Los trabajadores sociales se ofrecen para mediar en los desahucios

Los trabajadores sociales proponen al Gobierno que modifique "ligeramente" un par de leyes, la ley concursal y la hipotecaria, de tal forma que permitan a los jueces paralizar los embargos hipotecarios para que las familias afectadas puedan seguir viviendo en sus casas mientras los servicios sociales reflotan su situación económica. "Se trata de familias que no están en riesgo de exclusión, pero que pueden estarlo si se les echa a la calle de un día para otro. Los servicios sociales siempre han desempeñado tareas de mediación familiar de tal forma que podríamos ayudarles a remontar su situación para que puedan seguir pagando la hipoteca", ha dicho hoy Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La red de servicios sociales públicos, con un trabajador social en cada pueblo es extensa y no necesitaría "más que reforzarse un poco" para atender estas situaciones de quiebra sobrevenida. Además el Parlamento ya aprobó estudiar la figura de un mediador para estas familias, solo que la legislatura concluyó. "La mediación entre las familias y los acreedores no requeriría ingresos adicionales, pero sí una buena redistribución de los que se tienen. Durante el periodo de mediación los recursos sociales para esas familias serían prioritarios", ha explicado Barriga.

Los trabajadores sociales pueden determinar cuándo se trata de deudores de buena fe, pero necesitan "tiempo para ello", por eso insisten en que los jueces tendrían que suspender el embargo mientras elaboran sus informes y ponen en marcha sus planes. "Esta cuestión debería ser prioritaria en el nuevo Parlamento que se forme tras las elecciones", ha dicho.

Cuando se trata de una empresa que entra en quiebra, en ocasiones no se permite embargar la fuerza productiva, la maquinaria, por ejemplo, para que sigan trabajando y ganando dinero y tiempo para pagar a los acreedores. "Con la vivienda no ocurre eso porque se trata de un derecho, y paradójicamente, por ser un derecho, pueden embargárselo".

La Asociación de Directoras y Gerentes, que hoy está reunida en Madrid, recordó que hay más de 94.000 ejecuciones hipotecarias. "Esto podría acabar afectando a un millón de familias", dijo Ana Lima, presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales.

La asociación ha pedido, además un pacto para no dejar desatendidos a las personas más vulnerables en tiempos de crisis. "O se reforma la Constitución o se establece un pacto, no puede ser que la renta básica, que perciben los que se han quedado sin nada tenga 17 modelos en España", ha explicado Gustavo García Herrero. También han solicitado un cambio en el modelo de financiación de la Ley de Dependencia para que sea el coste del servicio que se presta lo que determine la cantidad que paga el Gobierno, y no la gravedad de la persona dependiente. "No hay que modificar la ley, solo un decreto", han explicado.

Por último, han recordado "las enorme cantera de empleo no deslocalizado que suponen los servicios sociales". "Por cada millón de euros invertidos se generan 30 puestos de trabajo, cuando la media en otros sectores es de 17. Invertir en política sociales es rentable", ha recordado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Ana Lima ha dado a conocer también el manifiesto de la recién constituida Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en el que se pide que se "garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado".