo que en el mes de junio aún no tiene el estudiante.