Entidades ecologistas denuncian al parlamento catalán que la captura de pájaros prevista por la Generalitat es ilegal

Una docena de entidades ecologistas han advertido en una carta remitida a los 135 diputados del Parlamento catalán que la autorización para cazar pájaros fringílidos, que prevé aprobar en la comunidad catalana el Departamento de Agricultura y Medio Natural, contraviene la legislación europea y española. El texto enviado contiene informes oficiales emitidos en 2010 de los técnicos de caza de la Generalitat y de la Secretaria General del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que rechazan que las administraciones autoricen la captura de aves fringílidas para enjaular. También se incluyen dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que ratifican la ilegalidad de este tipo de autorizaciones.

El pasado 21 de noviembre la Generalitat publicó en el DOGC el Decreto Ley por el que la Generalitat pretende modificar la ley de protección de los animales para establecer un régimen de captura en vivo y de posesión de pájaros fringílidos. Se trata del pinzón, el verderón, el jilguero y el pardillo, especies muy apreciadas por su capacidad cantora y que pueden venderse a unos 2.000 euros el ejemplar. La Generalitat tenía previsto descatalogar las aves cantoras como especies protegidas y eliminar esta protección legal a través de la denominada ley ómnibus. Ante el retraso de la tramitación parlamentaria de esta norma, sin embargo, la Generalitat optó por recurrir a un decreto ley y acelerar el proceso. "Este decreto ley no ha dado opción a la participación pública, con el fin de evitar posibles alegaciones o recursos en los tribunales por parte de las ONG, ya que son normas contrarias al medio ambiente", han denunciado las entidades ecologistas.

El decreto ley regula la captura de las especies afectadas poniendo fechas y número máximo de ejemplares por cazador bajo supuestos concretos. Admite la captura con redes abatibles; prohíbe el uso de pegamentos por tratarse de un método de caza no selectivo y permite las capturas de hembras de todos estos pájaros para propiciar en el futuro la cría en cautividad.

"Es ilegal", advierten las entidades ecologistas. En 2008, cuando la Generalitat estaba dirigida por el tripartito, el Gobierno catalán realizó una consulta sobre el asunto a la Comisión Europea. La Comisión descartó la posibilidad de autorizar la captura de más aves silvestres dado que estas podían obtenerse ya provenientes de la cría en cautividad.