Sanidad financia anticonceptivos intradérmicos
El dispositivo, de cuatro centímetros, es efectivo durante tres años.- El ginecólogo debe recetarlo y la receta tiene que pasar por inspección
El Ministerio de Sanidad tomó la decisión en abril, pero hasta ahora no ha llegado al mercado: se trata de un dispositivo anticonceptivo intradérmico que se coloca en el brazo de la mujer y es efectivo durante tres años. El departamento que dirige Leire Pajín tomó la medida como parte de las consecuencias de la ley de salud reproductiva (la llamada ley del aborto), en la que se comprometía a financiar los métodos anticonceptivos más modernos y seguros. Aunque ya había uno de estos dispositivos en el mercado, el laboratorio que lo comercializa, MSD, aprovechó para pedir la financiación pública de una versión mejorada, que es la que ahora se pone a la venta. El tratamiento cuesta 148,36 euros, de los que la usuaria abona el 40% (59,45 euros). Eso sí, el producto debe ser recetado por el especialista, y la prescripción tiene que ser validada (un proceso que se conoce como visado) por la inspección médica.
Según ha explicado esta mañana Iñaki Lete Lasa, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria (Álava), este método anticonceptivo tiene varias ventajas. Como su uso no depende de los usuarios -funciona sí o sí una vez que se implanta- es de los más seguros que hay. Además, por su composición -solo tiene un gestágeno y no estrógenos, una combinación que es la que está presente por ejemplo las píldoras anticonceptivas- está indicado para fumadoras mayores de 35 años, que con las pastillas tienen riesgo de infarto.
La otra gran novedad del Implanon NXT, nombre de esta última versión, tiene casi más que ver con "la ingeniería", ha dicho el médico. La varilla de plástico de cuatro centímetros que libera la hormona se implanta con un dispositivo de un solo uso que asegura que la introducción sea muy superficial. Esto facilita que se pueda retirar fácilmente, bien a los tres años cuando haya pasado su efecto, o antes si la mujer decide que quiere quedarse embarazada. Lo normal es que el implante, que se coloca en la cara interna del brazo de menos uso por parte de la mujer (el izquierdo si es diestra y viceversa), pueda localizarse casi a simple vista o al tacto. Por si acaso, se le ha añadido un compuesto (sulfato de bario) que hace que se pueda detectar mediante una radiografía. Esto puede ser útil si, a pesar del nuevo mecanismo de administración, la varilla queda muy profunda (aunque el médico afirma que se podría dejar sin peligro). Por si acaso, el laboratorio empezó en julio a dar cursillos de formación a los médicos.
La inserción es muy sencilla -"lleva segundos", afirma el médico- y se hace con anestesia local. "La mujer lo que siente es un pinchazo como el de un análisis". Para la extracción hay que dormir la zona y hacer una incisión de unos dos milímetros con un bisturí.
El inconveniente, común a estos métodos anticonceptivos hormonales, es que puede producir irregularidades en el sangrado (una falsa menstruación ya que no hay ovulación). Aproximadamente un 30% de las mujeres mantendrá el ritmo natural (uno cada 28 días). Del resto, el 25% tendrá amenorrea (retirada de la regla), y, las demás, podrán tener hemorragias dos o más veces al mes. "No se puede predecir cómo va a reaccionar cada mujer. Lo que sí sabemos es que lo que ocurra durante los tres primeros meses será la pauta durante el resto", ha dicho Lasa. Al poco de retirarse la mujer recupera la capacidad de quedarse embarazada.
El ginecólogo afirma que el sistema antiguo ha tenido bastante aceptación fuera (medio millón de usuarias en Francia), pero que hasta ahora no la ha tenido en España. Entre las causas apunta "el temor de los médicos a manejarlo" y "el miedo a quedarse sin regla". Curiosamente, no cree que el tema del precio haya sido determinante. "Aun sin financiar, su precio es de unos 50 euros al año, menos que la píldora", afirma.
La portavoz del laboratorio ha dicho que no tienen previsiones de cuánto puede aumentar su uso después de que el producto se haya incorporado al sistema de financiación pública.
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